El último fin de semana de octubre se realizaron en Argentina las peculiares elecciones legislativas que tiene este país. Peculiares porque la Cámara de Diputados no se renueva totalmente como se acostumbra en casi todas partes, incluida España, sino que lo hace por mitades. Como consecuencia, se necesita el doble de votos para entrar en el Parlamento.
Como suele suceder luego de unas elecciones, en Argentina todos los participantes se dan por contentos, y se declaran más o menos triunfantes. Lo cierto y verdad es que la derecha, con el apoyo inconmensurable de los grandes grupos mediáticos, ha triunfado en los dos principales campos de batalla electorales: Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, cuyo principal candidato, Sergio Massa, fue rápidamente felicitado por el venezolano Capriles, uno de los estandartes del imperialismo en América Latina y el Caribe.
También es cierto que todos auguraban una casi debacle del oficialismo, y el gobernante Frente para la Victoria (FPV), pero sus aliados pasaron de 135 diputados nacionales a 132, con lo cual se mantiene la estabilidad política para los dos años que faltan del mandato presidencial de Cristina Fernández.
Dentro de las características de la política argentina de los últimos tiempos se destacan varios factores.
Continúa la falta de una o varias figuras de peso, individuales o colectivas, que acompañen y puedan reemplazar a la presidenta Cristina. Tema preocupante pensando en las presidenciales del 2015, ya que por ley Cristina no puede volver a presentarse y el kirchnerismo y sus aliados aún no han logrado fraguar la unidad con la claridad necesaria para enfrentar a una derecha que si bien continúa dividida en personalismos tiene muy claro sus objetivos: desmontar rápidamente lo caminado en el sentido social y retomar políticas neoliberales.
Considerando que la cacareada debacle electoral del Frente Para la Victoria no se produjo y que fue una derrota suave del oficialismo, hay base social, tiempo y absoluta necesidad, según el Partido Comunista Argentino, de “relanzar los esfuerzos unitarios que se intentan para construir y afianzar poder popular. (…) Esto exige profundizar en la necesidad de construir una fuerza política de nuevo tipo, frentista, plural, respetuosa de las tradiciones políticas que la integran, amplia en su conformación y profunda en sus definiciones programáticas que impulse y sostenga una acción del gobierno para llevar adelante los cambios estructurales que a esta altura son imprescindibles” (Editorial del Semanario Nuestra Propuesta del 31 de octubre de 2013).
En ese sentido, los comunistas argentinos destacan la necesidad de profundizar las políticas de integración latinoamericana, de redistribución social de la riqueza, de recuperación de los recursos naturales y áreas estratégicas de la economía como el sistema de transporte ferroviario.
Ley de Medios Audiovisuales, Grupos Comunicacionales y Democracia
Cabe destacar que la derecha oligárquica hasta ahora ha sabido ganarse a los sectores medios de la sociedad urbana argentina, cabalgando en los errores del gobierno central y apoyada por la propaganda continua y de choque de los grandes medios de comunicación, encabezada por el Grupo Clarín.
Esos grupos mediáticos lograron instalar en el subconsciente colectivo la idea de ser casi omnipotentes, al bloquear durante cuatro años una de las leyes más democráticas en su génesis y en sus objetivos, como la Ley de Medios Audiovisuales argentina.
Como sucede a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe, los grupos empresariales mediáticos argentinos no son informadores sino formadores de opinión. Manipulan su propio pasado escondiendo los negociados que hicieron al amparo de las dictaduras militares, ocultando el sostenimiento que brindaron a esos genocidas gobiernos “de facto”. También manipulan el futuro, disfrazando las consecuencias que las políticas neoliberales tendrían para la mayoría de la población.
