Luz en los vericuetos oscuros del gasto militar

De un tiempo a esta parte, los esfuerzos que se han hecho por desvelar el verdadero gasto militar (GM) han sido una constante entre algunos colectivos y personas. Entre nuestros objetivos ha figurado siempre la necesidad de mostrar la verdadera dimensión del gasto, que como es sabido, no es, ni de lejos, el que nos muestran los medios de comunicación de masas, que ejercen como voceros de las consignas informativas gubernamentales.

Cuando comenzamos con esta tarea hace ya unos años, no nos cansábamos de repetir que el GM no era sólo el presupuesto del Ministerio de Defensa. Hoy, el propio ministerio reconoce que su gasto comprende también las partidas de los Organismos Autónomos adscritos a dicho ministerio, lo que denominan “presupuesto consolidado”(1) .

Sin embargo, a nadie escapa que numerosas partidas repartidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son de carácter militar, aunque no estén reconocidas como tal. De hecho, la definición institucional que más conceptos incluye es la de la OTAN, organización a la que el Estado español pertenece desde 1986. Al descomponer esta definición obtenemos lo siguiente: Remuneraciones y asignaciones al personal militar; Remuneraciones al personal civil; Operaciones y mantenimiento; Adquisiciones; Investigación y desarrollo; Construcciones; Pensiones al personal militar retirado; Ayuda militar otorgada a otros países; Fuerzas militares auxiliares; Gastos del gobierno en existencias para uso militar; Aspectos militares de actividades que tienen una función doble reconocida, civil y militar —por ejemplo, en el campo espacial o de la energía atómica—.

Dicho esto, no entendemos cómo es posible aceptar sin dudar los mandatos que de la OTAN se deriven y por otro lado no aceptar su definición de GM. El gobierno español prefiere no reconocer aquellas partidas contabilizadas en los PGE presumibles de ser imputadas como GM, para proponer un año tras otro aumentos desorbitados, escudándose en que nuestros porcentajes son inferiores a los de otros países. Nuestro concepto de gasto militar incluye el presupuesto consolidado de Defensa (Ministerio y Organismos Autónomos), las pensiones militares, las aportaciones que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se hace a diferentes organismos militares, la asignación del Centro Nacional de Inteligencia —antiguo CESID—, que desde el año 2003 dispone de fondos propios fuera del presupuesto de Defensa, las subvenciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología para I+D militar, los gastos del Instituto de las Fuerzas Armadas que se encuentra en el capítulo “Gastos de Diversos ministerios”, las partidas de la Guardia Civil —que es un cuerpo paramilitar, como consta en sus propios estatutos—, las partidas de la Policía Nacional —este es quizá el único criterio que puede no ser aceptado por quienes estrictamente consideren GM aquello que exclusivamente tenga que ver con “lo militar”(2); y finalmente, la imputación de los intereses de la deuda —cada año el Estado reserva una partida en los PGE a pagar los intereses de la deuda que tiene contraída; como esa deuda tiene su origen en los gastos del Estado, incluyendo los GM, es lógico imputar a estos el peso que tienen en los PGE.

Cualquier excusa sirve para pedir un aumento del GM: el accidente aéreo que en mayo causó la muerte en Turquía a 62 militares españoles, el famoso litigio a propósito de la Isla Perejil, o los programas de adquisición de armamento —asunto este en el que nos detendremos pormenorizadamente más adelante—. En su reciente intervención en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) Aznar comenzó su alocución abogando por aumentar aún más los gastos en defensa y adelantó que ello será “compromiso” del PP de cara al próximo Gobierno. En esta ocasión adujo como razón la lucha contra el difuso enemigo terrorista, “a quien se debe combatir mediante acciones restringidas de carácter anticipatorio” —palabra de Bush—.

Se aduce también que se justifica el abultado gasto en armamento para “modernizar” el Ejército en base a nuestra pertenencia a la Unión Europea, la OTAN, Naciones Unidas y los compromisos generales internacionales en la lucha contra el terrorismo(3).

