«Con los derechos de la gente no se juega». Bajo esta consigna, CCOO y UGT han llamado a movilizaciones en toda España el próximo 2 de febrero tras el bloqueo en el Congreso del Real Decreto-Ley 9/2024, que incluía la revalorización de pensiones, medidas contra los desahucios y el refuerzo del escudo social. La votación en contra del PP, Vox y Junts —que provocó el desplome inmediato de las protecciones— ha sido calificada por los sindicatos como un «chantaje» que utiliza a «20 millones de personas como rehenes políticos».
El Gobierno respondió este lunes con la aprobación urgente del RDL 1/2025, que recupera la mayoría de medidas, incluyendo la subida del 2,8% en pensiones y el blindaje de las mínimas (entre el 6% y el 9%). Sin embargo, la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y otras ayudas clave, como los préstamos sanitarios de los 90, han quedado fuera del texto. «No aceptamos que se troceen los derechos», advirtió Unai Sordo, secretario general de CC.OO.
El RDL 1/2025, validado ayer en el Consejo de Ministros, garantiza desde el 1 de enero la revalorización de pensiones y medidas fiscales pactadas en la reforma de 2023, además de ampliar la moratoria de desahucios con avales estatales para impagos. No obstante, excluye la ayuda a Ceuta para programas de menores migrantes —una concesión a Junts, según fuentes sindicales— y pospone la extensión del SMI, una demanda histórica de la izquierda.
«El Gobierno cumple en parte, pero la presión de la derecha ha dejado grietas», señaló Pepe Álvarez, líder de UGT. «¿Por qué se prioriza el lobby inmobiliario con incentivos fiscales y no a los trabajadores?». Los sindicatos exigen que las medidas pendientes —agilización de vivienda pública, modernización de pymes y financiación territorial— se aprueben «sin más dilación».
La no convalidación del decreto original ha destapado tensiones en un arco parlamentario fragmentado. Mientras el PSOE acusa a la derecha de «sabotear el Estado del Bienestar», Junts justifica su voto por la «falta de diálogo» en cuestiones territoriales. PP y Vox, por su parte, tachan las medidas de «parche electoralista».
Los sindicatos, sin embargo, insisten en que el bloqueo responde a una estrategia de «desestabilización». «Utilizan el sufrimiento de las familias para erosionar al Gobierno», denunció Sordo. «Pero no contaban con que la calle respondería».
El 2F: la calle como termómetro
Las concentraciones del próximo domingo buscan replicar el éxito de movilizaciones anteriores, como las del 8M o las marchas por las pensiones. «Vamos a vigilar que no se recorte ni un derecho más», reza el manifiesto de CC.OO. y UGT, que ya coordinan acciones con plataformas vecinales y colectivos feministas.
