Con la Ley de la Memoria Democrática, desde el 22 de octubre el Valle de los Caídos franquista, que contiene la mayor fosa común de España, con más de 33.800 muertos, se llama Valle de Cuelgamuros; se resignificará con fines pedagógicos y se exhumarán los restos de las familias que lo soliciten
Hace 83 años comenzó la construcción de una aberración megalómana conocida como “Valle de los Caídos” y actualmente como su topónimo “Cuelgamuros”. Esta obra, construida por mano de obra esclava y trabajadores contratados, además de proporcionar pingues beneficios a empresarios afines al régimen, ejemplifica como pocas la miserable concepción del país que tenía el franquismo.
La aberrante idea de reunificar un país apilando cadáveres que ya no podían expresar su opinión y que fueron sacados de sus fosas comunes y cementerios, en la mayoría de las ocasiones sin la autorización de sus familias, arrojó un censo “oficial” de 33.847 personas trasladadas a las capillas del mausoleo, cifra que probablemente es mayor. En la época en la que se trasladaron los restos, hubo una suerte de competición entre los municipios por ver quién podía aportar más cadáveres al Valle. Debido a esto, hay que entender que las exhumaciones no tuvieron la atención al detalle necesarias y en las cajas podremos encontrar restos parciales de diferentes individuos, por lo que la identificación de éstos cobra especial importancia en las acciones que se adopten a partir de ahora.
Una de estas profanaciones ocurrió en 1959 y es especialmente relevante. Este año, fueron trasladados sin el permiso familiar, los cadáveres de los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña. El 20 de noviembre de 2014 la nieta de los hermanos Lapeña presentó una demanda orientada a la exhumación de sus restos. En 2016 se dicta por parte del Juzgado de Primera Instancia número dos de San Lorenzo de El Escorial una sentencia reconociendo el derecho para poder exhumar a sus familiares y darles “digna sepultura”, según la potestad de la persona a ser inhumada conforme a los ritos de la religión que profesa.
A pesar de contar con una sentencia firme de obligado cumplimiento, para la familia Lapeña no parece que haya justicia. Estos años han sido una cascada de impedimentos, de excusas y de trabas administrativas intolerables. Informes del Instituto Torroja del CSIC hablando de la imposibilidad estructural para acceder a las capillas; luego otro informe diciendo que sí se puede acceder. Informes del Consejo Médico Forense planteando la imposibilidad de acometer las intervenciones diciendo, entre otras cosas, que no es viable recuperar un ADN de 80 años (aunque actualmente recuperemos ADN Neandertal de hace 40.000) y que el estado de los restos hacen imposible la exhumación (aunque los arqueólogos lo hagan de forma normal y en peores condiciones).
Podríamos decir, sin riesgo a equivocarnos, que las personas que han valorado la viabilidad de las actuaciones encaminadas a la exhumación no eran las más adecuadas ni contaban con el perfil profesional adecuado. Es insólito que un médico forense evalúe un contexto de excavación complejo que corresponde a un profesional arqueólogo.
Desde la entrada en vigencia de la Ley de Memoria Democrática el 21 de octubre de 2022, tenemos un punto de inflexión de cómo nuestra sociedad se relaciona con el franquismo. Se han alcanzado demandas históricas como la nulidad de las sentencias franquistas, el reconocimiento de las víctimas, se declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, la prohibición de la exaltación del régimen y sus símbolos, entre otras.
¿Cómo contempla esta ley el futuro del mausoleo de Cuelgamuros? La ley expresa de forma clara que las acciones a adoptar son el cambio de nombre de Valle de los Caídos a Valle de Cuelgamuros, su resignificación como lugar de memoria democrática con fines pedagógicos, facilitar la recuperación de los restos humanos que los familiares demanden (actualmente hay 118 demandas de recuperación), además de la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
Ante este contexto, surgen muchas preguntas que deberíamos reflexionar y contestar como sociedad.
¿Deberíamos mantener los cuerpos profanados por el franquismo en las capillas o deberíamos sacarlos de allí, identificarlos con recursos públicos y devolverlos a sus lugares de origen?
¿Deberíamos gastar dinero público en mantener en pie una construcción que según los informes técnicos algunas de sus partes están realizadas con “materiales incompatibles” y presentan un deterioro estructural peligroso?
¿Deberíamos someter a escrutinio y auditar los trabajos técnicos de todas las actuaciones allí realizadas para garantizar la buena praxis?
Esperamos que nadie olvide que todas las acciones allí realizadas serán sobre víctimas que requieren una especial delicadeza y tacto.
