Juana Rivas ha entregado este viernes a su hijo menor, Daniel, de 11 años, a su padre, Francesco Arcuri, en cumplimiento de una orden judicial que obliga al menor a regresar a Italia. La entrega, que se ha realizado bajo estrictas medidas de privacidad en la sede judicial de La Caleta, en Granada, pone fin —al menos por ahora— a una larga batalla legal y social protagonizada por Rivas y su entorno, que han intentado hasta el último momento evitar el traslado del menor por los riesgos para su integridad física y psicológica.
El regreso de Daniel con su padre se ha producido a pesar de los esfuerzos del equipo jurídico de Rivas, del testimonio del propio menor y de las denuncias de su hermano mayor, Gabriel, de 19 años, que vive con Juana en Granada desde 2022. Gabriel ha interpuesto una denuncia por acoso contra Arcuri y ha enviado varias cartas alertando de la situación de su hermano. El menor, que desde Navidad residía con su madre por decisión de la justicia española, había manifestado su temor a regresar con su padre y se negó a marcharse el pasado martes, lo que obligó a posponer la entrega y a establecer un nuevo protocolo para proteger su bienestar emocional.
Ese primer intento de entrega provocó escenas de tensión y una fuerte exposición mediática, cuando Daniel caminó entre cámaras escoltado por su madre, visiblemente afectada, hasta el punto de necesitar asistencia médica. La magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 3 denunció entonces la “sobreexposición innecesaria y altamente nociva” sufrida por el menor, y ordenó que la entrega se realizase este viernes con acceso restringido y presencia exclusiva de la madre, su abogado y personal técnico especializado.
El traslado se ampara en una resolución judicial italiana que concede la custodia en exclusiva a Francesco Arcuri, ratificada el pasado febrero, y en el Reglamento europeo 1111/2019, que obliga a los Estados miembros a ejecutar las decisiones judiciales adoptadas por otros países de la UE. Aunque la justicia española había concedido una medida cautelar que mantenía al menor en el país, esta perdió validez recientemente cuando el tribunal accedió a cumplir con el requerimiento italiano.
El caso, sin embargo, está lejos de cerrarse. Arcuri debe sentarse en el banquillo el próximo 18 de septiembre en Cagliari, acusado de maltrattamenti in famiglia. La Fiscalía italiana ve indicios de violencia familiar, y tanto Daniel como Gabriel figuran como testigos principales. Esta circunstancia había sido utilizada por la defensa de Rivas para intentar frenar el traslado, sin éxito. “Nos parece increíble que un niño de 11 años llegue al tribunal de la mano de su padre acusado de maltratarlo”, han manifestado sus abogados, que aseguran que la batalla judicial continúa ahora en Italia.
Desde el entorno de Rivas recuerdan además que Arcuri fue condenado en España por violencia de género en 2009 y denuncian que el sistema judicial italiano se ha basado en el controvertido síndrome de alienación parental (SAP) para otorgarle la custodia. Este concepto, rechazado por organismos internacionales y previsto para su eliminación en la próxima ley de infancia española, ha servido para sostener que Rivas manipuló a sus hijos para ponerlos en contra de su padre, mientras que el tribunal de Cagliari la considera incapaz de ejercer la custodia.
A este complejo escenario se suma una nueva causa abierta contra Juana Rivas por presunta sustracción de menores, tras una denuncia presentada por el equipo legal de Arcuri. La Audiencia de Granada ha acordado investigar si se produjeron presiones indebidas para impedir que Daniel regresara a Italia, aunque Rivas contaba con una resolución judicial española que hasta ahora amparaba la estancia del menor en el país. La defensa de Rivas insiste en que la custodia otorgada a Arcuri está recurrida ante el Tribunal Supremo italiano y que solicitarán medidas de protección urgentes para Daniel. “Con el tiempo, podrá contar en primera persona todo el sufrimiento que le ha generado esta situación, como ya hizo su hermano cuando alcanzó la mayoría de edad”, afirman sus abogados, que aseguran que seguirán defendiendo los derechos del menor en todas las instancias judiciales posibles.