Los Grupos de Medios de Comunicación son en realidad portavoces de la oligarquía y las trasnacionales quienes no pueden exhibir sus argumentos reales, pero que necesitan de un cierto consenso popular para forzar un cambio de modelo social y político, es decir, necesitan del apoyo de los mismos que luego serán esquilmados, estafados, traicionados y expulsados a la marginalidad y la miseria. Por esta razón los medios se dedican a distorsionar la realidad, y como suele ocurrir que la gente da un marchamo de verdad a lo que se ve en la televisión, las emisoras bombardean con una programación que no tiene tapujos en presentar las mentiras como verdades y viceversa, creando un enfrentamiento visceral en el cual los argumentos se reemplazan por adjetivos, prescindiendo de debates políticos, transformando todo en palabras altisonantes, juegos de palabras peyorativas y amenazas a veces veladas, donde ellos siempre tienen la primera y última palabra.
Pero como nada es eterno, el martes inmediato posterior a las elecciones, la Corte Suprema de Justicia dio a conocer su veredicto sobre la Ley de Medios Audiovisuales, indicando su plena constitucionalidad.
El fallo llega después de cuatro años de trabas impulsadas por el Grupo Clarín, con la connivencia de parte del sistema judicial y el apoyo innegable de todo el arco político opositor, que va desde la ultraderecha hasta sectores que se reclaman de izquierda, pero que en la práctica coinciden con los intereses de la oligarquía, como los postulados que defiende el otrora magnífico director de cine Pino Solanas (Memorias del Saqueo, Sur, El exilio de Gardel, etc.) devenido en desilusionante e institucionalizado político que para lograr su banca senatorial en estos últimos comicios, no tuvo empacho en aliarse con una fuerza representante de la derecha que añora épocas pasadas. ¿Cómo es posible que alguien como Solanas, que vocifera ser de izquierda, en vez de alegrarse de la sentencia que permite democratizar radios y televisiones se dedique a atacar a quien debe ejecutar la Ley de Medios? Los peajes que pagan estos líderes (¿?) políticos los condiciona de cara a su propio discurso.
La constitucionalidad de la Ley y su ahora imparable puesta en marcha implica que los grupos mediáticos deben deshacerse de radios y televisiones locales, para ceder estos espacios a organizaciones sociales, vecinales, estudiantiles, sindicales, etc.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina no sólo ha determinado el fin de este proceso judicial, sino que coloca un jalón más en el cese de la impunidad en el país latinoamericano. La democratización de la información y la ruptura del monopolio de las usinas del pensamiento único es aterradora para los intereses de terratenientes y transnacionales.
Si el comunicado del fallo constitucional hubiese sido dado un día antes de las elecciones, seguramente esa certeza de derrumbe de la impunidad hubiese sido un apoyo importante al oficialismo. Llega el día después de los comicios, cuando la oposición estaba de brindis con la copa medio llena, y les congela los tenues festejos y rápidamente la leve victoria opositora se transforma en gran derrota. Dice el analista político Eduardo Aliverti en su columna del diario Página 12, “¿Cómo es que un episodio judicial liquida, al toque, las repercusiones de una votación general caracterizada cual comienzo de fin de ciclo? Obvio que fue y es porque resultó perdedora una corporación notable, emblemática, enormemente poderosa. Pero mucho antes que eso debe tomarse nota de qué le ganó, no importa si de manera total o parcial. Le ganó una firmeza, una vocación, un poner fichas contra quien era invencible, una creación de clima progre y decidido, un triunfo de la política cuando parecía que los grandes políticos y la gran militancia social se habían extinguido en los brazos neoliberales de los grandes dueños de la economía. Eso es lo que ganó. Y porque ganó esa épica es que un veredicto electoral puede aparecer evaporado, debido a que lo macizo no es lo pasajero sino la reconstrucción de un sentido colectivo más justo y solidario”.
El futuro inmediato se presenta complicado y al mismo tiempo esperanzador para quienes pretenden dirigir a la República Argentina a un objetivo de mayor solidaridad latinoamericana y de profundización estructural de la redistribución social de la riqueza.
