En materia energética los últimos años han venido marcados por una agenda legislativa profundamente regresiva, donde se ha ido retrocediendo en la apuesta por las energías renovables apostando por un modelo insostenible basado en energías fósiles muy contaminantes, por retrasar hasta los 60 años el cierre de nucleares y búsqueda de alternativas como el fracking o las prospecciones marinas ultraprofundas que, además de insostenibles en términos energéticos dada su escasa tasa de retorno, lo son en términos económicos, apuntando a una nueva burbuja económica una vez que la inmobiliaria ya no parece dar más de sí.
Por otra parte, tenemos una realidad y es que el coste del suministro eléctrico en España es uno de los más caros de la UE; pagando un 22% más que la media de la UE28 y llegando a duplicarse la factura eléctrica desde 2004, con la consiguiente pobreza energética de la que tanto se habla y que ha llevado a cerca de 7 millones de personas a vivir en situaciones de vulnerabilidad social y de salud.
Con la excusa, nunca bien explicada por los gobiernos sucesivos, del “déficit tarifario” (calculado en 28.000 millones) la factura de los próximos 15 años se verá afectada; es decir, sufriremos nuevas y sonoras subidas, que aplicadas en muchos casos en el término fijo de nuestra factura, se paga de forma indirecta y sin discriminación por consumo.
Por otra parte, y gracias a los Costes de Transición a la competencia (CTC) que se crearon para asegurar que las empresas recuperarían sus inversiones (8.600 millones de euros) y que produjeron un un exceso de retribución estimado en 3.200 millones nunca reclamado, la situación es aún más escandalosa si cabe.
En general, y como se ha venido denunciando desde distintas plataformas y organizaciones del sector, el gobierno del PP no sólo no ha apoyado a las renovables, sino que ha tratado de hundirlas a lo largo de toda la legislatura, desmontando propuestas anteriores que, con todas las cuestiones no resueltas o que, directamente eran muy mejorables, al menos garantizaban el apoyo a las renovables y el inicio de trabajos alrededor de la eficiencia energética, tal como demanda Europa desde hace años.
Además de identificar desde el principio renovables con incremento del recibo, con las consiguientes medidas adoptadas que han ido dirigidas a acabar con las ayudas a las renovables y castigar a las personas consumidoras, también han dejado en situación de inseguridad jurídica las inversiones renovables. Y no lo solo eso, sino que son responsables directos de la pérdida de miles de puestos de trabajo, en su mayoría cualificados.
La aprobación, por último, del impuesto al Sol, así como la serie de medidas que se desprenden del Real Decreto de autoconsumo y que penalizan gravemente a éste, ha sido la guinda del pastel de un sistema energético hecho a medida para las grandes empresas y que en nada resuelven ni los problemas de acceso a la energía suficiente ni los problemas ambientales derivados de un modelo caduco y altamente impactante.
Por todos estos motivos desde IU se ha venido apostando, en los últimos años por un Nuevo Modelo Energético basado en las energías renovables, en la nacionalización de los grandes sectores estratégicos de la Energía y los grandes centros de producción, la apuesta decidida por el cierre de nucleares y el rechazo a alternativas inviables como el fracking y las prospecciones, así como nuestro compromiso con el autoconsumo y la economía social.
Tanto a nivel institucional, a través de mociones y propuestas, como a nivel de política a pie de calle junto a otros muchos actores relacionados con este Nuevo Modelo Energético, nos hemos comprometido de manera firme con un modelo diferente, social y ambientalmente justo, que garantice el acceso universal a la energía y lucha contra el cambio climático con propuestas reales.
Este nuevo modelo se basa en una serie de líneas fundamentales que hemos ido defendiendo allí donde hemos tenido oportunidad:
Alcanzar el objetivo de generación energética 100% renovable para 2050, donde nuestra propuesta es que el 50% sea producido a nivel municipal, tanto de forma individual como colectiva, lo que implicará necesariamente un gran desarrollo del autoconsumo. Y el otro 50%, de producción centralizada, autonómica o estatal.
Esta propuesta ha de venir de la mano de otra de nuestras líneas rojas, y es la creación de un sector público ligado a ese nuevo modelo energético. Los grandes centros de producción renovables y las redes de transmisión y distribución eléctricas deben ser de titularidad pública. El resto de políticas, en ahorro y eficiencia energética, han de tener un control y coordinación estatal igualmente fuerte.
Pero no sólo debemos abordar un modelo basado en energías renovables. Difícilmente podremos sostenerlo con el ritmo de consumo actual, y creciendo. Es urgente diseñar y poner en marcha políticas de Eficiencia y ahorro que garantizarán alcanzar esa soberanía energética a través de un modelo, democrático y descentralizado.
Europa ya marca unos objetivos, no demasiado ambiciosos, pero que pueden ser un primer paso: establecen un 40% de reducción de emisiones para 2030. Esta reducción apoyaría la transición a un objetivo de producción con renovables de manera firme y con unos criterios de eficiencia económica nada desdeñables. Esta reducción de las emisiones debería ponerse en marcha a través de una serie de propuestas políticas que incidirían en el modelo económico y productivo.
No sólo se trataría de la creación de un tejido económico e industrial basado en energías renovables e I+D+I y, en esa línea, permitir la generación de empleo cualificado y aupar la investigación local. También el necesario fomento de actividades como la rehabilitación energética y la profundización en modelos de economía circular, serán puntales fundamentales en esta línea.
Este ha sido un breve repaso por las políticas más defendidas en los últimos años, además de nuestra firmeza en el rechazo a las energías fósiles y fracking y la exigencia del cierre nuclear, fruto también de las posiciones cada vez más destructivas para el medio ambiente y la clase trabajadora que nos han traído las políticas energéticas en las últimas legislaturas.