En el presupuesto del Ministerio de Defensa de 2004 se ha subido el sueldo a los soldados un 20% para evitar el colapso del Ejército profesional —las Fuerzas Armadas han perdido cerca del 10% de los 70.160 efectivos de tropa en los últimos dos años—, lo que supone un aumento de 217,61 euros al mes —36.207 antiguas pesetas—. Gracias a que los llamados programas de modernización se financian en buena medida con subvenciones(4) del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT), Defensa se puede permitir el lujo de aumentar este 20% en los gastos de personal —el 57,1 por ciento de la dotación de Defensa se destina a personal y el 42,9 a material—, algo que muchas familias que tienen dificultad para llegar a fin de mes también querrían ver reflejado en sus cuentas(5). Este es otro de los efectos colaterales de este militarismo ramplante y dilapidador.

Pero como nunca llueve a gusto de todos, los mandos militares han juzgado escaso el incremento del 4,12 % en el presupuesto de Defensa para 2004. Otra partida que se ha visto claramente beneficiada ha sido la destinada para “inversiones” reales dentro del presupuesto del Ministerio de Defensa, que ha pasado a 1.803 millones de euros —lo que supone un incremento del 7,08 % respecto al ejercicio anterior—. El capítulo “inversiones reales”(6) servirá para financiar hasta 2015 los cerca de 20.000 millones de euros —más de 3 billones de las antiguas pesetas— que costarán los nuevos programas de armas para la modernización de las Fuerzas Armadas: carros de combate, helicópteros de ataque, fragatas, aviones de caza, submarinos y portaaeronaves, entre los más importantes. La contribución a la modernización de las Fuerzas Armadas tiene además de estos 1.803,18 millones de euros, otros 201,7 de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa (GIED), 150 del Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas y las destinadas a Investigación más Desarrollo que entre los ministerios de Defensa y de Ciencia y Tecnología asciende a 1.373(7) millones de euros. Resumiendo, un gasto sólo para el año 2004 de 3.528 millones de euros en armamento —586.989 millones de las antiguas pesetas—.

Detengámonos un momento sobre estas cuestiones extremadamente relevantes: las adquisiciones de armamento y la estrecha relación que guardan con las subvenciones del MCYT y con las ventas de la GIED.

Subvenciones del MCYT

La apuesta por la militarización del gobierno está tomando tintes dramáticos. Con los grandes programas de armamento se está hipotecando el futuro de varias generaciones(8). En torno a la cuestión de “lo militar” siempre se tiene la sensación de que existe un “Pacto de Estado”. En el fondo, ¿qué es lo que no sabe un partido político que tiene acceso a mucha más información que cualquier ciudadano?

Veamos si se entiende la cuestion: mediante la utilización recurrente del discurso de las amenazas, los enemigos y los potenciales peligros, el gobierno ha decidido que el ejército español necesita dotarse de armamento sofisticado que pueda garantizar la paz, la libertad, la estabilidad y el progreso. La jugada es maestra porque de un solo tiro —admítaseme el símil— se mete en el bolsillo a lo que podríamos considerar “sectores influyentes”:

• a los militares —a quien la derecha tiene especial afecto—, que se alegran de tener nuevas armas, de tener mejores sueldos, de recibir mejores pensiones…
• a las principales empresas, que reciben ingentes cantidades de dinero en concepto de I+D para el diseño de los prototipos. En esta coyuntura la creación de puestos de trabajo en la industria de armamentos, por ser un hecho central y consustancial a nuestra sociedad de consumo, es un acicate que el gobierno utiliza tanto ideológica como instrumentalmente(9). Al margen de la consideración ética de lo que significa producir armamento y de las argumentaciones que se puedan manejar sobre si el trabajo debe ser un fin en sí mismo, deberíamos plantearnos si “otro mundo es posible”, también sobre lo que la orientación del gasto público está consiguiendo: insuflar dinero para crear puestos de trabajo en empresas privadas. Los cuatro programas en curso dentro de este sistema de subvención (Eurofighter 2000, Fragatas F-100, Tanques Leopard y Aviones A-400M), con un coste total de 14.322 millones de euros, y los cinco nuevos programas que se inician en 20 meses (Helicópteros Tigre, Vehículos Pizarro, Misiles, Submarino S-80 y Buque Polivalente),con un coste inicial total de 4.226 millones de euros (los 4.176,87 del cuadro 1 más los 50 que costarán los misiles) serán, a partir de 2007, cuando se dejen de recibir los Fondos Estructurales de la UE, un pesado fardo.

