La agresión de la entidad sionista a Palestina no comenzó el 7 de octubre de 2023: sus raíces se hunden en una trama de ambiciones territoriales que se remontan, cuando menos, a finales del siglo XIX. En el Primer Congreso Sionista, celebrado en Basilea en 1897, se trazó un proyecto expansionista que aspiraba a englobar bajo una misma bandera el territorio comprendido entre el Éufrates y el Nilo: “el Gran Israel”. Las dos franjas que escoltan hoy a la estrella de David en la bandera israelí serían la concreción simbólica de aquel sueño geopolítico: la conversión de Palestina, Siria, el Líbano, la península del Sinaí y buena parte de Iraq y Jordania en una sola entidad política judía.
Desde aquella visión fundacional, el sionismo oficial ha oscilado entre el pragmatismo —acceso a un Estado viable en 1948— y la pulsión maximalista de la creación del “Gran Israel” desde el Río Eúfrates hasta el Nilo, nunca abandonada por completo. La fase actual, marcada por la devastación y el exterminio masivo e indiscriminado de la población palestina de Gaza, proporciona un inmediato recordatorio de aquel designio: una campaña de bombardeos masivos y un asedio medieval que, en apenas unos meses, se ha cobrado la vida de decenas de miles de personas, la mayoría niños y niñas, vulnerables ante la falta de agua, alimento y medicinas. Nada permite sostener un discurso de equidistancia: quienes se reclaman “ni con unos ni con otros” ocultan, en realidad, una complicidad vergonzante con el agresor, pues Estados Unidos y sus aliados han financiado y diplomáticamente blindado a Israel mientras su maquinaria de guerra aplasta la Franja.
Un plan de limpieza étnica
La victoria electoral de Donald Trump ha reavivado las fantasías de los sectores más radicales del Gobierno de Benjamin Netanyahu. El ex presidente norteamericano volvió a plantear, sin sonrojo, la “expulsión voluntaria” de la población palestina de Gaza hacia el Sinaí egipcio, Jordania, Marruecos o incluso Somalia, proponiendo transformar el enclave costero en un parque temático para turistas. La idea reviste un carácter colonial extremo: un enclave turístico sin sus habitantes originarios, expulsados de su propia tierra en virtud de un plan de limpieza étnica.
Esta política de exterminio progresivo remite a las peores liturgias del colonialismo: la privación sistemática de recursos básicos con el fin de forzar el éxodo.
Netanyahu, por su parte, ha anunciado públicamente la intención de conquistar toda la Franja de Gaza y “quedarse para siempre”. Su estrategia no se limita a un retiro forzado de la población bajo la coacción de bombardeos: contempla para quienes rechacen emigrar “voluntariamente” abandonando su tierra, el confinamiento en un territorio reducido al sur de Gaza, a esperar a que la inanición, la sed o la enfermedad y la falta de tratamiento médico “resuelva el problema”. Esta política de exterminio progresivo remite a las peores liturgias del colonialismo: la privación sistemática de recursos básicos con el fin de forzar el éxodo.
Sin embargo, aunque sobre Netanyahu pesa una orden de detención de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad, él no es el único problema. Paradojas de la política, él y su partido se han erigido como las voces “moderadas” de la coalición gobernante, frente a sectores ultranacionalistas de corte abiertamente nazi, como Itamar Ben Gvir o Bezalel Smotrich.
Todos los integrantes de esta coalición —y prácticamente la totalidad de los colonos— forman parte de un sistema cuya lógica expansionista y colonial está inscrita en su ADN. El problema de fondo no es tanto Netanyahu, sino Israel como entidad, como aparato político-militar que legitima la colonización y el apartheid bajo la coartada de una “guerra contra el terrorismo”.
Cooperación europea
Resulta inconcebible la pasividad de la Unión Europea ante este genocidio. Cuando Rusia invadió Ucrania, la UE desplegó sanciones sin precedentes antes de que los tanques cruzaran la frontera; hoy, sin embargo, mantiene intactos sus acuerdos de asociación privilegiada con Israel, le permite seguir accediendo a fondos de I+D (programas como Horizon+) y financia a empresas que fabrican los drones responsables del asesinato de miles de niños palestinos. Es una triple actuación: cooperación académica, económica y militar con un régimen que viola sistemáticamente el Derecho Internacional y los derechos humanos más elementales.
