Urgen medios y personal para tramitar la prestación

Hay que garantizar que la cobertura del Ingreso Mínimo Vital sea una realidad

El Ingreso Mínimo Vital es demasiado importante como para externalizar su gestión.
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En el Informe aprobado de la Comisión Política del PCE, del pasado 5 de septiembre, se contenía, entre otras cuestiones, una seria preocupación por la configuración del Escudo Social frente a las consecuencias económicas y sociales como consecuencia de la pandemia provocada por la COVD -19, en uno de sus pilares importantes como es la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Y es que se han detectado un sinnúmero de problemas que imposibilitan que quienes lo necesitan puedan solicitar esta prestación. Entre los más destacados se encuentran desde la problemática de la gestión que están padeciendo cuantos tratan de tramitar la prestación, los problemas planteados por los requisitos exigidos o la forma de acreditarlos, la concurrencia de plazos para reconocer el carácter retroactivo al 1 de junio, lo que en definitiva cuestiona el conjunto del sistema de la prestación.

Los problemas detectados se recogen en cifras: El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha recibido cerca de 750.000 solicitudes, de las que solo se han aprobado menos del 1 %, unas 6.000 a 17 de agosto, que se suman a las 74.119 ayudas que la Seguridad Social empezó a pagar de oficio el 26 de junio a los perceptores más pobres, en sustitución de la prestación por hijo a cargo.

Las cifras no se compadecen con la urgente necesidad de todas aquellas personas que ya venían sufriendo una situación insostenible y de extrema vulnerabilidad antes de la pandemia, a lo que se suma las unidades familiares que han sufrido una pérdida de ingresos como consecuencia de la aparición y evolución de la pandemia o, incluso de las medidas que se han tenido que adoptar o que deberán serlo.

A lo anterior, hay que añadir las decisiones adoptadas por administraciones autonómicas que derivan al IMV a los perceptores de sus ayudas o que amenazan con retirarlas a quienes soliciten esta nueva prestación. En este sentido tenemos datos contrastados en territorios como Madrid, Extremadura, Galicia, Asturias, Andalucía, etc…).

El Ingreso Mínimo Vital es demasiado importante como para externalizar su gestión. No puede discriminarse esta prestación de la Seguridad Social del resto de las que gestiona el INSS y la TGSS, porque los servicios públicos estables han de gestionarse directamente por personal público.

Partimos de que el IMV es la plasmación concreta de un acuerdo básico contenido en el Acuerdo para un Gobierno Progresista firmado entre PSOE y Unidas Podemos, y en cumplimiento de los acuerdos programáticos que sustentan el actual Gobierno, se aceleró la implementación de la medida ante las urgencias planteadas por la crisis sanitaria y sus consecuencias. Venciendo resistencias, se aprobó el Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital. Si bien, de forma urgente y acelerada por las circunstancias impuestas en una situación de crisis sanitaria, económica y social a consecuencia de a COVID -19.

Y es a 6 meses de la declaración del estado de alarma y a tres de la aprobación del IMV que se evidencia la inmediata implementación de las siguientes medidas, entre otras:

-El refuerzo de las plantillas públicas del INSS y a TGSS para la tramitación de las solicitudes de la prestación.

-La dotación con medios suficientes de las oficinas públicas para garantizar la atención presencial de quienes solicitan las prestaciones. Así como el refuerzo de medios para garantizar que las llamadas telefónicas se atienden y las plataformas digitales no se “cuelgan”.

-La flexibilización de los requisitos para acceder a la prestación atendiendo las nuevas realidades aparecidas como consecuencia de la COVID -19.

-La agilización de la tramitación de los expedientes cruzando la información de los solicitantes sobre sus situaciones de manera previa, lo que ahorra el tener que buscar una documentación que ya consta en diferentes administraciones.

-La denuncia de aquellas Comunidades Autónomas que están retirando sus ayudas de rentas mínimas y derivando al IMV, porque es contrario a lo que esta prestación contemplaba desde el principio.

Sobre las premisas anteriores vamos a seguir trabajando desde el conjunto de las estructuras de nuestro Partido para garantizar que la cobertura del Ingreso Mínimo Vital sea una realidad, porque un derecho ya lo es.

Secretaría de Área Externa del Comité Central del PCE

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