La historia de Juana Rivas suma un nuevo capítulo. La justicia española ha ordenado que su hijo menor, Daniel, de 13 años, regrese con su padre, Francesco Arcuri, a Italia el próximo 22 de julio. Así lo ha decidido el Juzgado de Instrucción número 3 de Granada, que ejecuta la resolución del Tribunal de Cagliari a favor del progenitor, pese a las denuncias de malos tratos físicos y psicológicos que el menor viene relatando desde hace años.
La decisión judicial desestima por completo los argumentos de la defensa de Juana Rivas, que había solicitado que el niño se quedase en España al considerar que su integridad estaba en peligro. “Resulta contrario al sentido común que un niño sea entregado a quien está siendo acusado por maltratarle”, han denunciado sus abogados, que anuncian que ejercerán “todas las acciones legales a su alcance para proteger el interés del hijo menor”.
En su auto, el juzgado español argumenta que el menor ya fue escuchado en diciembre por las autoridades italianas y rechaza nuevas pruebas en España. También apela al principio de confianza mutua entre tribunales europeos y afirma que el tribunal italiano “ya conoce las investigaciones penales abiertas” contra Arcuri. Añade que en Carloforte, lugar de residencia del padre, el menor tendrá seguimiento de los servicios sociales y apoyo psicológico, por lo que cualquier riesgo “queda neutralizado”.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha calificado de “incomprensible” la decisión judicial. “El interés del menor nunca va a estar en convivir con un maltratador”, ha afirmado en una entrevista en RNE. La ministra ha subrayado la existencia de una “desconexión profunda y grave entre la jurisdicción penal y la civil” y ha criticado que en Italia “se ha agilizado enormemente todo el proceso de custodia” mientras se retrasa el juicio penal contra el progenitor.
Ese juicio, por presunto maltrato habitual a sus hijos, está señalado para el 18 de septiembre en Cagliari. No obstante, el tribunal italiano ha mantenido la custodia exclusiva a favor de Arcuri, lo que ha sido refrendado ahora por el juzgado granadino. De este modo, decae la medida cautelar adoptada en enero en España que permitía al niño quedarse en Granada junto a su madre, con quien vive desde las pasadas navidades.
Daniel no es el único que ha denunciado malos tratos. Su hermano mayor, Gabriel, que vive con Juana en Granada desde 2022, se ha posicionado del lado de su madre y de su hermano. El joven llegó a publicar un vídeo y un comunicado en el que relataba episodios de violencia sufridos por ambos. Estos testimonios, junto con las denuncias de Juana, llevaron incluso a la Fiscalía de Cagliari a investigar a Arcuri. Sin embargo, ninguna de estas evidencias ha sido suficiente para frenar la entrega.
Izquierda Unida y el Partido Comunista de España han denunciado la resolución. “Un maltratador nunca es un buen padre”, ha escrito el PCE en sus redes sociales. Por su parte, IU Andalucía ha calificado la medida como un “grave retroceso” en la protección de la infancia y una muestra de “violencia institucional y judicial” que “perpetúa modelos patriarcales”. Han anunciado movilizaciones en defensa de Juana Rivas y su hijo: “Daniel se queda. No cejaremos en nuestro apoyo”.
Desde la formación andaluza se exige que las instituciones actúen de inmediato: “Exigimos al Gobierno de la Junta que aplique la ley contra la violencia de género de Andalucía y el convenio de Estambul”. Reclaman que se suspenda la entrega hasta que haya una sentencia firme sobre las acusaciones penales contra Arcuri. “No es posible que se aceleren los procesos de custodia mientras están pendientes denuncias por maltrato”, ha coincidido Ana Redondo.
El próximo martes 22 de julio, Daniel será entregado a su padre para regresar a Italia, en un procedimiento que contará con la presencia de profesionales de apoyo psicológico y de las fuerzas de seguridad. La entrega se producirá casi ocho años después de que comenzara el caso de Juana Rivas, cuando decidió no devolver a sus hijos a Italia alegando que estaban en riesgo. Ahora, la justicia española ejecuta la resolución del tribunal italiano, mientras el proceso penal contra el padre sigue pendiente.
