Miles de personas han salido a la calle este sábado en toda España para exigir soluciones urgentes a la crisis de la vivienda que afecta a decenas de miles de familias. Convocadas por los sindicatos de inquilinas bajo el lema «Acabemos con el negocio de la vivienda», las manifestaciones se han replicado en más de cuarenta ciudades con reivindicaciones claras: una reducción inmediata del 50% en el precio de los alquileres, la recuperación de los contratos indefinidos, la movilización de viviendas vacías y turísticas, la prohibición de la compra especulativa de inmuebles y el fin de los grupos de desokupación.
La jornada de protestas ha comenzado por la mañana en Málaga, donde la marcha ha partido de la Plaza de la Merced y ha recorrido varios barrios afectados por la gentrificación y el alza de los alquileres. En Madrid, desde primeras horas se han escuchado consignas como «Los caseros nos roban el sueldo» y «Rentistas, culpables. Gobiernos, responsables». Los manifestantes han desplegado pancartas en la Gran Vía con mensajes dirigidos a la Sareb, exigiendo negociación colectiva. La policía ha intervenido en un momento de tensión cuando un grupo intentaba colocar una lona en uno de los edificios.
La asistencia ha sido masiva en todo el país. En la capital, la Delegación de Gobierno ha cifrado la participación en 15.000 personas, mientras que los organizadores la han elevado a 100.000. En Logroño, Murcia, Baleares y el País Vasco, miles de ciudadanos también han salido a exigir medidas urgentes para garantizar el acceso a una vivienda asequible. En Donostia, las protestas han incluido cánticos como «Rentistas y empresarios se llevan mi salario» y «Vivienda gratuita y universal».
Las huelgas de alquiler han sido una de las herramientas clave que los sindicatos de inquilinas han puesto sobre la mesa. «Cuando nos organizamos, somos indesahuciables», ha declarado una portavoz, recordando cómo algunas comunidades han conseguido reducir sus alquileres mediante la resistencia colectiva. En Cataluña, se ha anunciado una huelga de alquileres contra La Caixa, el mayor propietario de vivienda de la Comunidad.
Desde el ámbito político, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado que comparte la reivindicación de que la vivienda «debe ser para vivir y no para especular». Sin embargo, los colectivos de vivienda denuncian que las medidas gubernamentales han sido insuficientes y exigen cambios estructurales para frenar la especulación inmobiliaria.
Las movilizaciones de este sábado han sido una muestra de que el problema de la vivienda sigue en el centro del debate social. Ante la falta de medidas contundentes por parte de las administraciones, los sindicatos de inquilinos advierten que continuarán con sus acciones para frenar los abusos del mercado inmobiliario y garantizar el derecho a una vivienda digna para todos.