Cuadro 1

La I+D militar prevista en los PGE de 2004 es la que se recoge en el siguiente cuadro:

Cuadro 2

Hace dos años percibíamos a través de diferentes actas y noticias de prensa que toda esta mascarada de utilizar los presupuestos de un ministerio —léase MCYT— para financiar desde las políticas de I+D programas militares(10) era un artilugio contable que pretendía a largo plazo utilizar los PGE al servicio de este militarismo ramplante. Por lo que se deduce de las intervenciones de miembros del gobierno y de la oposición en diferentes comisiones del Congreso —recogidas en actas— se puede afirmar que el objetivo es condonar la deuda a nivel interministerial (esto es, considerar el dinero del MCYT no cómo un préstamo a devolver —aunque sea sin intereses, lo que influye negativamente sobre el déficit público— sino como una subvención).

La intervención de Luis Mardones Sevilla, Diputado Nacional de Coalición Canaria, en la Comisión de Defensa del 6 de mayo de 2003, como contestación al Secretario de Estado de Defensa, es tremendamente aclaratoria: “Se habla de condonación de los créditos que el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha ido transfiriendo al Ministerio de Defensa y esto chocaría con la ortodoxia de la doctrina financiera y económica que España se ha impuesto en el seno de la Unión Europea”.

En una acta más reciente, de otra Comisión de Defensa (8 de octubre de 2003), el Secretario de Estado de Defensa contestaba así a la preocupación del socialista Jordi Marsal Muntalá sobre la dificultad de asegurar la devolución de los créditos: “Efectivamente, en este momento nos enfrentamos, con la suma de los 4 programas principales en curso y la de los 4 programas cuyo expediente ha sido iniciado, a una cantidad en torno a los 20.500 millones de euros. El programa tiene tres partes principales, lo que anticipa Ciencia y Tecnología; lo que paga Defensa directamente, porque Ciencia y Tecnología no lo anticipa, y lo que devuelve Defensa al Tesoro, porque lo anticipó Ciencia y Tecnología. De hecho la empresa tiene jurídicamente un préstamo que tiene que devolver, pero tiene la posibilidad de alargar y aplanar la curva de evolución, porque el Ministerio de Defensa se subrogará en la obligación de pago de la empresa y pagará directamente y devolverá el importe al Tesoro (…) Como S.S. sabe, en esta programación plurianual nos encontramos con el problema de que en algunos años el gasto comprometido no solamente impediría abordar nuevos programas principales, sino incluso atender debidamente a los demás programas del capítulo 6, teniendo en cuenta que en este capítulo se incorporan no solamente programas de modernización, sino también programas de infraestructuras, de mantenimiento, de I+D, etcétera. (…) Este año hemos iniciado estos cuatro nuevos programas e intentaremos que el año que viene podamos iniciar otros”.

El invento de utilizar las partidas del MCYT lo puso en práctica por primera vez el PSOE en el año 1986, en el entonces Ministerio de Industria y Energía. Desde entonces hasta hoy el montante total para estos menesteres es de casi 2 billones de pesetas. De nada sirve que el señor Lissavetzky, del PSOE, se rasgue las vestiduras en los debates del Congreso: su actuación es de todos conocida. No existen diferencias sustanciales en estos asuntos. Los desencuentros, si los hay, son cosa de matices.

El Partido Popular tiene las manos libres para hacer cuanto se le antoje. El “Pacto de Estado” en torno a la Defensa —que de momento nadie impugna—, la mayoría absoluta y la incapacidad de la izquierda se lo permiten. Nuestra pertenencia a la UE también da carta de naturaleza a esta cuestión. La Política Europea de Seguridad y Defensa, la UEO —que nadie sabe si ha desaparecido o no, pues aunque su propia constitución indica que sí, sigue recibiendo fondos desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, también en 2004—, la OTAN(11), etc justifican en igual medida estas ingentes cantidades de dinero para la “defensa”.

