La Junta de Andalucía ha presentado sus presupuestos para 2025, dotados con 48.836,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,4% respecto al ejercicio anterior. Aunque el gobierno de Moreno Bonilla destaca una inversión «récord» en sanidad, con un aumento de 986,4 millones de euros, la oposición denuncia que estas cifras enmascaran una acelerada privatización de los servicios públicos.
Según ha denunciado Inmaculada Nieto, portavoz de Por Andalucía, el crecimiento presupuestario destinado a la sanidad privada triplica al de la pública. Un dato especialmente significativo es que 650.000 andaluces serán diagnosticados en empresas privadas de salud durante el próximo año, evidenciando la creciente externalización de servicios sanitarios.
La portavoz recrimina a Moreno Bonilla que el supuesto «crecimiento histórico del presupuesto» sirva para que «las empresas privadas de sanidad y educación se hagan de oro» y no para los servicios públicos.
El ejecutivo andaluz justifica el refuerzo presupuestario como una respuesta a los problemas del sistema sanitario. El propio presidente Moreno ha reconocido por primera vez públicamente que hay aspectos que «no funcionan» en la sanidad pública, admitiendo que los aumentos previos de presupuesto y plantilla no se han traducido en mejoras efectivas del servicio.
Las cifras oficiales contrastan con la realidad en las listas de espera, donde Andalucía se sitúa como la segunda región con mayor tasa de pacientes aguardando una intervención quirúrgica, con una demora media de 169 días. Esta situación, según denuncia la oposición, está siendo aprovechada para derivar pacientes a centros privados, en una estrategia que califican de «privatización encubierta».
La controversia se extiende también al ámbito de la dependencia, donde Nieto advierte que no se reforzarán los equipos de valoración, lo que podría agravar las ya «insoportables» cifras actuales. Este contexto se suma a la reciente investigación judicial por la adjudicación a dedo de casi 300 millones de euros a clínicas privadas mediante contratos de emergencia.
