Stella Assange, la mujer del fundador de Wikileaks, Julian Assange, advierte del cansancio que está sufriendo su marido, que ya lleva 5 años detenido en la prisión de alta seguridad de Berlmarsh, Reino Unido, aislado durante 21-22 horas al día y con restringido contacto con el exterior. No tiene acceso a internet. Escucha la radio y habla por teléfono con la familia. Lo cuenta en una entrevista concedida a la Agencia Estatal de Noticias de Azerbaiyán Azertac, publicada el 5 de mayo.
Han pasado ya 14 años desde que se ordenara el arresto de Assange acusado de violar a dos voluntarias suecas de WikiLeaks, una excusa, según Julian Assange, para llevarle a la cárcel. La acusación se desmontó, pero no la pesadilla del periodista, que estuvo refugiado en la embajada de Ecuador en Londres durante la presidencia del presidente Correa, protección diplomática que acabó en abril de 2019 tras la llegada al poder de su sucesor Lenin.
Esta es la historia de acoso y derribo a un periodista por ejercer su labor revelando información de interés público. El próximo 20 de mayo el tribunal de Reino Unido reconsiderará el permiso de Julian Assange para apelar contra su extradición a Estados Unidos, que espera verle morir en prisión, ya que se enfrentaría a 175 años de cárcel.
Mientras la Justicia británica exige a Estados Unidos garantías, como que no se le aplique la pena de muerte, el Gobierno australiano ha pedido el cierre del caso y el regreso del fundador de Wikileaks a Australia.
Baltasar Garzón, jurista y coordinador de la defensa de Julian Assange, duda de las garantías de un juicio justo y habla de “una clara persecución política”. Además, aunque la justicia británica pide garantías a Estados Unidos, el gobierno no tiene competencias sobre el tribunal y hay políticos y responsables que piden la pena de muerte”. No es sólo Assange, es la libertad de expresión y el derecho a la información lo que está en juego y explica que la extradición es incompatible con el derecho a la libertad de expresión en virtud del artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
La ciudadanía tiene derecho a saber
Por su parte, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard considera inadmisible los cinco años que Assange lleva “recluido arbitrariamente” en el Reino Unido por “atreverse a sacar a la luz revelaciones de presuntos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos.” Y acusa a Estados Unidos de perseguir a Assange en lugar de realizar “una investigación completa y transparente sobre sus presuntos crímenes de guerra”.
La representante internacional de Amnistía Internacional advierte sobre el precedente que puede suponer el ataque al derecho a la información: “Se pretende actuar contra Assange por actividades que son fundamentales para todas las personas que ejercen el periodismo y la edición, que con frecuencia reciben información gubernamental confidencial de fuentes externas. Wikileaks publicó información sobre muertes de civiles y presuntos crímenes de guerra. La ciudadanía tiene derecho a saber si su gobierno infringe el derecho internacional. Las autoridades de Estados Unidos están preparando el terreno para sentar un precedente nefasto para la libertad de los medios de comunicación en el mundo si Assange es extraditado. Estados Unidos debe retirar todos los cargos contra Assange, lo que permitirá su liberación sin demora de la custodia estatal de Reino Unido”.