Las orientaciones del gasto tienen que ver con los dictados de la Europa del capital. Hoy por hoy no se puede plantear el asunto de la economía de defensa sin plantearnos el problema del capitalismo. En el informe de la comunicación sobre la defensa europea de la Comisión Europea del 11 de marzo de 2003 aparece como propuesta la creación de una agencia de equipamientos de la defensa que incorpore como uno de los sistemas fundamentales el de la investigación y el desarrollo. Quienes están proponiendo la creación de una agencia europea de armamento y de investigaciones estratégicas son las principales industrias de defensa europeas, como EADS, Thales o British Aerospace Systems, que están pujando fuerte para contrarrestar poder a la potente máquina de guerra estadounidense, congratulándose de la declaración franco-alemana de 22 de enero de 2003 y del documento firmado el 29 de abril en Bruselas por Francia, Alemania, Bélgica y Luxemburgo en ese amago de estructura autónoma de defensa en Europa al margen de la OTAN que, como estamos viendo en estos días, irrita tanto a EE.UU. La Comisión Europea ha previsto un gasto inicial de 65 millones de euros para I+D militar entre 2004 y 2006 al margen del gasto que haga cada país.

Aznar se escuda en el terrorismo, la seguridad y demás soflamas, y la UE recurre de forma incesante a la distancia entre el gasto que EE.UU. hace en Defensa y el que se hace desde la UE. Las comparaciones dan aliento al aumento de los gastos militares en el conjunto de los países de la unión, e igualmente, a la creación de instituciones europeas en temas de “Defensa”, como ya está ocurriendo a propósito de la I+D militar.

Entre medias de estos dos mundos, el gobierno del PP apuesta por no desmarcarse demasiado de ninguno de ellos. Un ejemplo lo constituye el papel que el gobierno de Aznar ha jugado en el acercamiento de posturas que obligadamente Bush ha tenido que hacer con las principales potencias europeas tras la guerra ilegítima e ilegal contra el pueblo iraquí. Para tender puentes en las relaciones con Europa este se vio obligado a realizar varios gestos. Algunos de ellos los conocemos, como el que en estos días se está llevando a cabo en la llamada “conferencia de donantes”, que está sirviendo para repartir el pastel iraquí. Otros, ya pasados aunque no menos importantes, porque dan cuenta de cómo se juegan las cartas en la alta política, merecen la pena ser reseñados. Antes de la guerra el gobierno español se había comprometido con el de EE.UU. en la compra de 24 helicópteros de combate “Apache”. Sin embargo, tras la guerra y la feroz resistencia de los iraquíes a la ocupación, Aznar, con el “visto bueno” de Bush, apostó por el helicóptero “Tigre” para hacerle un guiño a Francia. “El presidente ha utilizado el contrato de los helicópteros del Ejército para presionar a Francia en dos direcciones: la primera, para que vaya modificando su postura en la ONU respecto a Iraq; y la segunda, para que acepte, al menos, parte de las demandas españolas respecto a la futura Constitución europea”, y es que, además, “aunque Francia es la gran beneficiada, porque su industria tiene la mayor participación en la construcción del prototipo, también las empresas españolas integradas en Eurocopter —consorcio que fabrica el Tigre— van a salir ganando en desarrollo e investigación”(12). La transacción política fue acompañada de una oferta de Boeing a Gamesa para que la empresa vasca construyera las palas de los rotores del “Apache”.

El patrimonio público para militarización social

El gobierno del Partido Popular impone sus políticas más duras, en las que no cabe negociación alguna, porque la correlación de fuerzas les sitúa de forma desmesuradamente ventajosa. Por eso, se permiten poder configurar unos presupuestos profundamente militarizados, donde lo militar, lo policial y lo penitenciario son el muro de carga. El Estado de emergencia diseña la forma de organizar el conjunto social como fuente de alimentación de la máquina de guerra.

Que el cuestionamiento de esta sociedad militarizada no forma parte del debate parlamentario es de cajón, pero que esté secuestrado del debate ciudadano, con todas las implicaciones que de ello se derivan, es lo verdaderamente preocupante.

Otro ejemplo de cómo nuestra falta de responsabilidad hace posible que a la máquina no le falte combustible, es lo que sucede con el tema de la vivienda. Como vamos a ver, la verdadera trama que está haciendo posible que esta espiral inmobiliaria no tenga de momento atisbos de crisis, tiene uno de sus baluartes en lo que está sucediendo con las propiedades del Ministerio de Defensa.

