El salario mínimo interprofesional (SMI) alcanzará los 1.184 euros brutos mensuales en 2025, un aumento del 4,4% (50 euros más) tras el acuerdo bipartito sellado este miércoles entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CC,OO. y UGT. La patronal, una vez más, ha rechazado sumarse al pacto, aunque esta vez mostrando una «voluntad negociadora» inédita, según fuentes del diálogo social. La subida, que afectará a 2,5 millones de trabajadores —el 60% mujeres—, consolida el compromiso del Gobierno de coalición de situar el SMI en el 60% del salario medio, tal como exige la Carta Social Europea.
Con este incremento, el cuarto desde 2018, el SMI acumula una subida del 61%, pasando de los 735,9 euros brutos a los 1.184 actuales. «El diálogo social funciona. Hoy damos una buena noticia a quienes más lo necesitan», celebró la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en un guiño a una semana clave que incluyó la reducción de jornada y el decreto del escudo social.
Los sindicatos, que inicialmente reclamaban un aumento del 5%-6%, aceptaron la propuesta ministerial a cambio de un compromiso: reformar la ley para evitar que las empresas absorban las subidas del SMI recortando pluses y complementos. «No permitiremos que los derechos se diluyan en negocios turbios», advirtió Unai Sordo (CC.OO.). El Ministerio se ha comprometido a abordar esta reforma —junto a otras— en la trasposición de la directiva europea de salarios mínimos, que España tiene pendiente. Para ello, se abrirá una mesa de diálogo en dos meses.
Además, CC.OO. y UGT exigen que los convenios colectivos incorporen de forma automática las subidas del SMI, una medida que blindaría su impacto real. «No es solo cuestión de cantidad, sino de justicia», subrayó Pepe Álvarez (UGT), recordando que el 70% de los beneficiarios son mujeres en sectores precarizados como la hostelería o el cuidado.
La CEOE y Cepyme, que llevan seis años sin avalar ninguna subida del SMI, presentaron una oferta inicial del 3% vinculada a condiciones como ayudas a la agricultura y contratos públicos. Aunque llegaron a insinuar flexibilidad hacia el 3,4% —la banda baja del comité de expertos—, su propuesta quedó lejos del 4,4% gubernamental. Antonio Garamendi, líder de la CEOE, tachó el acuerdo de «incompleto» y criticó la «falta de realismo» de Trabajo en un contexto de tensiones por la reducción de jornada.
Pese a ello, Díaz agradeció la «actitud» patronal, inusual en una negociación marcada por el rechazo frontal de la CEOE a las políticas laborales progresistas. «Su oferta era insuficiente, pero al menos hubo diálogo», admitió la ministra, en un tono conciliador que contrasta con los choques anteriores.
La brecha pendiente: inflación, pluses y precariedad
Aunque el SMI supera por primera vez el umbral del 60% del salario medio, el ajuste del 4,4% en un año con una inflación del 2,8% genera dudas sobre su capacidad para mantener el poder adquisitivo en 2025. Los sindicatos insisten en que, sin una reforma que proteja los complementos, la subida podría quedar en papel mojado. «Muchas empresas convierten el SMI en un techo, no en un suelo», denunció Álvarez.
El Gobierno, por su parte, defiende el acuerdo como un triunfo en su «hoja de ruta social», que incluye desde la prohibición de desahucios hasta la jornada de 37,5 horas. Pero la presión no cesa: las movilizaciones del 2F, convocadas por CC.OO. y UGT contra el bloqueo del escudo social, recordarán que 20 millones de personas siguen pendientes de medidas clave para mejorar sus condiciones materiales.
Mientras, la pregunta flota en el aire: ¿Podrá el SMI seguir subiendo sin consenso patronal? Díaz lo tiene claro: «Los derechos no se negocian. Se garantizan».
