El asesinato de Arnold Joaquín Morazán Erazo, defensor de la comunidad del Río Guapinol en el enfrentamiento con la empresa minera ‘Los Pinares’ en el norte de Honduras, es una nueva prueba de la impunidad que el Estado consiente a las compañías depredadoras en la persecución de los ecologistas.
La comunidad amenazada es candidata al Premio Sájarov del Parlamento Europeo que se anunciará durante este mes. El informe internacional realizado por expertos de universidades de Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña confirma que el origen del conflicto es la concesión gubernamental de licencias ilegales a la empresa minera en una reserva ecológica. Además no se cumplió con la obligación de la consulta previa a la comunidad afectada.
“La compañía -denuncia el informe internacional- ha generado graves violaciones de los derechos humanos en un entorno de impunidad”. Los propietarios de ‘Los Pinares’ son Lenir Pérez, acusado también por contratos ilegales de construcción, y Ana Facussé, hija de uno de los oligarcas históricos de Honduras.
La investigación internacional les acusa de “prácticas sistemáticas de criminalización, persecución y agresiones contra los indígenas y campesinos de la comunidad del Río Guapinol que intentan defender su territorio y el abastecimiento de agua”.
Iluistración: Juan Kalvellido