Lo primero que hay que señalar es, de nuevo, a los artífices del invento. Estos no son otros que el PSOE, que creó la GIED en 1984, a través del entonces ministro de Defensa Narcís Serra. Los sucesivos gobiernos socialistas entre 1984 y 1996 subastaron, vendieron o permutaron cuarteles en desuso por un importe total de 600 millones de euros según se desprende de los datos de la GIED.

La Ley de 1984 por la que se creó el organismo fijó un primer periodo de 10 años que se ha ido alargando mediante plazos sucesivos, hasta que se apruebe la Ley de Patrimonio que está actualmente en trámite en el Congreso y que prorroga durante 15 años más la potestad de la Gerencia para gestionar las propiedades de las FF.AA(13). Como dicen algunos medios, la GIED ya es un poco más libre.

Como podemos imaginar, este sistema de venta favorece la especulación. Es evidente que el propietario que compra el terreno lo va a vender por un precio mayor para obtener plusvalor. Como este último, el constructor y el promotor, harán exactamente lo mismo. El resultado es el que sigue:

• En su día, las propiedades, fincas, locales y demás patrimonio de Defensa perteneció a los diferentes municipios en que estos se ubicaban —también a particulares que hoy son los que están planteando algún que otro pleito a Defensa—. Por el “bien de la Defensa Nacional” fueron enajenados, sin pagar nada a cambio de ellos y estableciendo por ley la renuncia a su posterior recuperación si algún día se veían modificadas las circunstancias que hicieron posible la enajenación.
• En el presente, y dada una transformación en la forma de concebir la “defensa”, ya no se necesita un ejército numeroso, sino un ejército reducido, equipado con el armamento más puntero del mercado y con unas instalaciones mínimas, que permitan, en la fase actual de desarrollo y despliegue del capitalismo, poderse mover de forma rápida y precisa a cualquier parte del mundo.
• Se procede a la venta de los inmuebles, para lo cual, se siguen las directrices de un informe elaborado en 1997 por Arthur Andersen y Natwest Markets, dos consultoras especializadas en la especulación. Ahora Defensa ha considerado que estos ingresos se quedan cortos y que se podría vender inmuebles y terrenos por mucho más dinero. Para ello, es necesario cambiar la legislación, pues actualmente se recae en un proceso lento y “excesivamente burocrático” que “el mercado muchas veces no entiende”. Por esta razón, se modifica la Ley de Patrimonio, que deja manos libres a Defensa y a la GIED para poder especular sin tanta “maraña burocrática”.

¿Qué significará la reforma de la Ley de Patrimonio? La disposición incluida en la Ley de Patrimonio cubre uno de los objetivos planteados en la Revisión Estratégica de la Defensa en cuanto a la gestión de infraestructuras, en la que se reclamaba la colaboración de Hacienda para acortar los trámites de enajenación. La reforma deja la vía libre a la GIED y al propio Ministerio de Defensa para que regulen a su antojo todo aquello que tenga que ver con las propiedades de Defensa.

Los solares militares se han convertido en balones de oxígeno para los municipios que saben obtener una enorme rentabilidad económica a la especulación. Casi todos ellos, por el particular papel que han jugado en el pasado, “se encuentran en las zonas de ensanche de las ciudades y se han convertido en «islas» de suelo libre rodeadas de zonas congestionadas. Son, por tanto, muy apetecibles para la promoción inmobiliaría. La oferta de suelo del Ministerio para edificar “es hoy extraordinariamente importante. Hasta el punto que, de ponerse a la venta de forma simultánea, podría «romper» el precio actual del suelo en las grandes ciudades y alterar los planes de urbanismo”(14).

La previsión de ingresos para este año era de unos 240 millones de euros, según los Presupuestos de 2003. Estas son las propiedades que el Ministerio pondrá a la venta en 2003:

