Carolina Cordero, portavoz de IU Madrid, concejala en Parla durante dos legislaturas, es la responsable federal de vivienda de Izquierda Unida desde que la nueva dirección, elegida el pasado 6 de julio, decidiera situar la crisis de la vivienda como problema estructural y eje prioritario que abordar en profundidad. Los precios de alquiler son prohibitivos para muchas personas, especialmente para los jóvenes, migrantes y familias de ingresos medios y bajos. La vivienda es, a día de hoy, la mayor fuente de desigualdad social. La brecha entre quienes pudieron acceder a un piso en régimen de propiedad y quienes se vieron excluidas de esa posibilidad por la especulación y el aumento galopante de los precios es cada vez mayor. La utilización de la vivienda como bien de mercado, inversión y especulación de grandes actores económicos como los bancos y los “fondos buitre” roba a la gente el derecho fundamental a una vivienda digna, a un techo en el que vivir y desarrollar un proyecto de vida.
GEMA DELGADO: La vivienda es el segundo tema de preocupación de las y los españoles. ¿En manos de quién está la vivienda en España?
CAROLINA CORDERO: Fundamentalmente está en manos de particulares. Los fondos buitre y los bancos, en realidad, no acaparan mucho más del 10% del total del parque de vivienda. Por supuesto, es un problema que este tipo de sociedades campen a sus anchas como lo hacen y hay que seguir exigiendo una legislación contundente que acabe con estas dinámicas depredadoras que engordan la actividad especulativa. Pero la cuestión de fondo va mucho más allá y, por desgracia, es más compleja. El problema de la vivienda en España es estructural y viene de lejos. Somos herederos de un modelo que se resume muy bien con aquella famosa frase del ministro franquista: “queremos un país de propietarios, no de proletarios”, herederos de una política que desde los años 60 fue sentando las bases de la especulación inmobiliaria y que nos deja hoy lo que podríamos llamar un país de rentistas.
“La dicotomía sobre la que tomar posición política no es entre propietarios y no propietarios, sino entre quienes viven de su salario frente a quienes lo hacen del salario ajeno”
Comprender esto es clave porque es la causa de que ningún gobierno hasta ahora se haya atrevido a impulsar leyes para impedir —y no sólo mitigar en el mejor de los casos— la mercantilización de la vivienda: atreverse supondría no sólo legislar contra los “grandes tenedores”, sino también contra los intereses particulares de las llamadas “clases medias”. En mi opinión, el futuro de la izquierda transformadora pasa por atreverse, por dar esta batalla sin complejos y teniendo claro que la dicotomía sobre la que hay que tomar posición política no es, como se suele situar en medios de comunicación, entre propietarios y no propietarios. Al fin y al cabo, quienes tienen que pagar cada mes su hipoteca con su salario tienen las mismas dificultades que quienes viven de alquiler. La dicotomía sobre la que hay que tomar partido es: rentismo/no rentismo, sobre quienes viven de su salario frente a quienes lo hacen del salario ajeno.
G.D.: ¿Quienes son los grandes tenedores, cuántas viviendas poseen y cómo afecta su presencia a la vida en los barrios?
C.C.: Los mayores tenedores son Caixabank y Blackstone, que se estima que tengan en torno a unas 20.000 viviendas alquiladas cada uno, seguido de la Sareb, con algo menos, y otros tantos que suelen ser también inmobiliarias, bancos o fondos de inversión. Y aunque, como comentaba, ocupan en torno al 10% de la vivienda total en alquiler, una cifra que no es alta en términos cuantitativos, lo cierto es que su modus operandi causa un enorme daño a la vida en los barrios, por su carácter especulativo sin límites. Especialmente cuando se hacen con bloques enteros de viviendas, su práctica es elevar de manera abusiva los precios de los alquileres, presionar para que se vayan a quienes viven con rentas antiguas, que obviamente suelen ser personas mayores, y, en definitiva, un proceso de gentrificación que expulsa también al comercio tradicional. El resultado es dramático: vecinos y vecinas expulsados de sus barrios de toda la vida, tejido social y redes vecinales que desaparecen.
