El próximo mes de noviembre, la Justicia española juzgará a 21 personas por su presunta participación en la protesta «Rodea el Congreso», que tuvo lugar el 25 de septiembre de 2012. Los acusados se enfrentan a penas que oscilan entre los tres años y ocho meses y los siete años y medio de prisión, sumando un total de 112 años y 5 meses.
La causa, que llega a los tribunales después de 12 años de los hechos, ha generado controversia por varios motivos, según indica la propia Coordinadora 25-S. En primer lugar, por el considerable retraso en el procedimiento judicial, que según algunas voces debería ser motivo suficiente para su archivo. En segundo lugar, por el contraste con el tratamiento judicial de otros casos similares, como los relacionados con el Procés catalán, que han sido beneficiados por la reciente ley de amnistía.
La protesta «Rodea el Congreso» fue convocada por la Coordinadora 25-S en un momento de importante agitación social en España, poco después del surgimiento del movimiento 15M. Los manifestantes denunciaban la corrupción institucional y reclamaban un proceso constituyente para reformar el sistema político español.
La reacción oficial a estas protestas fue contundente. El gobierno del Partido Popular llegó a denunciar ante la Audiencia Nacional a la Coordinadora 25-S por un supuesto intento de asalto a las instituciones del Estado, aunque esta acusación fue posteriormente desestimada por el juez Pedraz. Como respuesta a este tipo de movilizaciones, se impulsó la conocida como Ley Mordaza, contra la cual la propia Coordinadora 25-S organizó las primeras protestas.
La Coordinadora 25-S ha anunciado que organizará una campaña de apoyo a los procesados, que incluirá diversas actividades y charlas informativas. El objetivo es conseguir la anulación de los juicios o, en su defecto, la absolución de todos los acusados.
IU Madrid se hace eco de la noticia calificando el juicio como un ataque político, en consonancia con lo afirmado por la Coordinadora y exigiendo la absolución de los procesados.
La vista oral tendrá lugar entre el 18 y el 28 de noviembre de 2024, y se espera que la Fiscalía pueda proponer un acuerdo que evite el ingreso en prisión de los acusados a cambio del reconocimiento de los hechos.
