Los tremendos ataques mediáticos y económicos contra el gobierno argentino, han tenido y tienen el objetivo de desestabilizarlo y, cabalgando sobre sus errores reales o supuestos, terminar eliminando sus aspectos positivos para el pueblo.
El no tan extraño entramado que pretende poner de rodillas al gobierno argentino y condicionar al próximo inquilino de la Casa Rosada, ha puesto en marcha la maquinaria desestabilizadora.
En octubre de este año hay elecciones presidenciales y el neoliberalismo busca desesperadamente que en ellas se produzca un “fin de ciclo”. Para ello ha coordinado el ataque mediático encabezado por los grupos oligopólicos de la información con el accionar de los fondos buitre en lo que respecta a las fuentes de financiación internacionales de Argentina, junto a la visibilización del denominado “Partido Judicial” que hasta ahora actuaba desde una discreta segunda línea. Tienen el común denominador de ser afectados por las políticas sociales en lo interno y de independencia en lo externo que han implementado los gobiernos Kirchner desde 2003.
El caso de la extraña muerte del fiscal Alberto Nisman ha puesto en el centro de la acción a dicho Partido Judicial. Se les dice así que hay una cantidad de jueces y fiscales que actúan con celeridad o paralizan causas según convengan a los poderes fácticos argentinos, sobre todo los relacionados con los medios de comunicación. Por ejemplo el Grupo Clarín está encausado en juicios por lavado de dinero, complicidad con crímenes de la dictadura y obstaculización de adecuación a la Ley de Medios Audiovisuales, y esas causas se mueven con una lentitud rayana en la impunidad.
El fiscal Nisman apareció muerto en su domicilio, poco tiempo antes de declarar en el Congreso de la Nación sobre una posible interpelación que haría a la Presidenta Cristina Fernández y otros destacados miembros del gobierno. Todo en relación a la investigación que realizaba sobre el atentado en 1994 a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), que ocasionó 85 muertos y decenas de heridos y que hasta el momento no ha registrado avances reales. Por cierto, el juez que lleva el caso, ha desestimado la presentación que había realizado el fiscal Nisman, por “inexistencia de delito”, indicando con claridad que “No hay un solo elemento de prueba que apunte a la actual jefa de Estado”.
La sociedad argentina se estremeció con la muerte de Nisman, los ataques contra el gobierno arreciaron, y el neoliberalismo echó casi toda la carne al asador.
Dice el Partido Comunista de Argentina (PCA) que “la conmoción generada es parte de una nueva y peligrosa fase del plan desestabilizador, antidemocrático y antinacional, que pretende modificar la política exterior del país para ubicarla en contra del proceso de integración regional independiente y alinearla a la política del imperialismo yanqui, así como para regresar en lo interno a la ortodoxia neoliberal favorable a los monopolios.
De ello forman parte la convocatoria a una movilización de la derecha argentina con todo el respaldo de sus agentes mediáticos, políticos, judiciales, empresariales, sindicales y otros (…) sin contar el de las embajadas injerencistas y de los fondos buitre, que intensifican su acción en la operación política que denominan “fin de ciclo”.
Los mecanismos desestabilizadores cuentan con la colaboración de los miembros de un Servicio de Inteligencia argentino que sigue los dictados de la Doctrina de Seguridad Nacional impuesta por EEUU hace ya décadas, y seguramente la financiación tiene como operadores a muchos de los titulares de las cuentas en Suiza que el HSBC ayudó a evadir, y que ahora han sido denunciados por el Fisco por más de 3.500 millones de dólares (en aumento según avanza la investigación).
También aportan a revertir políticas, internas y externas, las grandes empresas nucleadas en la Unión Industrial Argentina que están preocupadas por los acercamientos de este gobierno a Rusia y sobre todo a China, máxime al haber firmado recientemente un acuerdo marco de cooperación industrial y financiera que abre las puertas a la ejecución de grandes obras por valor de alrededor de 20.000 millones de dólares. Uno de los diputados opositores que responde a la UIA, ha señalado que “nuestro alineamiento debe ser con Occidente. Negociar con China nos coloca en conflicto con Occidente”.
Todo tiene que ver con todo. Servicios secretos heredados de la dictadura, junto a los servicios norteamericanos e israelíes. Grandes empresas que pueden perder sus negociados. Grandes defraudadores que pueden ser cazados. Medios de comunicación genuflexos hacia la dictadura argentina. Políticos que reclaman la vuelta a las “relaciones carnales” con los EEUU. Jueces y fiscales que escamotean la justicia y actúan casi en fraude de ley. Un cóctel explosivo que puede beneficiar a unos pocos y perjudicar a la gran mayoría del pueblo argentino.
Si bien durante unos días parecía que la derecha filofascista había logrado imponer tiempos y ritmos, la presidenta Cristina aprovechó que el 1 de marzo debía pronunciar el habitual discurso de apertura del período legislativo para convocar una gran movilización en la Plaza de los Congresos. En ese discurso la presidenta anunció en concreto la estatización de los ferrocarriles, aunque es indudable que hace falta ir más a fondo. Y en lo político denunció que en territorio argentino los servicios secretos están jugando su propia partida, al pretender que la República Islámica de Irán sea acusada sin más de los atentados algo que les viene bien a los halcones de EEUU e Israel.
El llamamiento presidencial realizado hace pocos días y entendido como respuesta a la movilización de toda la oposición en su conjunto, fue secundado por organizaciones sociales, políticas y gremiales que lograron aglutinar a más de 400.000 personas. La asistencia demostró que aún hay partido, que se puede torcer la voluntad de los poderes fácticos.
Como señalan los comunistas argentinos “hay una fuerte militancia popular dispuesta a movilizarse y luchar.(…) es necesario construir una pronta contraofensiva popular asentada en un plan de profundización de los cambios a favor de los trabajadores y el pueblo, dado que sólo profundizando es posible defender las reformas conquistadas desde 2003 a la fecha”.
