Una iniciativa de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), integrada por decenas de organizaciones sociales y de solidaridad, ha sido formalmente registrada en el Congreso como proposición de ley por varios grupos parlamentarios. El texto plantea la reforma de la ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, con el fin de establecer procedimientos claros y eficaces para aplicar embargos de armas cuando existan indicios fundados de crímenes internacionales como el genocidio, los crímenes de guerra o de lesa humanidad.
La proposición ha sido impulsada y firmada por Izquierda Unida, los Comunes, Compromís, el BNG, Movimiento Sumar y Podemos. Aunque inicialmente también figuraba ERC entre los firmantes, la formación catalana decidió finalmente retirarse de la iniciativa. Durante la presentación del texto, el diputado Enrique Santiago, de IU, recalcó que no se trata de una propuesta partidista, sino de una solicitud de un amplio tejido de la sociedad civil organizada que exige un posicionamiento claro frente al genocidio en Gaza.
La RESCOP, impulsora de esta iniciativa, “es un colectivo muy activo y muy preocupado por el genocidio que se está cometiendo ante los ojos de la comunidad internacional, y con la pasividad de la comunidad internacional”, señaló Santiago, quien subrayó que la legislación española actual carece de mecanismos ejecutivos definidos para impedir exportaciones e importaciones de armamento en contextos de graves violaciones de derechos humanos.
La reforma planteada busca incorporar explícitamente en la ley el concepto de embargo de armas, así como los procedimientos necesarios para su ejecución, incluyendo inspecciones en puertos, aeropuertos y otros medios de transporte. Esta precisión legal permitiría evitar que armas o material bélico que transite por territorio español pueda ser utilizado para alimentar conflictos como el actual en Palestina.
Enrique Santiago también se refirió a otro de los problemas que, según denunció, sigue sin resolverse: el tránsito de barcos cargados de armas, habitualmente procedentes de Estados Unidos y con destino a Israel. Aunque aseguró que se ha conseguido que estos buques no hagan escala en puertos españoles, advirtió que continúan recalando en terminales cercanas, lo que evidencia, en su opinión, la necesidad de reforzar los controles y la legislación aplicable.
La iniciativa busca garantizar que España cumpla de manera efectiva con la Posición Común 944/2008 de la Unión Europea, que establece criterios estrictos sobre la exportación de armamento en relación con los derechos humanos. Santiago subrayó que no debería permitirse ningún tipo de envío o recepción de materiales susceptibles de contribuir a la comisión de crímenes internacionales, ni facilitar operaciones a empresas israelíes implicadas, directa o indirectamente, en el actual ataque contra la población palestina.
En paralelo, presentarán una iniciativa para que el Parlamento español inste al Gobierno a sumarse a una caravana humanitaria internacional con destino a Gaza. Esta propuesta surge tras las declaraciones del secretario general de la ONU, António Guterres, en las que denunció que la ayuda humanitaria a Gaza “no es negociable”. En ese sentido, se plantea que la caravana no esté formada por ONG, sino por representantes institucionales, diplomáticos y cargos públicos, para ejercer presión política y mediática.
Preguntado por las recientes palabras de Podemos sobre un “Gobierno de la guerra”, Enrique Santiago subrayó que la proposición de ley ha sido registrada por varios grupos parlamentarios, entre ellos IU, los Comunes, Compromís, BNG, Sumar y Podemos, lo que demuestra una voluntad compartida de frenar la complicidad con el genocidio en curso en Gaza.
También se refirió a la reciente polémica sobre la participación de Israel en el festival de Eurovisión, recordando que España fue uno de los primeros países en plantear su exclusión del certamen, y que otros como Noruega, Irlanda o Bélgica se han sumado a ese reclamo. Ante la falta de una decisión colectiva por parte de la Unión Europea de Radiodifusión, se instará a RTVE a que utilicen los minutos de la actuación para visibilizar la situación en Gaza, ya sea mediante imágenes de la devastación o con una intervención de un representante del pueblo palestino.
Las iniciativas presentadas, en definitiva, no solo buscan cerrar lagunas legales, sino también enviar un mensaje político claro: es imprescindible que España se sitúe firme contra cualquier forma de complicidad con crímenes internacionales, fortaleciendo los mecanismos que garanticen el respeto a los derechos humanos y la justicia global. La propuesta de la RESCOP, que se encuentra en trámite parlamentario, aspira a convertirse en un símbolo de compromiso con la paz y la solidaridad, reforzando la responsabilidad del Estado en el control riguroso de la exportación de armas y promoviendo acciones humanitarias que visibilicen y apoyen a las víctimas del conflicto. En este contexto, la exigencia de medidas contundentes, tanto en el ámbito legislativo como en la esfera pública y cultural, evidencia la urgencia de construir un marco ético que marque un antes y un después en la política española hacia las violaciones de derechos humanos en el extranjero.
