La ruptura unilateral del acuerdo por Andalucía por parte del Partido Socialista, el sucesivo desalojo de las consejerías gestionadas por IU y la convocatoria de elecciones autonómicas para el 22 de marzo han generado ya ríos de tinta sobre las razones que han llevado a Susana Díaz a tomar esta decisión. Una decisión que no sólo altera a la comunidad más poblada de España, sino al conjunto del tablero político nacional. Son cada vez más las voces que anclan la decisión de Díaz con un posible golpe al trono de Ferraz.
En boca de la presidenta de la Junta de Andalucía, una única palabra: “inestabilidad” de su gobierno, motivada por varias razones. La primera que dejó caer fue un anuncio del vicepresidente, Diego Valderas (IU) sobre su intención de viajar a los campamentos de refugiados de Tinduf. Díaz, que viajó meses antes a Marruecos para entrevistarse con Mohamed VI, desautorizó a Valderas ante la opinión pública y negó de forma tajante el viaje. El segundo argumento lo dio, para la presidenta, la Asamblea de Balance de IU. El PSOE consideró que este cónclave había puesto “fecha de caducidad” a su gobierno. El tercero y último, con nombre propio: Alberto Garzón.
Susana Díaz ha considerado al candidato de IU a la Presidencia del Gobierno –y el manifiesto apoyo de Antonio Maíllo a su proyecto- como artífice de una radicalización de la formación para acercarse a nuevas formaciones políticas emergentes, una suerte de estrategia que obliga a romper con el PSOE en Andalucía.
Bien. Hasta aquí los argumentos esgrimidos para romper, desde el púlpito de San Telmo, el segundo gobierno más grande del estado español. Pero las cosas no son tan sencillas y, desde luego, parece que los andaluces tampoco han entendido bien las razones que llevan a Díaz a romper el gobierno.
Vayamos por partes. El ‘Acuerdo por Andalucía’, el documento que motivaba el pacto de gobierno, firmado en 2012, obtuvo un amplio respaldo democrático de la militancia de IULV-CA. Mediante un referéndum la militancia dio su visto bueno en un proceso democrático interno. Sería ya en 2013 cuando la XIX Asamblea de la formación andaluza diera su respaldo al nuevo coordinador general, Antonio Maíllo. Este encuentro estableció en los estatutos nuevos mecanismos para la rendición de cuentas ante la militancia, simpatizantes y electorado. De ahí que, por primera vez una organización celebrase una asamblea de balance con participación directa desde las bases.
La Asamblea, que se celebró a final de 2014, arrojó un amplio apoyo a dos cuestiones. La primera, poner en marcha aquellos aspectos del Acuerdo por Andalucía que, dada la situación social, política y económica de esta tierra, tenían que prevalecer hasta el final de la legislatura. La segunda, instar al Grupo parlamentario de IU a que presentase una batería de iniciativas en la Cámara para que se investigasen todas las tramas de corrupción que se han podido desarrollar en nuestro territorio, y que afectaba a PP y PSOE.
A la vez, la Asamblea facultaba a la dirección de IU a hacer un balance el próximo mes de junio para ver qué medidas se habían cumplido y cuáles no. “No estamos aquí para calentar sillones” ha reiterado en muchas ocasiones Maíllo quien anunció que en caso de no verse las expectativas cumplidas, se volvería a consultar a la militancia sobre el pacto de gobierno.
Se apostaba así desde IU Andalucía por impulsar con plazos y calendario su objetivo estratégico en la legislatura: sentar las bases legales para la modificación radical del modelo productivo y que depende de la implantación de una entidad pública de crédito con ficha bancaría, que dé soporte a las necesidades del tejido productivo y orientase la inversión hacía la generación de empleo de calidad; de la puesta en marcha del banco de tierras y de la adopción de una Ley Integral de Agricultura que terminase con el poder omnímodo de la gran distribución y corrigiese el desigual reparto de la tierra; de la implantación de una Renta Básica en desarrollo del derecho subjetivo reconocido en el artículo 23 del EA; de la atención al grave problema que la pobreza provoca a la hora de acceder a bienes públicos como la energía o el agua.
En las filas de IU se olía que el PSOE no andaba dispuesto a poner en marcha esto. Meses antes Maíllo supeditaba la aprobación del presupuesto de la Comunidad a la aprobación del anteproyecto de Banca Pública. Y es que las sucesivas reticencias de los socialdemócratas a cumplir con lo acordado, empezaban ya a ser un mantra. Se entiende así que la militancia de IU pusiera plazos o pidiese hablar de nuevo. Susana Díaz se ha agarrado a esta cuestión para hablar de “inestabilidad”.
