Para no perder el norte en la coyuntura actual de Venezuela en relación a las elecciones presidenciales del 28 de julio y el conflicto posterior, incluyendo la polémica en relación a las actas, hay que analizar la situación desde la geopolítica y desde por qué EEUU, el imperio, quiere acabar a toda costa con el gobierno chavista y bolivariano de Nicolás Maduro.
En lo político, lo que estaba en juego el pasado 28 de julio de 2024 era la continuidad o no de un proceso revolucionario iniciado hace 20 años por Hugo Chávez que busca impulsar un proyecto democrático, popular, participativo y anticapitalista hacia el Socialismo del siglo XXI, y que marcó el camino a otros pueblos y países que buscaron procesos revolucionarios de cambio social.
En lo económico, lo que se jugaba era la continuidad del petróleo venezolano en manos del Estado para seguir invirtiendo en desarrollo y derechos económicos, sociales y culturales para el pueblo, o la apropiación (o recuperación) por parte de las élites venezolanas y de EEUU de las inmensas reservas petroleras y minerales del país.
Por estas dos razones Venezuela lleva años siendo objetivo político-militar prioritario del imperialismo de los EEUU. Y estaremos de acuerdo en que EEUU impulsó la guerra del Golfo, la de Iraq o la de Libia, entre otras razones, por importantes contratos petroleros. Y no le importaron las mentiras gigantescas, ni los daños enormes causados. Por ello, no olvidemos nunca que Venezuela posee la segunda reserva más importante del mundo solo en petróleo. Ha llegado a producir 3 millones de barriles diarios. ¡Al día! En un mundo en el que los expertos le dan 30 o 40 años a las reservas de hidrocarburos mundiales. Y las reservas certificadas de Venezuela son de casi 300.000 millones de barriles de petróleo.
Este año hemos sabido que muchas petroleras norteamericanas llevan décadas pagando millonarias campañas mentirosas contra el cambio climático, contra las energías renovables y los coches eléctricos, por ejemplo. Esas mismas compañías, Texaco, Exxon Mobil, Chevron, Halliburton, Standar Oil, PBF Energy o la Gulf Oil Corporation, son las mismas empresas multinacionales que realizan importantes aportes financieros al Partido Republicano y al Demócrata. Llevan sin lograr contratos en Venezuela desde que Hugo Chávez nacionalizó el petróleo, y no pueden más.
Hay que recordar un documento valiosísimo que es público y está disponible en castellano en la red; lo redactó el Comando Sur de los EEUU y cualquier lector puede encontrarlo fácilmente: “Operación Venezuela Fredom 2”. El comando Sur es un mando integrado por más de 1.300 militares para el desarrollo estratégico de los planes e intereses de los EEUU en América del Sur y Central. Su existencia demuestra hasta qué punto en el imperio no manda el presidente de turno, sino el Pentágono. Al leer ese documento vemos todo un plan trazado y preestablecido contra Venezuela, totalmente vigente. Se establece, por ejemplo, como objetivo número uno ‘el poner en evidencia el carácter autoritario y violador de los derechos humanos del gobierno de Maduro’.
En ese documento se explica el plan imperialista subrayando que hay que lograr “el aislamiento internacional y su descalificación como sistema democrático”, por ejemplo. Invito a los lectores de esta columna a leerlo, porque el documento habla también de impulsar para ello una campaña mediática internacional de desprestigio que lleva años y que amenaza con convertirse en hegemónica.
Para derrocar al gobierno chavista lo han intentado todo, golpes de estado, violencia callejera, terrorismo, invasiones desde Colombia, magnicidio fallido de los presidentes, autoproclamación de Juan Guaidó, etc. Pero la izquierda chavista ha sorteado todo, y ha seguido ganando elecciones. En estas elecciones la estrategia era ‘el fraude’.
¿Qué ha pasado este 28 J? Los acompañantes internacionales entre los que participamos varios compañeros de IU y el PCE con experiencia en procesos de observación electoral, lo tenemos claro. La derecha había optado por presentar a un mal candidato Edmundo González Urrutia, vinculado a las ultraderechas de Centroamérica en los años 80 y 90, dado que María Corina Machado, su líder natural, no podía legalmente presentarse por haber apoyado un golpe de estado. Con ese mal candidato llegaron divididos (9 candidatos de derecha frente a Maduro). Presentaron a Edmundo pero Corina y los medios hegemónicos del imperio anunciaron fraude antes del 28 J. Siguiendo el plan previsto, tras la proclamación de Nicolás Maduro como vencedor por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), la ultraderecha anunció que no respetaba el resultado y se autoproclaman vencedores colgando en una web el 30 % de unas falsas actas que no respetaban los estándares legales.
Pero cuando la controversia llegó al Tribunal Supremo Electoral (TSJ), la derecha a diferencia del Polo Patriótico ignoró el órgano, ni se presentaron ni aportaron las actas ‘supuestamente ganadoras’. ¿Y por qué? Porque no podían aportarlas, porque no ganaron. Una vez producido el fallo del TSJ, que ha cotejado las actas del CNE con peritos especializados, cualquier gobierno democrático del mundo solo debe respetar el resultado proclamado por el TSJ.