Para 2004 Defensa tiene la vista puesta en la Comunidad Andaluza. En Sevilla, a parte de lo vendido en 2003, el Ministerio espera hacer negocio con el consistorio de la ciudad vendiendo y obteniendo recalificaciones de terrenos (el cuartel de San Fernando, en la carretera de Málaga; dos cuarteles deshabitados en la carretera de Cádiz —el Daoiz y Velarde y el Alfonso XIII— y las viviendas unifamiliares de la avenida Eduardo Dato); en Granada la cuestión se dirime entre 122.000 metros cuadrados, que ya están contemplados en el Plan General de Ordenación Urbana —PGOU— como superficie urbanizable para construir 532 pisos; en Almeria, Defensa dispone del cuartel de la Misericordia en pleno casco histórico de la ciudad; en Córdoba —donde ya se han subastado 5 fincas por 50 millones de euros para construrir viviendas, ninguna de protección oficial—, hay un rifi-rafe entre Defensa y el único ayuntamiento capitalino de IU por el cuartel de la Trinidad; en Cádiz las propiedades de Defensa se extienden por San Fernando, Rota, Barbate —donde Defensa ocupa un tercio del término municipal por el acuartelamiento de la Sierra del Retín— y El Puerto de Santa María; finalmente, en Málaga, existe una disputa por los cuarteles Benítez y Segalerva.

En adelante también habrá que estar atentos a qué ocurre con los hospitales militares. En la Comunidad de Madrid, donde rige un impuesto sobre los carburantes para poder financiar el sistema sanitario, y donde algunas poblaciones de decenas de miles de habitantes no disponen de hospital, el Ministerio de Defensa piensa lucrarse con la venta de los centros hospitalarios militares de Madrid que ha dejado de utilizar. Tanto la Policlínica Naval, en el distrito de Chamartín, como el Sanatorio de Marina de Los Molinos están en venta. En este último caso, el Ayuntamiento de Los Molinos reclama el inmueble y ha recurrido para ello a la vía contencioso-administrativa, provocando que la subasta haya quedado desierta en dos ocasiones.

Además, no queremos que se vendan los terrenos. Queremos que sean devueltos a los municipios, para uso y disfrute de la ciudadanía. Tampoco queremos que las corporaciones locales o autonómicas se lucren con su compra y posterior venta. No hace falta construir más. Lo que hace falta es racionalizar el mercado de la vivienda. Debemos pasar de considerar la vivienda un lujo imposible de conseguir —que nos obliga a vender nuestra fuerza de trabajo en plazos eternos—, para que sea un derecho que nos pertenece a todos y todas por igual. Queremos barrios habitables, donde poder crear, donde poder conversar, donde poder disfrutar de espacios abiertos. No queremos a los militares en nuestros pueblos. Tampoco a los especuladores. Queremos sus edificios para hacer escuelas populares, centros de arte, espacios deportivos…

El artículo 47 de la Constitución dice muy claro que tenemos derecho a una vivienda y son los poderes públicos los obligados a promover las condiciones necesarias para que ese derecho se cumpla, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Es evidente que la Constitución es una farsa que no cumple lo que debe y que se convierte en un arma de doble filo si se la pretende reformar.

NOTAS:
(1) Sabemos además, a través de los boletines de ejecución presupuestaria que una cosa son los créditos iniciales y otra muy distinta los créditos finales. Tal es así que el Secretario de Estado de Defensa, Díez Moreno, en la sesión de la Comisión de Defensa del 8 de octubre de 2003 reconocía que “el presupuesto consolidado más las modificaciones, que examinando la serie de los presupuestos anteriores sabemos que, se producen necesariamente como consecuencia de generaciones de crédito”, suponen entre 0,15 y 0.2 puntos con respecto al PIB más de lo inicialmente presupuestado. Para 2004 el propio Secretario de Estado de Defensa calcula que se puede ver aumentado el gasto en Defensa en 1042 millones de euros.

(2) Desde hace años nos pareció que el criterio de Rémy Herrera, -entonces economista en la OCDE y hoy investigador del Centro Nacional de Investigación Científica de la Universidad de la Sorbona en París- de considerar pertinente “ampliar el concepto de gasto militar, integrando en él la totalidad o una parte de los medios desarrollados por un Estado para mantener la seguridad interna y el orden público” estaba más que justificado; el tiempo nos ha llevado a considerar por nuestra parte que hace ya tiempo que se ha superado la clásica distinción entre seguridad interior y exterior en aras de una concepción abstracta de terrorismo, de enemigo, que ayuda a difuminar la frontera que delimita las funciones propias de cada institución represiva.

(3) Aznar contestaba así al líder de IU, Gaspar Llamazares, quien le preguntó en sesión parlamentaria de control al Ejecutivo por las razones que habían llevado al Gobierno a dar prioridad al incremento en gasto militar en base a la especulación urbanística y a la restricción del gasto social, Estrella digital, 18/09/03

(4) A pesar de lo que diga el Secretario de Estado para la Defensa –Díez Moreno- creemos firmemente que los créditos del Ministerio de Ciencia y Tecnología no son anticipos sino subvenciones.