La agresión israelí va más allá de Gaza. En Cisjordania, los asentamientos de colonos violentos se multiplican bajo protección militar, expulsando familias palestinas de sus hogares y confiscando tierras agrícolas, con el objetivo de frustrar la viabilidad de un futuro Estado palestino. Jerusalén Este, ancestral capital histórica y eterna de Palestina, padece expulsiones, demolición de viviendas y restricciones draconianas de movimiento, que cercenan la vida cotidiana de sus habitantes.
En el sur del Líbano, Israel ocupa cinco colinas estratégicas que dominan la región y le permiten bombardear impunemente el resto del Líbano cuando lo desea. Paralelamente, la ocupación ilegal israelí se expande en Siria, más allá del Golán, sin que Damasco –gobernado por la cúpula salafí golpista alineada con Estados Unidos, Turquía y Arabia Saudí- ose plantar cara
En otro frente, el Gobierno israelí ha declarado “personae non gratae” a António Guterres y a toda la ONU, acusándola de servir a Hamás en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este y, en el Líbano, a Hizbollah. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA, es objeto de hostigamiento, ilegalización y expulsión
Frente a esta realidad, la comunidad internacional no puede quedarse en meras declaraciones de condena ni en tibias llamadas al cese del fuego. Es hora de aplicar sanciones económicas y diplomáticas, suspender los acuerdos bilaterales y exigir responsabilidades penales por crímenes de guerra y genocidio ante tribunales internacionales.
Resulta imprescindible reconocer que la presión ciudadana marca la diferencia. Las movilizaciones, las campañas de boicot a productos israelíes y las acciones de desinversión y sanciones contra quienes, de un modo u otro, apoyen o financien la ocupación pueden inclinar la balanza.
Cualquier discurso que pretenda mantenernos al margen equivale a legitimar la última operación de exterminio contra el pueblo palestino
Frente a la equidistancia: presión, presión y más presión
El futuro de Oriente Medio descansa en un delicado equilibrio entre la justicia histórica y la realpolitik ante el que la equidistancia resulta inaceptable. La justicia, el Derecho Internacional, el respeto a los derechos humanos y la defensa de la causa de la humanidad deben primar sobre intereses económicos o geopolíticos.
Es imprescindible que la comunidad internacional y sus organismos —empezando por la ONU— reconozcan el derecho inalienable del pueblo palestino a decidir sobre su propia tierra desmontando el proyecto del “Gran Israel”.
La pervivencia de un sistema o régimen supremacista, erigido sobre los cadáveres de un pueblo y las ruinas de una civilización, es incompatible con una paz que no sea la paz de los cementerios. Cualquier discurso que pretenda mantenernos al margen equivale a legitimar la última operación de exterminio contra el pueblo palestino, al servicio de un sueño colonial que comenzó hace más de un siglo.
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EL PESO DE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL Y LA PRESIÓN DE IZQUIERDA UNIDA PARA FRENAR EL NEGOCIO DE LA GUERRA
Izquierda Unida ha demostrado su fuerza política al forzar la anulación de un contrato de munición para la Guardia Civil valorado en más de seis millones de dólares. Antonio Maíllo, como coordinador general, y Enrique Santiago, secretario general del PCE y portavoz parlamentario de IU en el Congreso, advirtieron al presidente Sánchez de que la no cancelación del contrato de compra de esta munición desembocaría en una crisis de gobierno. La respuesta de Pedro Sánchez, desautorizando a Fernando Grande-Marlaska y paralizando el contrato, confirmó el peso de IU en la toma de decisiones, gracias a su firmeza.
Pero IU no se quedó ahí: Enrique Santiago ha presentado denuncias políticas en el Congreso y cuatro querellas ante la Audiencia Nacional cada vez que se ha detectado que puertos españoles iban a ser utilizados para el tránsito de armas a Israel. Gracias a esas denuncias y al seguimiento parlamentario, ningún buque cargado de material bélico ha podido atracar en nuestros puertos.
Estas victorias institucionales se sustentan en la movilización social. La sociedad civil y, principalmente la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) ha organizado concentraciones, marchas y campañas de boicot junto a movimientos, organizaciones y colectivos de derechos humanos, generando una presión importante que ha hecho posible que las acciones políticas y legales de IU contra la normalización del tráfico de armamento hayan dado sus frutos. La combinación de acción parlamentaria y respaldo ciudadano ha marcado la hoja de ruta.
Para consolidar estos avances, Izquierda Unida propone reformar la Ley de Contratos del Sector Público, reforzar la transparencia en compras militares y desvincular a España de regímenes autoritarios. Solo así se transformarán victorias puntuales en políticas permanentes que garanticen el respeto al derecho internacional y avancen hacia una seguridad basada en la paz y la justicia global.
