En enero de 2004, la Comisión presentó su propuesta de perspectivas financieras para el período 2007-2013 y el informe sobre la cohesión. La discusión de ambas cuestiones se iniciará desde el inicio de la próxima legislatura. Estas dos cuestiones son de importancia trascendental para España y, sobre todo, para la construcción Europea.

La Comisión había encargado un informe sobre las políticas de la Unión, el cual puso en cuestión las dos principales políticas, la agrícola y la regional y destinar el presupuesto a financiar la investigación y el desarrollo, la innovación, la educación y las infraestructuras como condiciones de una vuelta al crecimiento. El informe Sapir, como así se conoce, fue enterrado, pero ha dejado como poso una debate en el seno de la Comisión.

La Comisión Europea presentó a finales de enero unas «orientaciones» de las perspectivas financieras para el período 2007-2013. Los seis países contribuyentes netos, Francia, Alemania, Austria, Suecia, Holanda y el Reino Unido han enviado una carta al Presidente de la Comisión solicitando que el límite del presupuesto se reduzca a un 1% del PIB, cuando en la actualidad se encuentra en el 1,24%, pero sólo se gasta un 1,09% y la Unión se dispone a pasar de 15 a 25 miembros. La carta llegó dos días después del bloqueo en la Conferencia Intergubernamental, lo que pudiera ser interpretado como un castigo a España y Polonia, pero no es más que una andanada adicional contra la solidaridad europea.

El gasto agrícola de la Unión Europea, a excepción del desarrollo rural, ya se ha fijado entre los años 2007 y 2013. Por ello, si se realizase el recorte demandado por los seis, la víctima serían los fondos estructurales, que representan un tercio del presupuesto de la Unión.

La política de Cohesión y de solidaridad es un fundamento esencial de la Unión Europea. El Consejo acordó que la política de la cohesión representaría un 0,42 % del PIB comunitario, frente al 0,32 % actual. Este aumento es absolutamente legítimo a la vista de las características de los países de la ampliación y para evitar mayores fracturas territoriales, económicas y sociales, pero podría ser modificado con ocasión de las nuevas perspectivas financieras, al igual que ocurrió en Berlín en 1999. Una de las posibilidades sería transferir hacia los diez nuevos miembros una parte de los fondos que hoy se destinan a los quince. Bajo esta hipótesis, los países más afectados serían España, que actualmente absorbe un 38% de los 23.300 millones de euros destinados a los fondos estructurales en 2002, Alemania, con un 14,7% y Portugal, con un 12,9%. Actualmente, los fondos estructurales percibidos en España representan un 1,29% de su PIB.

Ampliación y Reducción

Las ampliaciones de 1981 con Grecia y de 1986 con España y Portugal supusieron una reducción del PIB per capita de la Unión Europea. Sin embargo, esta ampliación con diez nuevos Estados miembros supondrá una reducción sin precedente, que provocará que un buen número de las regiones que actualmente están dentro del objetivo 1 salgan de él aún cuando su prosperidad no haya mejorado.

Con todo, la Comisión presentará una propuesta para establecer una progresividad en la salida del objetivo 1 para las regiones afectadas por el efecto estadístico. También se apunta la posibilidad de una nueva formulación del objetivo 2, incluyendo a las regiones que saldrían del objetivo 1 por el efecto estadístico. No obstante, con independencia de la solución a que se llegue, subsiste el problema de la dimensión del presupuesto disponible, más aún cuando deben hacer frente a las nuevas necesidades derivadas de la ampliación.

Otro escenario muy distinto se presenta para los fondos de cohesión. Conviene tener en cuenta que los fondos de cohesión se crearon para facilitar el cumplimiento de los criterios de convergencia en los países con mayores diferencias en los niveles de renta con la media de la Unión Europea. A pesar de que su aplicación también se verá distorsionada por el efecto estadístico derivado de la ampliación, su origen constituye una gran diferencia con el resto de los fondos estructurales. El «descuido» de los miembros españoles en la Convención, socialistas y populares, ha provocado que las políticas de cohesión carezcan de la atención que se merece en el proyecto de Constitución. La ausencia de una base jurídica correcta para los fondos de cohesión es otro de los retos a los que se deberá hacer frente en la adopción de la Constitución. En estas condiciones, parece claro que la situación de España como perceptora de los fondos de cohesión es más que dudosa.

En lo tocante a la Agricultura, se esperan propuestas de reforma para las organizaciones comunes de mercado del azúcar, de las frutas y hortalizas y, eventualmente, de los productos lácteos. No obstante, tras las declaraciones de intenciones para incrementar las dotaciones para el desarrollo rural, estas pueden quedar reducidas a la nada en caso de que las perspectivas financieras sean restrictivas.

Con todo, el principal problema de la agricultura en la próxima legislatura vendrá derivado de la aplicación de la reforma intermedia de la PAC. Sus efectos y la estructura demográfica de los titulares de las explotaciones agrarias pueden crear una situación muy complicada en el conjunto de la actividad económica de extensas zonas. Sin embargo, las restricciones presupuestarias dificultarán la introducción de medidas correctoras.