G.D.: Esperanza Aguirre, cuando presidía la Comunidad de Madrid vendió más de 3.000 pisos sociales a fondos buitres. Esos fondos buitres siguen alimentándose de la vivienda ¿Cómo se podría impedir que estos fondos y los bancos sigan especulando con la vivienda?
C.C.: Aquella operación del PP madrileño fue uno de los episodios más dramáticos en cuanto a vulneración de derechos que hemos vivido en los últimos tiempos, porque prácticamente se regaló a fondos buitre un recurso tan valioso como es la vivienda pública y porque además se hizo en un momento de crisis brutal, en el peor momento de emergencia social que afectó a millones de personas, clase trabajadora y especialmente familias vulnerables. Cuando más falta hacían políticas públicas que no dejaran a nadie atrás se tomaron sin ningún pudor decisiones políticas en la dirección contraria. Y aunque la justicia ha ido dando la razón a los inquilinos e inquilinas, el daño ya está hecho y la mayoría no ha podido recuperar su vivienda. Entre otras cosas, por cierto, porque Ayuso ha ido recurriendo las sentencias. La otra cara de la moneda es la pedazo de labor que hicieron los movimientos sociales por el derecho a la vivienda y que creo que es importantísimo poner en valor, porque fueron capaces de organizar a las personas afectadas y demostraron la fuerza que puede llegar a tener la ciudadanía organizada.
Hoy el escenario es distinto porque la nueva ley de vivienda prohibe la venta de vivienda social a entes privados y en cuanto a la vivienda protegida tampoco puede venderse mientras no haya descalificación del suelo. Pero ojo, no hay que bajar la guardia, hay comunidades autónomas que ya están amenazando con no aplicar la ley alegando conflicto competencial.
G.D.: ¿Por qué ha proliferado tanto el alquiler turístico y cómo está afectando a la falta de alquileres residenciales y a la subida de los precios de alquiler?
C.C.: No creo que haya una única causa que lo explique pero lo que está claro es que el turismo urbano está en crecimiento y que se extiende un nuevo modelo que busca vivir la ciudad desde dentro. La respuesta se está dando de la peor manera posible, mediante la oferta de pisos turísticos que están hoy por hoy exentos de regulación y que, por tanto, salen ganando frente a la oferta hotelera de toda la vida, que sí paga sus impuestos.
“Urge tomar medidas contundentes porque la proliferación de pisos turísticos está afectando al entorno de manera radical, tanto a la vida de los barrios como a los precios de la vivienda residencial”
Urge tomar medidas contundentes porque la proliferación de estos pisos turísticos está afectando al entorno de manera radical, tanto a la vida de los barrios en cuanto a circulación permanente de personas, ruidos, transformación de comercio de barrio en tiendas para turistas, etc, como también a los precios de la vivienda residencial, que ante la disminución de oferta provocada por la conversión de muchos pisos residenciales en turísticos, se dispara.
“Es importante que las organizaciones políticas tengamos claro que hay que situar en el centro de nuestras agendas la movilización organizada en torno al derecho a la vivienda”
G.D.: La fisonomía de los barrios está cambiando vertiginosamente. Cada día más pequeños bajos comerciales se reforman y se venden como viviendas. El alcalde de Madrid considera que es una buena opción para aumentar el mercado de vivienda ¿Reúnen las condiciones mínimas para considerarse una vivienda digna y habitable?
C.C.: Al alcalde de Madrid habría que preguntarle sí él se iría a vivir a un piso de semejantes características. Estoy segura de cuál sería su respuesta.
