Las políticas privatizadoras de los últimos años en la Comunidad de Madrid traerán como consecuencia la venta de todas las viviendas sociales y la desaparición del IVIMA.
Tanto el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) como la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid, entes ambos creados con dinero público para favorecer el derecho a la vivienda de las personas con escasos recursos, están desahuciando diariamente a familias enteras, dejándoles en la calle sin darles ninguna solución ni alternativa habitacional alguna. Y lo hacen con fuertes despliegues policiales.
Hace unos años, el IVIMA se anunciaba como el mayor promotor público de viviendas de España, facilitando el acceso a vivienda a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid. Sus funciones eran el fomento de la construcción de Viviendas de Protección para que los colectivos con mayores riesgos de exclusión social, como los jóvenes o las personas con una renta económica especialmente baja puedan acceder a dicha vivienda.
Esto era antes. Las han cambiado radicalmente. El pasado mes de agosto, el IVIMA sacó a la venta 2.935 viviendas sin informar a los adjudicatarios, sin darles posibilidad de tanteo y retracto, sin explicar lo que la venta implica… (en resumen, ocultando toda la información a quienes viven en estas viviendas).
Según el pliego de condiciones venden 32 promociones, dispersas en la CAM: Madrid (1.380), Móstoles (259),Torrejón de Ardoz (224), Tielmes (21), Parla (240), Collado Villalba (44), Majadahonda (332), Navalcarnero (192), Leganés (36), Valdemoro (80) y Arroyomolinos (127), de Plan Joven en alquiler con opción a compra y viviendas de alquiler.
¿Y quién compra? AZORA el capital español del Goldman Sachs. Esta empresa según información de su página web presume de unas inversiones de “Riesgo limitado, rigor en la ejecución, rentabilidad superior”.
Y analiza su selección de estrategias como: Oportunidades únicas, nichos sin explotar; y perfil de bajo riesgo con alta generación de caja.
El gobierno de la Comunidad de Madrid defiende esta venta como una inversión para la propia Comunidad pues los 201 millones de euros de compra se destinarán a políticas sociales, además de los 170 puestos de trabajo directos e indirectos que generará la venta.
La contradicción en el argumento de la Comunidad de Madrid es evidente. En primer lugar, no hablan de los puestos de trabajo que destruyen, puestos de trabajo de calidad de los trabajadores y trabajadoras que llevaban la gestión de todas estas viviendas y que se quedarán en la calle pues esto es el principio; el objetivo final será la desaparición del IVIMA. Y, en segundo lugar, basar políticas sociales en la venta de viviendas sociales no tiene ningún sentido ya que además sabemos que es una argumentación falaz para justificar su política privatizadora cuya consecuencia a corto plazo es dejar a 2.935 familias en la calle.
Estamos hablando de familias sin recursos económicos, víctimas de violencia de género, personas con minusvalías severas y jóvenes con recursos limitados, que lucharon durante años por su derecho a una vivienda digna.
Después de mucho esfuerzo, en el año 2007 les toca la lotería cuando les conceden un piso, en algunos casos para jóvenes con opción a compra y en otros a familias de especial necesidad.
El precio de alquiler oscila entre 200 a 400 euros para aquellas familias que disponen de medios económicos, pero como se trata de viviendas sociales existe la posibilidad de solicitar una subvención sobre el importe de alquiler.
Para muchas familias ésta es la única alternativa de seguir teniendo derecho a una vivienda digna, como dice el artículo 47 de la Constitución española. Aquellas personas que puedan demostrar que no pueden pagar el importe del alquiler se les concede una subvención durante 2 años y se va prorrogando mientras persista el problema.
Así familias que sin esta política de viviendas sociales estarían viviendo en la calle, pudieron optar a tener su hogar por poco más de 50 euros al mes. Ahora, el futuro que les aguarda es incierto. Pasarán de ser adjudicatarios de una vivienda social a ser inquilinos de un grupo empresarial cuyo objetivo es “explotar un bajo riesgo con alto nivel de caja”, son sus palabras.
Se trata una vez más de una medida privatizadora que permitirá a estas empresas realizar una lucrativa inversión renegociando los contratos de alquiler con los arrendatarios y, por supuesto, eliminando las subvenciones que hacían posible a muchas familias poder pagar el alquiler. En una de las reuniones de los vecinos con un responsable de AZORA, les indicó que ellos no eran una ONG.
Una vez más la parte más vulnerable de la clase trabajadora, personas en grave riesgo de exclusión social, se empobrecerá más y aumentará la desigualdad social hasta límites dramáticos.
Movimiento popular organizado
En Leganés se encuentra la finca más pequeña de las que pusieron a la venta, con 36 vecinos. El mismo día que se enteraron de esta expoliación, los vecinos y vecinas pusieron todos los engranajes a trabajar. A los dos días tenían una reunión con todo el tejido asociativo y político de Leganés, y dos días después comenzaron los encierros tanto en IVIMA como en las oficinas de AZORA.
Todo esto no hubiera sido posible sin el surgimiento de un movimiento popular organizado en torno a la lucha por la vivienda, que en un principio ha aglutinado a los afectados por las hipotecas fundamentalmente en torno a la PAH, y ahora está permitiendo articular luchas para la defensa de la vivienda social.
La organización popular por la vivienda es un movimiento social vivo, que está incorporando a la lucha a numerosas personas no politizadas previamente, y que está provocando el encuentro desde el activismo, de numerosas organizaciones sociales y políticas sin el riesgo de fracturación que provoca la unión en torno a partidos, ideologías o banderas.
Está contribuyendo a hacer visible a una parte importante de la población que el verdadero poder reside en la oligarquía bancaria y la falta de democracia del sistema que dicta un ordenamiento jurídico a favor de esta minoría privilegiada y en contra de la mayoría social trabajadora.
Un movimiento social que está siendo capaz de resistir y avanzar en la conquista de derechos gracias a la articulación de poder popular suficiente como para romper el marco establecido parando desahucios, obligando a las entidades financieras a firmar alquileres sociales o a condonar deudas, y ahora nuestro siguiente paso, ilegalizar la venta de viviendas sociales.
La convocatoria de manifestación en Madrid del 9 de noviembre convocada por la PAH Madrid y la FRAVM muestra la necesidad de empoderarnos del poder popular.
Otro dramático ejemplo de lo que está sucediendo fue el de Amparo, la vecina de Carabanchel que se quitó la vida cuando recibió la orden de desalojo de su vivienda social en el que se encargaba de cuidar a un marido enfermo y a sus hijos.
Este sistema capitalista en crisis en su afán por recuperar las ganancias, es capaz de provocar dolor y sufrimiento hasta la muerte.
Las políticas privatizadoras realizadas de forma planificada y sistemática por el capitalismo financiero, nos hace pensar que se hace imprescindible fortalecer estos espacios de lucha para evitar que gigantes como Goldman Sachs echen a las personas de sus viviendas sociales.
Tenemos claro que el no poder parar esta atrocidad, tendrá como consecuencia varios miles de familias en la calle, pues esto solo es el principio. Las políticas privatizadoras de los últimos años en la Comunidad de Madrid traerán como consecuencia la venta de todas las viviendas sociales y la desaparición del IVIMA.
Por eso continuaremos batallando. Porque la lucha por la vivienda es la lucha por el cumplimiento de los derechos humanos, la defensa de una vida que merezca la pena ser vivida. Porque todas y todos somos Amparo. Sí SE PUEDE!!!!
