El Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha sido renovado con más de 460 medidas para reforzar la lucha contra todas las formas de violencia machista. Tras intensos debates, los grupos parlamentarios han concluido los trabajos de actualización del acuerdo, que ahora se someterá a votación en la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Pacto de Estado.
El dictamen cuenta con el respaldo del PSOE, PP y Sumar, pero no de Vox, que una vez más se desmarca de las iniciativas dirigidas a erradicar la violencia de género. Otros grupos, como Bildu, aún no han definido su posición debido a desacuerdos con algunas medidas concretas.
El nuevo documento introduce medidas clave para combatir formas específicas de violencia, como la vicaria, la violencia digital de género y la violencia económica. Además, refuerza la protección frente a la trata y la violencia sexual, ampliando el marco de acción del Pacto más allá de la violencia dentro de la pareja o expareja.
Uno de los avances más relevantes es la incorporación de una perspectiva de infancia en muchas de las medidas, atendiendo a la situación de los hijos e hijas de las víctimas. En este sentido, se han fortalecido iniciativas para garantizar la protección de menores en situaciones de violencia machista y en el ámbito digital, donde el acoso y la intimidación han cobrado una preocupante relevancia.
También se han diseñado medidas específicas para abordar las dificultades particulares que enfrentan las víctimas en el mundo rural y aquellas con discapacidad, así como estrategias para la atención de mujeres españolas víctimas de violencia de género en el extranjero y de mujeres migrantes en territorio español.
Una estructura consolidada con reformas necesarias
El Pacto mantiene los diez ejes fundamentales establecidos en 2017: sensibilización y prevención, coordinación institucional, asistencia y protección de las víctimas, atención a menores, formación, investigación y conocimiento científico, recomendaciones para administraciones locales y autonómicas, lucha contra las violencias fuera de la pareja, compromiso económico y evaluación de las medidas.
Además de actualizar medidas preexistentes, el dictamen introduce reformas legislativas necesarias para hacer efectivos los compromisos adquiridos. Entre ellas, destaca la posible modificación del Código Penal para endurecer las penas a agresores y mejorar la protección de las víctimas.
Con el documento finalizado, la Subcomisión ha decidido elevarlo a la Comisión, abriendo un plazo de 72 horas para la presentación de votos particulares. Posteriormente, el informe final se debatirá en la Comisión de Evaluación y Seguimiento antes de ser ratificado en el Pleno del Congreso. La renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género tendrá una vigencia de cinco años, al igual que el acuerdo original de 2017.
Esta renovación supone un avance crucial en la protección de las mujeres y la infancia frente a la violencia de género. Sin embargo, el compromiso político y social debe continuar para garantizar la implementación efectiva de estas medidas y seguir avanzando hacia una sociedad libre de violencia machista.