Evidentemente, no, un bajo comercial, con toda probabilidad, no ofrece las características adecuadas para que una persona o una familia pueda desarrollar un proyecto de vida en condiciones dignas. El problema es que a Almeida y a otros tantos esto les da igual porque sólo conciben la vivienda como un bien para el pelotazo de sus amiguetes. Amiguetes que, por cierto, le dan collejas en público.
“El avance de la ley de la vivienda es que concibe ésta como un derecho y no como un bien de mercado, su déficit es que sigue sin reconocerse el derecho subjetivo a una vivienda digna”
G.D.: En mayo de 2023 entró en vigor la ley de la vivienda para abordar la crisis habitacional. ¿Qué aporta esta ley y cómo está funcionando?
C.C.: Creo que la mayor aportación de la nueva ley es que nace desde la concepción de la vivienda como un derecho y no como un bien de mercado, cosa que no es, desde luego, una cuestión menor, porque estamos ante la primera ley de carácter estatal que plantea un marco regulatorio en políticas de vivienda. Sin embargo, tiene un enorme déficit y es que sigue sin reconocerse el derecho subjetivo a una vivienda digna.
¿Es la ley que nos gustaría que se hubiera aprobado? En absoluto. ¿Puede ser un instrumento útil para seguir dando la pelea por el derecho a la vivienda? Creo que es indudable que sí, y por lo tanto ahora toca exprimirla al máximo.
Supone avances sociales relevantes como la regulación de vivienda protegida, medidas para evitar la venta de vivienda pública a fondos de inversión, o la protección frente a desahucios aunque, es importante dejarlo claro, sigue habiendo desahucios sin alternativa. Pero, sin duda, el elemento de la ley más potente contra la especulación inmobiliaria es el que va a ser más difícil aplicar: la regulación de los precios del alquiler. Ya lo estamos viendo, algunas comunidades autónomas, que son las competentes, se niegan a hacerlo.
G.D.: ¿Qué se puede hacer con la comunidades autónomas, como la Madrid, que se niegan a aplicar la ley?
C.C.: Por la vía institucional no hay mucho margen de maniobra porque la ley de vivienda no proporciona herramientas concretas para garantizar la declaración de zonas tensionadas. Se podría impulsar una modificación de la ley para dotar al Gobierno central de esas herramientas e introducir aspectos interesantes como, por ejemplo, que los ayuntamientos pudieran solicitar la declaración de zona tensionada sin necesidad de aval del gobierno autonómico. Pero ya sabemos lo que ocurriría, que algunas Comunidades Autónomas, como mínimo las gobernadas por el PP, lo llevarían a los tribunales alegando que la competencia en materia de vivienda es suya. En mi opinión, aún así sería interesante que el Gobierno llevara al Parlamento una modificación de la norma en este sentido, porque independientemente del resultado creo que es importante que todas las fuerzas políticas se retraten ante un asunto que afecta de manera tan directa a la vida de la gente como es poner topes a los precios de los alquileres. Que quede claro quiénes están por la labor de avanzar en esta dirección y quienes ponen palos en las ruedas. Esto no puede disfrazarse de polémica competencial, es una cuestión de voluntad política. A las familias trabajadoras que no llegan a fin de mes les da igual de quién sea la competencia, necesitan soluciones.
En cualquier caso, el margen institucional, más allá de servir de altavoz para dar la pelea, creo que es estrecho. Y como siempre que se trata de conquistar derechos, la batalla de fondo hay que darla en la calle. Diversos colectivos y movimientos sociales lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo y creo que es importante que también las organizaciones políticas tengamos claro que hay que situar en el centro de nuestras agendas la movilización organizada en torno al derecho a la vivienda.
G.D.: ¿Hay presupuesto en marcha para aumentar el parque de vivienda social?
C.C.: Todo apunta a que sí. Se están negociando unos nuevos Presupuestos Generales del Estado y tras las declaraciones recientes del presidente del Gobierno y de la ministra de Vivienda, sabemos que el ejecutivo pretende impulsar un parque de vivienda con posibilidad de préstamos y avales a promotores públicos y privados.