(5) Según la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística el 55% de hogares llega con dificultades a fin de mes, y cerca del 65% no logra ahorrar nada.

(6) Entendemos que se utilice tal terminología. De hecho, sólo las empresas Consorcio CEDIEF (EADS-CASA, ITP), IZAR Construcciones navales SA, Santa Bárbara Sistemas SA, SENER, Indra, SAPA Plasencia y GAMESA, entre otras, pueden considerar “inversión” estas cantidades de dinero público. CASA en el sector aeronáutico, IZAR en la construcción naval e Indra en electrónica se encuentran dentro del ranking de las 100 compañías de defensa más importantes del mundo. Por nuestra parte consideramos este despilfarro puramente como gasto y no como “inversión”.

(7) Según el Ministro de Ciencia y Tecnología en una noticia aparecida en El Mundo el 9 de octubre de 2003, la aportación del MCYT es de 1.161 millones de euros. Otra información aparecida en Yahoo noticias el 7 de octubre de 2003, disponía para la misma partida 1.110,80 millones de euros. Por último, la Fundació Per la Pau en su INFORME SOBRE LOS PRESUPUESTOS PARA I+D CIVIL Y MILITAR EN ESPAÑA (2004) si bien estima el mismo gasto para I+D que el aparecido más arriba afirma que este podría ascender a 1.934 millones de euros por no quedar especificados en algunos subprogramas a qué tipo de proyectos se destinaría el gasto. Por otro lado, el gasto en I+D no es la única aportación que se hace desde el MCYT. En la partida del PROFIT (Programa de fomento de la investigación técnica), en el año 2002 se financió a AFARMADE (Asociación de Fabricantes de Armas y Material de Defensa, la patronal del armamento) con 72.000 euros.

(8) “… estamos haciendo, como se dice en términos presupuestarios, que cada generación pague por lo que utiliza”, Díez Moreno, en Comisión de Defensa de 8 de octubre de 2003.

(9) No es de extrañar por eso que apenas se filtró la noticia de los nuevos programas de armamento, sindicatos “muy presentes” en las movilizaciones contra la guerra hicieran pública una nota de presa como la que sigue: “La Federación Minerometalúrgica de CC.OO. venía insistiendo al Gobierno en la necesidad de apoyar estos programas en la industria de defensa, que son los que aportan retornos económicos, tecnológicos y políticos, a través de la participación de la industria de nuestro país en las fases de diseño, producción y mantenimiento, así como el alineamiento con las necesidades de una política de seguridad que refuerce la dimensión europea de la industria de defensa. La FM de CC.OO., desde su apuesta por la industria y el empleo, siempre consideró imprescindible que el Gobierno español apoyase estos programas de armamento, como vía de generación de empleo, así como de tejido industrial en el sector español de defensa” (se puede ver en http://www.minerometal.ccoo.es/)

(10) algunos de estos programas recibían para tales menesteres el 80% del presupuesto cuando lo normal es que el gasto en I+D no sea superior al 20%, considerando además que algunos de los programas en los que se gasta I+D, como el Eurofighter, vuelan por los cielos hace tiempo.

(11) La OTAN inauguró a mediados de octubre la capacidad inicial de su nueva fuerza de respuesta diseñada para intervenir en cinco días en cualquier lugar del planeta frente a las nuevas amenazas, en la que España parte como país líder en aportación de fuerzas. De los cerca de 9.000 efectivos militares que integran la primera rotación (seis meses) de la Fuerza de Respuesta de la OTAN, España aporta 2.200, frente a los 1.700 de Francia, los 1.100 de Alemania, los 700 del Reino Unido, los 600 de Turquía e Italia o los 300 de Grecia y Estados Unidos. Recogido en Estrella digital, el 16 de octubre de 2003

(12) Noticia aparecida en elconfidencial.com, 11 de septiembre de 2003

(13) “La Ley de Patrimonio dará vía libre a Defensa en gestión de suelo”, aparecido en La gaceta de los negocios, el 11 de septiembre de 2003

(14) La Razón, 11 de septiembre de 2003