La Inspección de Trabajo ha iniciado una investigación a Uber Eats por seguir operando con repartidores autónomos, a pesar de la legislación vigente que obliga a contratarlos como asalariados. El procedimiento se abre justo después de que Glovo, hasta ahora la principal plataforma en resistencia, completara el pasado 1 de julio el cambio a un modelo laboral, tras años de presiones judiciales y sanciones administrativas.
La Ley Rider, en vigor en España desde 2021, establece que los repartidores de plataformas digitales deben ser contratados como trabajadores por cuenta ajena. La normativa fue diseñada para combatir el uso extendido de falsos autónomos en el sector del reparto a domicilio, una práctica ampliamente denunciada por sindicatos y organismos laborales. En 2024, una directiva europea reforzó esta obligación, obligando a todas las plataformas de reparto de la UE a formalizar relaciones laborales con sus trabajadores.
Con la transformación de Glovo —que ha contratado a 14.000 repartidores hasta la fecha—, Uber Eats se ha quedado como la única gran plataforma de reparto que mantiene el modelo de autónomos. Esta situación ha provocado que las autoridades laborales centren ahora su atención en la compañía, que forma parte del grupo estadounidense Uber.
Uber Eats ya había suspendido temporalmente su modelo de autónomos en 2021 para adaptarse a la Ley Rider, pero posteriormente volvió a implementarlo con lo que describe como un “modelo híbrido”. Según la empresa, este sistema ofrece a los repartidores la opción de operar como empleados de flotas subcontratadas o como autónomos, bajo condiciones que supuestamente garantizan autonomía y flexibilidad, como fijar sus propias tarifas o decidir qué pedidos aceptar.
La reapertura de este modelo ha vuelto a colocar a Uber Eats en el punto de mira. La Inspección de Trabajo investiga ahora si esta fórmula cumple con la legislación laboral española y europea, o si, como ya ocurrió en múltiples ocasiones con Glovo, se trata de una estrategia para eludir la obligación de contratar a los repartidores como asalariados.
El Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, ya había advertido que ninguna empresa puede operar al margen de la normativa. La vicepresidenta segunda ha reiterado recientemente este mensaje en sus redes sociales, recalcando que “la ley está para cumplirse” y que un repartidor que trabaja en bicicleta con una mochila no puede ser considerado autónomo.
El caso de Glovo, adquirido por el grupo alemán Delivery Hero, ha sido paradigmático en esta transformación. La empresa anunció su cambio de modelo tras una investigación judicial abierta en Barcelona y tras haber acumulado sanciones por vulnerar los derechos de los trabajadores. Desde principios de junio, Glovo comenzó a enviar propuestas de contratación a más de 34.000 repartidores activos en los últimos años, aunque menos de la mitad ha aceptado formalmente la oferta hasta ahora.
Para cubrir la demanda en las más de 900 ciudades donde opera, Glovo también ha empezado a trabajar con flotas subcontratadas. Aunque esta fórmula no convence a parte del colectivo de repartidores y a los sindicatos, la empresa asegura que velará para que los trabajadores de esas flotas estén correctamente contratados.
Mientras tanto, Uber Eats se enfrenta ahora a una investigación que podría derivar en nuevas sanciones o requerimientos legales. La evolución del caso marcará el futuro inmediato del sector del reparto a domicilio en España, en un entorno cada vez más regulado por normativas que buscan frenar la precariedad laboral en las plataformas digitales.