“No compartimos la propuesta del PSOE de promover la colaboración público-privada en la construcción de vivienda social. Cederle a las constructoras el dinero y la gestión es poner al zorro al cuidado del gallinero”
Por nuestra parte, consideramos vital que se introduzca una partida presupuestaria para la promoción de vivienda asequible y social, no somos ajenos a los cambios demográficos que vienen, pero que apoyemos o no la iniciativa dependerá de cómo se plantee su ejecución. No compartimos la propuesta de Pedro Sánchez de promover la colaboración público-privada. Cederle a las constructoras grandes cantidades de dinero público y la propia gestión de vivienda que pretende ser no especulativa es, de nuevo, poner al zorro al cuidado del gallinero. Resulta frustrante que el PSOE siga insistiendo en fórmulas que se han demostrado sobradamente fallidas.
G.D.: Pagar un alquiler supone el 93,9% del salario de una persona joven, según datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud. ¿Qué salida tienen los jóvenes, y los no tan jóvenes, que han tenido que regresar al hogar paterno, a veces con su propia familia, para poder independizarse?
C.C.: Partiendo del hecho de que el problema de vivienda en España no es exclusivo de la juventud sino que afecta a la clase trabajadora en su conjunto. Es innegable que las consecuencias son demoledoras para los jóvenes por la precariedad laboral que sufren. En este sentido los datos son contundentes: en la última década los alquileres han subido ocho veces más que los salarios de la juventud. Y esto en la práctica lo que supone es que quienes proceden de familias sin posibilidades de ayudar económicamente a sus descendientes o que no disponen de una vivienda para cederles, no tienen hoy posibilidades reales de independizarse en condiciones dignas y, en consecuencia, tampoco de construir un proyecto de vida a futuro. Un drama que afecta frontalmente, como ocurre siempre, a las capas sociales más bajas.
G.D.: ¿Es el bono alquiler joven una solución?
C.C.: Evidentemente, no se nos escapa que el bono joven supone hoy por hoy un balón de oxígeno para muchas y muchos jóvenes que sólo con su salario ven imposible acceder a una vivienda y es importante exigir que este recurso llegue en aquellas comunidades autónomas que no lo están gestionando adecuadamente, que son fundamentalmente, Andalucía, Madrid, Galicia y Murcia. Todas, no por casualidad, gobernadas por el PP.
Pero respondiendo a tu pregunta lo cierto es que más que de una solución se trata de un parche, una medida paliativa que no incide en el problema de fondo. En materia de vivienda es especialmente necesario legislar a dos velocidades, planteando medidas urgentes pero que tienen que venir acompañadas de otras estructurales, de calado, y creo que éste es un ejemplo clarísimo, porque una ayuda económica para el pago del alquiler si no llega de la mano de una regulación de precios puede acabar beneficiando a los de siempre: arrendadores que se aprovechen y suban los alquileres. Al fin y al cabo, se trata de una transferencia de dinero público a propietarios.
“Priorizaremos las propuestas relacionadas con el tope a los precios de los alquileres, el impulso de vivienda social y la garantía de que no se destina suelo público a intereses especulativos”
G.D.: ¿Cuáles son las propuestas de política de vivienda de Izquierda Unida?
C.C.: En esta nueva etapa, con la nueva dirección ya constituida, planteamos la política de vivienda como uno de nuestros ejes de intervención prioritarios. Precisamente en las próximas semanas vamos a aprobar un plan de acción para el curso que comienza en el que nos marcamos un objetivo claro: abordar la vivienda como un eje vertebrador que atraviese todas nuestras políticas. Vamos a poner en el centro el derecho al acceso a una vivienda digna y a trabajar en esta dirección desde todos los frentes posibles, tanto a nivel institucional en las tres administraciones como interviniendo en el conflicto, en la calle y, por supuesto, tejiendo alianzas con organizaciones sociales y políticas afines. En cuanto a propuestas concretas, van a ser prioritarias las relacionadas con el tope a los precios de los alquileres, con el impulso de vivienda social y medidas para la emergencia habitacional, y por supuesto políticas que garanticen que no se destina suelo público a intereses especulativos.
