El pasado lunes, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) presentó el Informe Anual sobre las personas refugiadas en España y Europa, en el que recoge datos alarmantes como que nuestro país se situó en el último lugar en la tasa de reconocimiento de asilo en un momento geopolítico en el que aumentan las solicitudes. Mientras hay un 42% de reconocimientos de asilo, según la media europea, en España solo se aprueban el 12% de las peticiones.
CEAR advierte que las guerras y las amenazas globales han empeorado la situación global: a conflictos de larga duración como los de Ucrania, Siria, Sudán o Afganistán, entre otros, se suma ahora el genocidio en Gaza y la inestabilidad en Senegal y los países del Sahel (que ha conllevado un sustancial aumento de las llegadas a Canarias). El resultado es un récord de 120 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo, según datos de ACNUR.
Con respecto al genocidio que sufre el pueblo palestino, CEAR ha recogido más de 100.000 firmas en su campaña y señala que son ya 1,7 millones de personas las que se han visto obligadas a dejar sus hogares en Gaza. «Se están traspasando todas las líneas rojas del derecho internacional», manifestó su director, Mauricio Valiente. Y añadió que, aunque el Gobierno español haya dado más pasos que otros homólogos europeos, «aún debe seguir dando más para poner fin a este genocidio y que haya una paz justa y duradera, y que se garantice el derecho al retorno».
Respuesta ante la emergencia de Canarias
Actualmente, el 70% de las llegadas al país se producen por Canarias: 39.910 personas en total. No existían repuntes semejantes desde la llamada «crisis de los cayucos» de 2006. Según CEAR, este año se mantiene el ritmo de llegadas (especialmente de Senegal y con una creciente proporción de mujeres, niños y niñas sin referentes familiares).
El Gobierno de Canarias ha llegado a un acuerdo con el Gobierno central porque no están preparados para acoger tantos menores, por lo que buscan modificar la ley de extranjería y repartir la acogida de menores. Por el momento, destaca CEAR, la declaración de emergencia y la puesta en marcha de grandes Centros de Acogida de Emergencia (CAED) permitieron descongestionar la situación y evitar situaciones de hacinamiento que se han dado en el pasado. No obstante, Mónica López (directora general de CEAR) considera que hacen falta «una estructura estable de acogida». También se detectaron carencias que no hubo con los refugiados ucranianos, como las limitaciones en los tiempos de estancia en plazas de atención humanitaria o las dificultades para obtener citas para solicitar protección.
Un pacto devastador para el derecho de asilo
CEAR también denunció en su informe las consecuencias negativas que tendrá el reciente Pacto Europeo sobre Migración y Asilo en el derecho de asilo: “refuerza el control de las fronteras y se centra en impedir que las personas lleguen, expulsándolas lo más rápido posible y sin apostar suficientemente por vías legales y seguras”, aseguran.
La organización manifiesta su preocupación ante los resultados de las últimas elecciones europeas y llama al Gobierno de España a hacer la implementación más garantista posible de dicho pacto.
Continúan los retrasos crónicos con las citas de asilo
Durante 2023, persistieron los problemas crónicos con las citas previas para solicitar asilo, lo que siguió alimentando un mercado irregular de compraventa de citas. Esta situación provocó que miles de personas estuvieran en una situación de total desprotección y en un limbo legal durante periodos de hasta nueve meses, según recoge CEAR en su informe.
Además, la organización destaca las condiciones de hacinamiento e insalubridad que sufrieron cientos de personas en las salas de asilo del aeropuerto de Barajas a finales de año, que se prolongaron hasta principios del actual, ante el aumento de llegadas de personas procedentes de Senegal y Kenia. “En lugar de habilitar vías legales y seguras, las autoridades españolas siguen recurriendo a imponer más obstáculos, como los visados de tránsito a personas que pueden ser merecedoras de recibir protección internacional”, lamenta Mónica López.
Por último, el informe dedica un capítulo a las enormes dificultades para que las personas migrantes y refugiadas accedan a derechos básicos en España, como la vivienda, el empleo, la salud o cuentas bancarias, entre otras. Una situación que se agrava por el auge de la discriminación racial.
