El documento de los “expertos” encargado por el Ministerio de Hacienda para elaborar una propuesta de reforma fiscal es un compendio de los mitos neoliberales sobre los impuestos. Lo cual, como era de esperar, ha desencadenado una reacción igualmente mítica por la parte de los progresistas bien-pensantes algunos de los cuales muestran una desmemoria extraordinaria. Todo ello en el marco de un juego de globos sonda y demagogia electoralista que oscurece y enmascara una trayectoria compartida en lo fundamental y sólo rota temporalmente por Montoro.
Debemos recordar que el gobierno del PP se vio “obligado” a elevar temporalmente el IRPF para complementar el ajuste fiscal. También subió el IVA, como es sabido, esta vez con carácter definitivo. Ahora los expertos proponen simplificar y reducir el IRPF; reduciendo el número de tramos y bajando los tipos impositivos máximos. En definitiva volver a la normalidad, reengancharse en la tendencia que marcaran antes Felipe González, Aznar y Zapatero, al lado de los cuales Suárez y Fernández Ordóñez parecían expropiadores furiosos. Queda para gloria de ZP el haber subido el tipo mínimo del 15% al 24%, eso sí pasando la renta a partir de la que hay que tributar de 4.000 euros a 17.000. La nueva propuesta consiste básicamente en volver a la reforma de Aznar de 2002 lo que no debe extrañar pues Lagares, portavoz de los sabios, ya era entonces su consejero. El tipo máximo bajaría de nuevo y, para compensar, los expertos proponen que los mileuristas queden exentos. Otra simplificación provocativa es la inclusión en el tipo normal del IVA (21%) de alimentos y otros bienes de primera necesidad que hoy tributan al 10%. Por este lado se aseguran que los mileuristas, pensionistas, parados, … devuelvan por el IVA lo que se ahorran por IRPF. Y como es de rigor, se propone reducir el tipo del Impuesto de Sociedades así como las rentas del “ahorro”, o sea, del capital.
Básicamente, por tanto, nos encontramos ante un paso más en la carrera por la desfiscalización que, por otro lado, es común a todos los paísesde la Unión Europea y nos conduce progresivamente al modelo estadounidense. Esta carrera se adorna demagógicamente con un aumento de los mínimos por debajo de los cuales no hay que pagar IRPF y se justifica, por la parte superior, con el argumento de favorecer a los triunfadores del sistema, verdaderos creadores de empleo y riqueza según la biblia neoliberal, y su variante social-liberal.
Sin embargo, las mistificaciones que rodean a la cuestión no se limitan al juego de sube y baja de los tipos y los mínimos exentos. Existen al menos dos elementos adicionales a tener en cuenta. El primero es lo que los técnicos llaman la “imposición dual” por la no se paga lo mismo por las rentas salariales (sueldos, pensiones, prestaciones) que por las rentas del “ahorro” (dividendos, intereses, …). Estas están sujetas a un tipo plano único, ligeramente matizado por Montoro también de forma temporal pero, en cualquier caso, más bajo que el mínimo de las otras rentas. El segundo es el denominado gasto fiscal, es decir el conjunto de desgravaciones y deducciones fiscales que asciende nada menos que al 37% del total de la recaudación teórica. De modo que cuando se habla de tipos y de bases se habla en pura teoría, ocultando una realidad radicalmente sesgada a favor de las rentas más altas. Esta es la razón por la que el tipo medio efectivo del Impuesto de Sociedades apenas llega al 8% cuando en la teoría es del 30%. Por no hablar del 1% de las SICAV.
La otra cara de la moneda: el retroceso del “Estado Social”
La tendencia a la desfiscalización no puede separarse de otro vector neoliberal, la mercantilización de elementos hasta ahora reservados al sector público como la sanidad, la educación, la dependencia o la protección social. Esta relación se da de muchas y, a veces, sutiles maneras. Eximiendo a los que obtienen menores rentas de pagar impuestos se les “expropia” el derecho a los servicios públicos pues ya no los “pagan”. Las prestaciones pasan a ser cosa de la beneficencia pública o la filantropía privada. Concentrando la carga de los impuestos sobre las capas medias asalariadas se les impone la carga de esa beneficencia, se justifica el deterioro de los servicios públicos, se promueve la provisión privada de los mismos y se aumenta el sex-appeal de las promesas electorales de reducciones mayores de los impuestos.
La administración estatal de la beneficencia social se convierte así en un sistema de persecución a la pobreza. Mientras que el Estado puede proveer un ingreso mínimo a los pobres, lo hace con un grado creciente de intimidación y amedrentamiento. Aparentemente esto está diseñado para que los demandantes de servicios sociales se independicen, adopten una actitud más “emprendedora”; aunque su objetivo más genuino es asegurar a los que pagan impuestos de que esos demandantes son penalizados por su imprudencia de no tener propiedades que los respalden. Es la consecuencia de un cambio institucional en el que el sistema público de provisión social está dejando de ser universal.
Lo importante es en qué se gastan los impuestos y cuánto
Desde un punto de vista estrictamente marxista los impuestos no son más que una parte de la plusvalía socialmente producida que es apropiada por el Estado. Por tanto es apropiada a costa del dueño “natural” de la plusvalía, el capital. De ahí la oposición natural de los capitalistas a los impuestos. Sin embargo una parte de esa plusvalía se destina a la reproducción de la fuerza de trabajo por lo que estos gastos deben considerarse como parte del valor de la misma y, en esa medida, cabe no considerarlos como plusvalía. Aunque por otro lado los capitalistas “socializan” ese gasto, porque les abarata –y seguramente mejora– el coste de reproducción de la fuerza de trabajo.
La reforma fiscal que proponen los “expertos” parte de una premisa: alcanzar la neutralidad respecto del ingreso total, es decir limitar la parte de la plusvalía que se apropia el Estado. Técnicamente se pueden alcanzar formas “más justas” de repartir la carga impositiva: más impuestos directos y menos indirectos, mayor progresividad en los tipos, gravar el patrimonio de las empresas, … Pero lo que hay que impugnar, en primer lugar, es esa neutralidad. La primera pregunta es determinar a qué gastos hay que hacer frente desde el sector público y cuanto supone eso. Una vez determinado, cuál es la forma más justa y racional de hacerlo. Y sin perder de vista que estaremos abordando la cuestión desde dentro del sistema, no para superarlo.
