La Plataforma de Inmigrantes de Madrid (PIM) ha denunciado mediante nota de prensa que el Ministerio de Justicia está elaborando un anteproyecto de ley de Reforma Integral de los Registros que modifica las condiciones en las que los extranjeros legales obtendrán y perderán la nacionalidad española.
Para esta Plataforma lo más grave es la modificación del artículo 25 que incluye nuevas vías para perder la nacionalidad “con total discrecionalidad” del ministerio de Justicia que encabeza Alberto Ruiz Gallardón “y sin que exista un proceso legal con sentencia firme”. Para los inmigrantes este es un nuevo intento de coartar los derechos de las personas extranjeras aunque afirman que, pese a ello, Rajoy y Gallardón deben tener claro que seguirán denunciando sus atropellos en cada espacio social donde estén presenten
Según las filtraciones a prensa del borrador que prepara el Ministerio, esta modificación incluye que por razones imperativas de orden público o de seguridad o interés nacional se podrá perder la nacionalidad española. “Con esto se pretende atemorizar a los nacionalizados para que no participen en política o en los movimientos sociales” garantiza la Plataforma en su nota de prensa. Además, manifiestan que “se quiere crear una segunda categoría legal de españoles, los con plenos derechos civiles y aquellos que estarán limitados a ejercerlo porque corren el riesgo de que el gobierno de turno lo vea mal y le retire la nacionalidad de manera discrecional”.
La PIM también denuncia que el documento de trabajo pretende institucionalizar un examen oficial que acredite un grado suficiente del castellano y de integración a la sociedad española. “Aquí encontramos la primera falacia, ya que como es sabido, para obtener el permiso inicial de trabajo y residencia esos dos requisitos ya están siendo exigidos a la personas inmigrantes que aplican por arraigo social. Luego para poder aplicar a la nacionalidad aquellas personas de origen eslavo, africano o asiático deben vivir legalmente es España un mínimo de 10 años. Tiempo más que suficiente para tener un dominio del idioma” asegura la Plataforma en su nota de prensa.
Para la PIM esto es un intento de hacer caja a costa de los extranjeros ya que el texto beneficia a los notarios al facultarles a realizar el requisito de juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las Leyes que a día de hoy realizan los funcionarios del Registro Civil y cuyas tasas no se cancelan. Además, los documentos y pruebas aportados por el solicitante a la nacionalidad se incorporarán a un acta notarial en la que se hará constar, además, que se ha superado el examen de “nacionalidad”.
