Izquierda Unida (IU) ha reclamado que el Consejo de Seguridad de la ONU intervenga urgentemente ante el plan del Gobierno de Israel para ocupar la ciudad de Gaza, una operación aprobada recientemente por el gabinete de seguridad israelí liderado por el primer ministro Benjamín Netanyahu.
Enrique Santiago, secretario general del PCE y portavoz parlamentario de IU, afirmó en la red social ‘X’ que “el Consejo de Seguridad de la ONU debe intervenir” para “detener el genocidio” que se está produciendo en Gaza. Santiago denunció que Netanyahu “continúa sus crímenes cuando debería estar preso” y pidió a la comunidad internacional que no permita “un nuevo desplazamiento forzoso de población de un territorio ocupado”. Añadió además que “ningún gobierno lo duda ya: Netanyahu no parará hasta exterminar al pueblo palestino. Las excusas se acabaron hace mucho. La UE debe cortar relaciones de todo tipo. El Consejo de Seguridad debe intervenir inmediata y contundentemente”.
La situación en Gaza ha empeorado significativamente desde que los tanques israelíes entraron por primera vez en la ciudad hace casi dos años, poco después de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Desde entonces, el ejército israelí ha destruido numerosos barrios, desplazando a cientos de miles de palestinos, mientras que las cifras de muertos superan los 60.000, en su mayoría civiles.
La decisión de tomar el control total de Ciudad de Gaza fue tomada en una reunión prolongada del gabinete de seguridad israelí, en la madrugada del viernes. A pesar de la oposición interna, incluyendo la resistencia de altos mandos militares y sectores de la sociedad, Netanyahu impulsó esta estrategia que implicará el desplazamiento de cerca de un millón de personas, hacinándolas en una parte cada vez más pequeña del territorio.
El plan aprobado por el Gobierno israelí no ha sido detallado públicamente, pero según filtraciones, el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, advirtió sobre la imposibilidad de brindar una respuesta humanitaria adecuada a la población desplazada, además de alertar sobre los riesgos para los rehenes palestinos en manos de milicias, cuyo número se estima en 50, aunque solo una veintena podrían estar vivos.
El propio Zamir se ha mostrado contrario a la expansión total de la ocupación, señalando que prolongaría el conflicto y pondría en peligro a las tropas israelíes, que ya han sufrido más de 450 bajas. Aun así, el gabinete optó por el plan de Netanyahu, cuyo objetivo es derrotar a Hamás y rescatar a los rehenes, aunque muchos expertos consideran que la operación podría complicar aún más la situación.
Por su parte, Hamás ha calificado la ofensiva como “un crimen de guerra en toda regla” y acusa al Gobierno israelí de continuar con políticas de genocidio y desplazamiento forzado.
En el terreno humanitario, miles de palestinos ya han sido desplazados hacia campamentos saturados, sin servicios básicos, y la nueva operación obligará a muchos a trasladarse nuevamente, agravando la crisis en Gaza.
La oposición interna en Israel también es fuerte, especialmente entre las familias de los rehenes, que consideran que el plan de Netanyahu pone en riesgo tanto a los cautivos como a los soldados. Estas familias han convocado movilizaciones para exigir un alto el fuego y la liberación de los rehenes, aunque hasta ahora sus protestas no han modificado la estrategia gubernamental.
La compleja situación política y militar refleja además que Netanyahu busca mantener el conflicto activo, lo que según algunos analistas le ayudaría a conservar su poder político y coaliciones, pese al desgaste social y humanitario que genera la guerra. Mientras tanto, IU insiste en que solo una intervención internacional firme puede evitar una catástrofe mayor en Gaza y llama a la comunidad global a actuar para frenar la ofensiva y proteger a la población civil palestina.
