Doñana es uno de los espacios naturales más singulares y de mayor valor ambiental del mundo. Es sin duda el humedal más importante de Europa y hábitat de miles de aves migratorias.
Patrimonio de la Humanidad desde 1994 y Reserva de la Biosfera desde 1980, este espacio ha gozado —al menos teóricamente— de los mayores niveles de protección ambiental posible.
Sin embargo, la situación agónica de Doñana es evidente. La estación biológica de Doñana determinaba en un estudio en 2022 que el 59 % de sus lagunas de mayor tamaño no se ha inundado al menos desde el 2013. Y la propia NASA, el pasado junio, hacía público un estudio advirtiendo que el 83 % de los humedales de este espacio se están agotando más allá de lo que cabría esperar por la sequía. La grave pérdida de biodiversidad producto de esta situación es hoy una evidencia científica.
También es una evidencia científica que detrás del deterioro de Doñana está el cambio climático y un desarrollo de la agricultura intensiva de regadío más allá de lo que su acuífero puede soportar.
El Partido Popular y VOX en Andalucía conforman un bloque negacionista que engaña a los agricultores y les genera unas expectativas que saben no van a poder satisfacer
El Partido Popular y VOX en Andalucía conforman un bloque negacionista situándose frente a la comunidad científica y frente a instituciones y organizaciones de ámbito nacional e internacional. Lo hacen además engañando a los agricultores y generándoles unas expectativas que saben no van a poder satisfacer. No es casual que la derecha andaluza, que ha tenido 5 años de mayoría parlamentaria para sacar adelante en el Parlamento esta amnistía a regadíos no lo haya hecho hasta que tenía cerca procesos electorales. Lo hacen dañando a la agricultura de la zona y el prestigio de sus productos en los mercados europeos. Lo hacen en contra de los intereses de miles de agricultores que ejercen su actividad dentro de la legalidad.
En cualquier caso, en este contexto, y para ser justos, la pretensión del gobierno negacionista del Partido Popular en la Junta de Andalucía de aprobar una amnistía a regadíos ilegales y ampliar la superficie regable en el entorno de Doñana, aunque sería a buen seguro la puntilla para este espacio natural, no es ni el origen ni la causa que explica todos sus problemas.
Tres décadas de indolencia
La política de las administraciones públicas de los últimos 30 años con respecto a Doñana ha sido un fracaso sin paliativos.
Unos han practicado el negacionismo intentando atacar sistemáticamente Doñana por tierra, mar y aire. Proyectos urbanísticos, almacenamiento de gas en su subsuelo y oleoductos y carreteras que atravesaran el parque son algunos de los proyectos frustrados de una derecha negacionista que sin el mayor rubor ha entendido que Doñana es un mal ejemplo que no se puede tolerar. El ejemplo de un espacio natural cuya conservación pone límites a un capitalismo salvaje y lo hace en una provincia como la de Huelva en la que el modelo económico extractivista depredador del territorio ha campado a sus anchas.
Las balsas de fosfoyesos producto de la actividad de la industria química, el impacto ambiental de la minería, el vertedero de Nerva, la proliferación de eucaliptos y el deterioro del patrimonio forestal son ejemplos de un modelo económico en la provincia de Huelva que ha deteriorado de manera clara su medio natural y no ha servido para que la provincia abandone los puestos de cabeza en desempleo y precariedad laboral de todo el país.
Otras administraciones han practicado una suerte de “bien quedismo” político poniendo en marcha procesos de ordenación y planificación territorial y ambiental, pero sin voluntad política de implementarlos. Basta comprobar el nivel de ejecución y seguimiento del Plan de Ordenación del Territorio, del Plan de Desarrollo Sostenible o del propio “Plan Especialde ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana”, para llegar a la conclusión de quela situación del Doñana se explica también en la indolencia de quienes por falta de voluntad o capacidad no hicieron cumplir lo acordado en los últimos 20 años.
La Fiscalía entra en acción
Los recientes anuncios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en relación a la aceleración del proceso de clausura de pozos ilegales no deja de ser más que el reconocimiento de la inacción o falta de agilidad en este asunto por parte de las administraciones en los últimos años. En cualquier caso, bienvenidos sean estos anuncios y todo lo que vaya en la línea de hacer cumplir la sentencia emitida en 2021 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Definitivamente, negacionismo y “bien quedismo” político no son más que dos vías a velocidades distintas al mismo destino. Ambas estrategias son al final funcionales a los intereses del capital y ambas conducen al mismo destino: la muerte de Doñana.
Salvar Doñana no va solo de parar la proposición de ley del PP y VOX, que también debe ser una prioridad. Salvar Doñana va de políticas valientes que hagan cumplir lo aprobado en los documentos de ordenación y planificación y actualicen el contenido de los mismos. Políticas que pongan coto a las pretensiones del capitalismo más salvaje y depredador para el que, la conservación de Doñana poniendo freno al desarrollismo más voraz, siempre fue un mal ejemplo.
