Con la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a Cristina Fernández de Kirchner, se confirma lo que en América Latina muchos ya sabían por experiencia: los golpes de Estado ya no necesitan tanques. No se imponen con fusiles ni decretos de excepción, sino con togas, titulares y operadores judiciales que actúan como brazos ejecutores del poder económico, mediático y político tradicional. Lo que antes irrumpía por la fuerza, hoy se disfraza de legalidad.
Este nuevo formato de interrupción del orden democrático se conoce como lawfare, y es, sin duda, el golpe blando de nuestro tiempo: silencioso, técnico, sofisticado. No hay bombardeos ni secuestros, pero hay persecuciones, proscripciones y escarmientos públicos. No hay campos de concentración, pero sí condenas judiciales que imposibilitan que los pueblos vuelvan a elegir a quienes ya eligieron. Y lo más grave: todo sucede en nombre del Estado de derecho, que así se convierte en su propia caricatura.
El lawfare como golpe posmoderno: de América Latina a Europa
Los golpistas de hoy han evolucionado. Ya no necesitan uniformes ni tanquetas. Hoy operan desde dentro del sistema, con jueces, fiscales y medios de comunicación actuando como actores políticos, bajo una fachada de neutralidad institucional. El Lawfare es una estrategia cada vez más sofisticada que desfigura el orden democrático sin violencia física, pero con una brutalidad simbólica e institucional que neutraliza adversarios, intimida disidentes y limita el campo de lo políticamente posible.
En América Latina, esta táctica se ha desplegado con particular intensidad en las últimas dos décadas:
- En Brasil, Dilma Rousseff fue destituida en 2016 en un proceso sin delito, en lo que fue sin duda un “golpe institucional”. Su antecesor, Lula da Silva, fue condenado y encarcelado por el juez Sérgio Moro —posteriormente ministro de Justicia de Bolsonaro— en un proceso plagado de irregularidades. En 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló las condenas, reconociendo la parcialidad del juicio.
- En Ecuador, Rafael Correa fue condenado en ausencia por “influjo psíquico” en un caso que carece de pruebas directas y ha sido denunciado por organismos como el CEPR como un claro ejemplo de Lawfare para impedir su retorno político.
- En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner ha sido blanco de una campaña judicial-mediática sostenida. La condena dictada en 2022 ha sido interpretada por amplios sectores como una maniobra para proscribirla políticamente. Su frase lo resume todo: “No me condenan por ladrona, me condenan por peronista.”
- Casos como los de Manuel Zelaya en Honduras (2009) o Fernando Lugo en Paraguay (2012) muestran cómo las destituciones parlamentarias o judiciales pueden operar como golpes de Estado, aún dentro de marcos legalistas, cuando el objetivo es interrumpir gobiernos democráticamente elegidos.
Lawfare en España: una ofensiva judicial con orientación política
Este modelo ha cruzado el Atlántico. En España, el lawfare no es una amenaza latente: ya está en marcha. La ofensiva judicial contra el Gobierno progresista y contra sectores del soberanismo catalán y la izquierda transformadora es prueba de ello.
- La persecución al presidente Pedro Sánchez mediante causas abiertas contra su esposa Begoña Gómez —sin base jurídica firme— o las recientes filtraciones y señalamientos contra su hermano, muestran una estrategia de acoso personal y desgaste institucional. El objetivo no es judicial, sino político: deslegitimar a un gobierno al que la derecha nunca consideró legítimo.
- La campaña para desacreditar al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, no busca proteger la independencia judicial, sino blindar al entorno de Isabel Díaz Ayuso, en particular a su pareja investigada por corrupción. Al mismo tiempo, se pretende socavar la autoridad del Ejecutivo mediante una guerra institucional prolongada.
