La reciente noticia de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, haya anunciado sanciones contra cuatro jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) por investigar crímenes de guerra en Gaza y Afganistán constituye la expresión más reciente de una política de larga trayectoria: Washington siempre ha actuado como guardaespaldas de Israel en el ámbito internacional. Sin embargo, bajo el trumpismo —que ha impregnado de forma estructural toda la política estadounidense, incluida la exterior— ese papel ha dado un salto cualitativo, convirtiéndose prácticamente en el sicario político y diplomático del proyecto sionista.
Esto quedó en evidencia cuando Donald Trump ordenó bombardear Irán, satisfaciendo así las exigencias del genocida Netanyahu.
El argumento esgrimido ahora por Rubio para justificar las sanciones contra los miembros de la CPI resulta revelador:
“Estas personas son extranjeras que participaron directamente en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel sin el consentimiento de ninguna de las dos naciones.”
Con esa declaración, el gobierno estadounidense no solo niega la jurisdicción de la CPI, sino que se coloca abiertamente por encima del derecho internacional, arrogándose impunidad absoluta tanto para sí mismo como para Israel. El mensaje es inequívoco: ni Israel ni Estados Unidos deben rendir cuentas por crímenes de guerra, aunque estos incluyan el asesinato de miles de niños palestinos, la destrucción sistemática de hospitales en Gaza o la tortura practicada por la CIA en Afganistán.
Las sanciones anunciadas —bloqueo de bienes, prohibición de transacciones financieras y persecución económica contra los funcionarios de la CPI— forman parte de una estrategia mafiosa de intimidación. Washington actúa como brazo político del sionismo y como un imperio que, consciente de su declive, recurre al chantaje para blindar su impunidad.
El caso de la jueza Silvia Fernández de Gurmendi Prost, que ha participado en investigaciones sobre crímenes de guerra vinculados a las fuerzas estadounidenses y a la CIA, demuestra que no se trata únicamente de proteger a Israel: también de encubrir el historial criminal de Estados Unidos en escenarios como Afganistán, Iraq o Guantánamo. La impunidad compartida entre Washington y Tel Aviv se convierte así en una alianza de sangre, sellada con el sufrimiento de los pueblos sometidos a sus agresiones y ocupaciones.
Esta política convierte a Estados Unidos en corresponsable directo de cada crimen cometido por Israel. No se puede hablar de los niños asesinados en Gaza sin señalar a Washington; no se puede denunciar el bombardeo de un hospital por las fuerzas sionistas sin apuntar al Pentágono y a la Casa Blanca. La corresponsabilidad es total: EE.UU. financia, arma, justifica y ahora incluso persigue judicialmente a quienes intentan poner límites a la barbarie.
Lo que está en juego no es solo Palestina, sino la propia vigencia del derecho internacional. Si los crímenes de guerra cometidos por las potencias más agresivas quedan blindados por la amenaza de sanciones, la CPI y cualquier órgano internacional se reducen a meros espectadores. El mundo entero asiste al desmantelamiento de los mecanismos de justicia internacional por parte de quienes deberían ser los primeros en cumplirlos.
Estados Unidos se ha quitado la máscara: ya no es solo el guardaespaldas que impide que Israel sea juzgado, es el sicario que persigue a los jueces, hostiga a los fiscales y protege a los verdugos.