Pero la realidad es que los presupuestos de la Junta están aprobados y que lo que IU ponía sobre la mesa no es más que el cumplimiento de lo pactado con el socio de gobierno. ¿Cómo se entiende entonces que el PSOE hable de inestabilidad cuando se le exige que cumpla con lo que se comprometío a hacer?
Tras la ruptura unilateral del Acuerdo por Andalucía por parte del PSOE, en las filas de IU y del PCA se entiende que responde al intento del bipartidismo de atajar la influencia, la relevancia y la capacidad de IU para el desarrollo de políticas de izquierda. Para esto, el pacto en Andalucía supone un problema.
Y es que los consejos de administración de los grandes grupos financieros, constructores, comerciales y mediáticos no han soportado que se les impongan multas millonaria a los bancos; que se haya dado fin en este tiempo a la colaboración público-privada, mermando los beneficios empresariales y la capacidad de influencia privada en la planificación estratégica de las infraestructuras; no soportan la posibilidad de que una entidad pública de crédito compitiese con el sector financiero privado rompiendo su dinámica oligopólica.
Tampoco han tolerado que se impusiesen límites a la especulación urbanística que acompaña a los campos de golf; que se atacase a los intereses de las grandes superficies comerciales defendiendo al pequeño comercio; que se coloque la solidaridad internacionalista con los pueblos oprimidos por delante de los intereses de la disciplina atlántica ligada a los EEUU; que se blinde la titularidad pública para garantizar los derechos sociales; que la transparencia y la equidad sustituyesen al clientelismo en la concesión de subvenciones públicas y en la financiación municipal.
Muchos menos van a permitir que se les diga que la banca tenga deberes ante sus clientes; que se le pueda expropiar el uso de una vivienda a la banca para garantizar el derecho a techo frente al drama de los desahucios; que el dinero público se destine a la garantía de los mínimos vitales frente a los intereses de las grandes corporaciones energéticas; un reconocimiento y garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, desde el Estado; etc.
Todas estas razones esgrime el PCA para explicar la ruptura unilateral del acuerdo por Andalucía. Una ruptura que los comunistas definen como “un golpe desesperado del bipartidismo contra la fuerza política que, desde la izquierda, ha demostrado que otra manera de gobernar es posible”. El mantra neoliberal de que “no hay alternativa” ha quedado en entredicho -sostiene el PCA en su declaración política aprobada el pasado 28 de enero- y eso es algo que el PSOE no iba a permitir.
La pregunta que todo el mundo hace en este momento es cómo se formará gobierno en Andalucía con un Parlamento que se prevé plural y donde las mayorías absolutas no existen ni se les espera. El PSOE ha dejado entrever sus intenciones. La primera foto, horas después de anunciar la ruptura del pacto, se la hacía con el PP blindando, mano a mano, la Cámara de Cuentas de Andalucía. Un Pleno de la Cámara convocado a tal efecto y con el objetivo de Susana Díaz de nombrar a sus pre-imputados por la jueza Alaya como miembros de la Diputación Permanente del Parlamento y prolongar así su aforamiento. Horas después de romper con IU, el PSOE de siempre volvía a utilizar las instituciones para evadir a la justicia.
Lo que parece cierto es que el relato de la ruptura enunciado por el aparato del PSOE-A ha colocado a IU -a las políticas de izquierdas- en el núcleo de la discusión política. La sucesiva convocatoria electoral supone un plebiscito sobre si es necesario que un gobierno autonómico como el andaluz desarrolle políticas de izquierdas que pongan en jaque a los intereses oligárquicos y pongan la economía al servicio de los intereses del pueblo trabajador.
Las elecciones del 22 de marzo en Andalucía son una oportunidad para la derrota del bipartidismo. Se celebrarán justo un año después de que la exigencia de Pan, Trabajo y Techo rebosase las calles de Madrid. “Desatar el conflicto social, acumular fuerzas desde la movilización”, dice el PCA, se antojan como objetivos imprescindibles para las filas de la izquierda andaluza frente al circo mediático.
Eso sólo se consigue mediante la praxis movilizadora y el 28F, día de la autonomía andaluza, es la fecha en la que se deberá ver el compromiso con la movilización barrio a barrio, tajo a tajo. El 28 de febrero no es una cita más. Este año cobra un significado especial para la izquierda pues la posibilidad de alcanzar el sueño de una España Federal y Republicana depende del papel que juegue Andalucía y su pueblo.
