La proposición de ley presentada por el PSOE para permitir la disolución de asociaciones franquistas ha sido transformada por completo en el Senado, donde el Partido Popular ha impuesto su mayoría para modificar su contenido original. Lo que nació como una reforma de la Ley de Asociaciones para adaptarla a la Ley de Memoria Democrática se ha convertido, tras la aprobación del dictamen este lunes en la Comisión Constitucional, en una reforma del Código Penal centrada en la ilegalización de asociaciones que enaltezcan el terrorismo o humillen a sus víctimas.
La semana pasada, el PP ya reescribió la ley a través del informe de ponencia, y ahora ha ratificado sus cambios con el dictamen que será elevado al pleno de la Cámara Alta. Allí, previsiblemente, saldrá adelante sin dificultades gracias a la mayoría absoluta del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, la norma deberá volver después al Congreso, donde la mayoría que apoyó la investidura de Pedro Sánchez podría revertir los cambios y restaurar el texto original.
La propuesta inicial del PSOE buscaba cumplir con la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, que instaba a modificar la ley orgánica reguladora del derecho de asociación para incluir como causa de disolución la apología del franquismo. Esta reforma respondía también a la preocupación por posibles intentos de entidades como la Fundación Francisco Franco de convertirse en asociaciones para evitar su extinción, dado que las fundaciones están bajo la supervisión directa del Ministerio de Cultura.
El nuevo texto impulsado por el PP elimina toda referencia a la dictadura franquista y pone el foco en las organizaciones vinculadas con el terrorismo, recuperando el discurso de confrontación con el entorno de ETA. Los populares han justificado el cambio apelando a la supuesta inconstitucionalidad de la norma original, respaldándose en un informe de los letrados del Senado. En lugar de tocar la Ley de Asociaciones, el dictamen plantea añadir un nuevo supuesto de asociación ilícita en el Código Penal, aplicable a grupos que promuevan regímenes totalitarios mediante violencia o amenazas, sin aludir expresamente al franquismo.
Durante el debate, el senador socialista Antonio Magdaleno Alegría acusó al PP de incurrir en «trilerismo parlamentario» por usar su mayoría para hacer lo que calificó de “cambiazo de leyes” que, en su opinión, busca evitar un posicionamiento claro respecto a la disolución de organizaciones franquistas.
Aunque el futuro inmediato de la ley está marcado por la previsible devolución del texto al Congreso, el movimiento del PP evidencia su estrategia de reorientar el debate desde el terreno de la memoria democrática hacia el de la seguridad y la lucha contra el terrorismo, desactivando así la carga simbólica de la iniciativa original.
