Según los datos de un informe del Ministerio de Sanidad que se presentó el pasado mes de abril de 2025, en el cuarto de siglo transcurrido, el número de partes de enfermedad profesional por silicosis comunicados ha pasado de los 15 partes en el año 2000 a los 512 en 2024. Así lo recoge CC.OO. que apunta además que según los datos provisionales que se van conociendo de 2025, «volverá a establecer un récord y lo hará por una amplia diferencia», pudiéndose llegar a más de 650 casos.
«La mayoría de las silicosis en España —señala CC.OO.— se acumula en cuatro sectores de actividad: la metalurgia —fundamentalmente en las fundiciones—, las industrias extractivas —desde hace años focalizado en canteras de roca ornamental, grava, arena, etc.—, la construcción —que ha experimentado un significativo repunte en los últimos años— y, sobre todo, la fabricación de productos minerales no metálicos». Pero según informa el sindicato, «la rama de producción a la que se le atribuye una mayor responsabilidad en la reemergencia de la silicosis en nuestro país es la de la fabricación y manipulado de piedra artificial».
Según estudios científicos, estos materiales tienen un contenido importante en sílice cristalina y presencia de otras sustancias con efectos cancerígenos. La sílice cristalina es también responsable de otra enfermedad, como el cáncer de pulmón y otras patologías que aún no son consideradas contingencias profesionales: insufiencia renal, enfermedades reumáticas autoinmunes, etc.
Comisiones Obreras denuncia en otro aspecto que el registro de enfermedades profesionales en España ralentiza su incremento respecto al nivel anterior a la pandemia pero no por la falta de casos sino por su falta de notificación. «En 2024 —informan— se han registrado 26.993 partes comunicados de enfermedad profesional, un nivel de notificación escaso, que oculta la mayor parte de casos de enfermedades producidas por el trabajo y que no soluciona el problema endémico del subregistro de las mismas».
Esa falta de reconocimiento de la contingencia profesional, dicen desde CC.OO. es injusto respecto a las personas trabajadoras, porque pierden prestaciones y es también una estafa, porque carga «los costes asistenciales al sistema público de salud financiado vía impositiva y no usar los recursos de cuotas empresariales asignados para tal fin».
CCOO, en general, en el ámbito de la salud y seguridad en el trabajo demanda en el diálogo social la urgente actualización de la Ley de Prevención de Prevención de Riesgos Laborales y sus Reglamentos de desarrollo; exigen reforzar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, hasta alcanzar un ratio de un inspector por cada 10.000 personas activas; crear juzgados especializados en seguridad laboral y aumentar los recursos de las fiscalías especializadas. Y ponen un especial énfasis en demandar la creación de la figura del delegado o delegada de prevención territorial como elemento sindical básico para llevar la acción sindical preventiva en aquellas empresas sin representación legal de las personas trabajadoras.