“Hay consenso en que todo el mundo debe poder recibir asistencia sanitaria aunque no tenga recursos. El reto es que ocurra lo mismo respecto al acceso a la vivienda”
Pero más allá de lo concreto, aspiramos también a dar una batalla cultural muy importante. Está en juego, y esto es algo que hemos reflexionado mucho últimamente tanto en los espacios de IU como en los del PCE, la construcción de un nuevo sentido común desde la izquierda. Por el momento (a excepción del movimiento feminista que con valentía y esfuerzo ha logrado imponerse) el relato nos lo está ganando la derecha. Pues bien, creo que es trascendental que en ese sentido común por construir, el derecho a la vivienda ocupe un lugar relevante. Del mismo modo que hay consenso, por ejemplo, en torno a que todo el mundo debe poder recibir asistencia sanitaria aunque no tenga recursos económicos y, de hecho, cuando llegan noticias de otros países en los que no es así, nos echamos las manos a la cabeza, el reto es que ocurra lo mismo respecto al acceso a la vivienda. O sea, que se entienda por fin en el imaginario colectivo como un derecho fundamental y no como un bien de mercado.
G.D.: ¿Y hacer del derecho a la vivienda un eje prioritario de acción y discursivo va a llevar a IU a incrementar los desencuentros con el PSOE en el Parlamento?
C.C.: Pues eso dependerá de las medidas legislativas que se pretendan llevar al Congreso, claro. Pero bueno, no creo que al PSOE le sorprenda mucho que Izquierda Unida haga del derecho a la vivienda una de sus banderas, o al menos no debería. Como le gusta decir a nuestro coordinador general, Antonio Maillo: Izquierda Unida es una organización previsible. En el mejor sentido de la expresión.
Nosotros y nosotras ponemos las cartas encima de la mesa y no engañamos a nadie. Con nuestras cartas siempre se va a poder contar para avanzar en derechos, aunque sean avances pequeños y nos frustre mucho que no haya una mayoría parlamentaria en nuestras posiciones para poder llegar más lejos y aplicar nuestro programa. Lo que pasa es que en política de vivienda avanzar en derechos requiere cerrar puertas a la especulación. Si no se cierran, ni hay avance posible ni nos van a encontrar.
“El derecho garantizado a una vivienda digna sólo puede venir de la mano de una propuesta anticapitalista”
G.D.: ¿Cómo se está gestionando el problema de la vivienda en otros países de la Unión Europea?
C.C.: Hay un denominador común en la crisis de la vivienda en Europa: subidas drásticas de precios y vivienda asequible insuficiente para cubrir la demanda creciente. Pero no todos los países están sufriendo el impacto con la misma intensidad porque, evidentemente, el punto de partida es distinto. Los que disponen, por ejemplo, de un parque de vivienda social o asequible consolidado, como es el caso de Austria, están pudiendo dar una mayor y mejor respuesta al problema. Los que tienen leyes de contención de precios del alquiler, como sucede en Francia o Alemania, en cierto modo también. Aunque todos con dificultades, claro. Y en el caso de España, donde no hay regulación de precios ni apenas vivienda asequible o social, sucede que es donde más se ha encarecido la vivienda en el último año y registramos el mayor número de inquilinos en riesgo de pobreza.
En cualquier caso, lo que está quedando en evidencia mirando a Europa es que dentro del capitalismo, ya sea en su vertiente más neoliberal o en la más socialdemócrata, no hay alternativa. El derecho garantizado a una vivienda digna sólo puede venir de la mano de una propuesta anticapitalista.
