El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en segunda vuelta, el proyecto de ley que transformará profundamente la atención a la dependencia y a la discapacidad en España. La iniciativa, que inicia ahora su tramitación parlamentaria, ha sido calificada por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, como “la reforma social de mayor calado de esta legislatura”, y supone un compromiso firme del Ejecutivo con la protección de los derechos sociales y el bienestar de la ciudadanía.
Bustinduy ha defendido que esta ambiciosa reforma es “necesaria” ante el reto demográfico que supondrá el progresivo envejecimiento de la población y el aumento de personas dependientes. “Queremos dejar atrás la época oscura de los recortes y construir un sistema de cuidados público, moderno y de calidad”, ha subrayado el ministro, que ha mostrado su confianza en que la norma reciba un amplio respaldo parlamentario. “Soy optimista y creo que saldrá adelante por unanimidad”, ha asegurado.
Entre las medidas más relevantes del proyecto, destaca la ampliación de las ayudas domiciliarias a nuevas tareas como el acompañamiento al médico o la compra, el reconocimiento de la teleasistencia como un derecho universal y la supresión de incompatibilidades que limitaban el acceso simultáneo a distintas prestaciones. Además, se facilitarán servicios transitorios mientras se tramitan los recursos solicitados y se incrementará la protección económica a cuidadores, incluyendo personas del entorno cercano como vecinos o amigos.
En materia de discapacidad, la ley prohibirá la discriminación en seguros de salud y vida, reconocerá automáticamente un grado del 33% de discapacidad a las personas con dependencia de grado I y establecerá una vía preferente para el reconocimiento del 65% en grados más elevados. También se obligará a las comunidades de vecinos a tramitar ayudas para obras de accesibilidad si lo solicita una persona con discapacidad, una medida que busca responder a las más de 100.000 personas que hoy permanecen confinadas en sus casas por barreras arquitectónicas.
La reforma refuerza asimismo el derecho a permanecer en el entorno elegido, recibir una atención libre de sujeciones y acceder a una atención sanitaria garantizada, con independencia del lugar de residencia. Entre los nuevos servicios que se impulsarán figuran los apoyos en viviendas compartidas, el préstamo de productos de apoyo (sillas de ruedas eléctricas, andadores o asistentes de voz) y la consideración de la asistencia personal como un servicio básico.
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado el reparto de 783 millones de euros entre las comunidades autónomas para financiar el Sistema de la Dependencia. Bustinduy ha recalcado la voluntad del Gobierno de continuar aumentando esta financiación, que se ha triplicado desde 2014, y de cumplir con los compromisos del Acuerdo de Gobierno. “Nuestra vocación es consolidar un derecho universal al bienestar y a la vida independiente, con más recursos, menos burocracia y más tecnología al servicio de las personas”, ha afirmado.
El ministro ha subrayado que la elaboración del texto ha contado con “el mayor consenso posible” entre comunidades autónomas, órganos consultivos y entidades de la sociedad civil. “Estamos transformando el Sistema de la Dependencia con reformas pensadas para los desafíos del presente y del futuro. Hoy damos un paso decisivo hacia un país más justo, más inclusivo y más digno”, ha concluido Bustinduy.
