La decisión está fundamentada a partir de tres grandes ideas fuerza. En primer lugar se demuestra que es físicamente imposible detraer anualmente 1.050m Hm3 de agua y mantener todas las funciones de la cuenca del Ebro y el Delta, afirmación todavía más evidente a partir de los efectos particularmente graves del cambio climático en la cuenca mediterránea. El segundo aspecto hace referencia a la inviabilidad económica del proyecto, que tergiversa el cálculo del precio del m3 de agua trasvasada (0,3 €) hasta dividir por tres su coste real (0,9 €) y oculta que sólo se recuperará un 20% de una inversión pública inicialmente presupuestada en 4.200 millones de euros. Por último explica el grave impacto ambiental sobre la cuenca donante y las cuencas receptoras, sus consecuencias sobre el equilibrio ecológico, la dinámica litoral y las playas y pesquerías de la zona.

Apoyar esta medida no nos impide recordar que gran parte de la argumentación utilizada hoy habría servido también para invalidar el trasvase Tajo-Segura o el proyecto de plan hidrológico elaborado por Borrel. No se trata de un comentario puntilloso; su objetivo es enfatizar la necesidad de un replanteamiento en profundidad de la política hidrológica desarrollada por los socialistas en su anterior etapa de gobierno. Sólo sobre esa base podrá construirse un discurso que evite la indefinición y las salidas en falso.

Mantener la oferta o gestionar la demanda

Antes de entrar en la valoración del proyecto es necesario constatar que no podrá ser suficientemente discutido. Comprendemos las razones argüidas: la necesidad de detener el trasvase y la urgencia para acceder a los 1.200 millones de fondos europeos previstos. Pero no podemos compartir el resultado; de nuevo una actuación decisiva en la gestión del agua se hará sin contar con la imprescindible participación social.

En cuanto al análisis del plan alternativo, nuestra crítica se centra en su opción por mantener íntegramente la oferta de agua recogida en el trasvase del PP. Parece así asumirse el origen de esas demandas, obviando el análisis de los intereses políticos y económicos que las impulsan y que son el factor determinante de la crítica situación actual, caracterizada por el constante crecimiento del regadío (incluso ilegal) en zonas ya sobreexplotadas, por la contaminación incontrolada y por un desarrollo urbanístico al margen de cualquier criterio razonable de ordenación del territorio. Con esa decisión se está legitimando la supuesta necesidad social del total de los 1058 Hm3 de agua en las cuencas del mediterráneo, cuando se conoce de sobra que en algunos casos va a ser utilizada para usos injustificables y en zonas que han traspasado hace tiempo cualquier límite de sostenibilidad.

La máxima «Más agua, a un menor coste y en menos tiempo» ejemplifica con total precisión lo que parece la opción por una política de gestión del agua basada de nuevo en el aumento de la oferta de caudales. Parece por tanto que se renuncia a cualquier estrategia de gestión de las demandas, lo que significaría volver a perder la oportunidad de desarrollar una política hidrológica sostenible, basada en el ahorro y la eficiencia.

Como ha demostrado la experiencia, ofertar como si contáramos con una cantidad casi ilimitada de agua dispara nuevas demandas que inducen un crecimiento continuo del «déficit» hídrico. La existencia de este círculo vicioso está de sobra demostrada y tiene repercusiones particularmente graves en nuestro país dada su realidad geográfica y climática.

La desalación, una salida en falso

El nuevo proyecto anula el trasvase, en este caso el «excedente» de recursos hídricos se obtiene recurriendo masivamente a la desalación, 620 hectómetros cúbicos que suponen el 58,7% de los 1.058 previstos. En términos reales se produce un recorte sustancial de los costes, la referencia son los 0,33 €/m3 de la desaladora de Carboneras (Almería) insistiendo en la posibilidad de reducirlo. Sin entrar en detalles debe tomarse nota de que, incluso así, el coste se sitúa muy por encima del precio medio del agua utilizada para usos agrícolas. Por otra parte no deja de ser curioso que el ahorro en términos del presupuesto total sea sustancialmente menor. La nueva alternativa también alcanza una cifra vertiginosa: 3.747 millones de € frente a los 4.200 del trasvase.

Pero la desalación sistemática como mecanismo para mantener la oferta de agua supone una salida en falso, en primer lugar, como señalamos más arriba, porque induce un modelo de gestión que renuncia al análisis y control de la demanda. Apostar por esa opción abre la caja de los truenos, cualquier incremento de la demanda puede ser fácilmente justificado en relación a un recurso crecientemente escaso en la cuenca del mediterráneo. Las consecuencias a medio y largo plazo pueden ser devastadoras.

Además la desalación masiva de agua de mar tiene un importante impacto medioambiental, en particular el enorme consumo de energía que necesita producirá el aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero, que a su vez repercutirá en la aceleración del cambio climático. Se cierra así un mecanismo infernal que reduce nuestros recursos hídricos continentales disponibles y aumenta las emisiones de CO2. Desde el nuevo ministerio se insiste en la posible utilización de energía solar o eólica. Se trataría de una nueva experiencia, pero no será fácil soportar la presión combinada de las constructoras y las eléctricas, la necesidad contener el precio del m3 de agua y las prisas demostradas para la puesta en marcha del proyecto.

Me encantaría equivocarme, pero estoy convencido de que la mayoría de las desaladoras proyectadas, caso de construirse, funcionarán asociadas a centrales térmicas, lo que dicho sea de paso nos pondrá un poco más difícil cumplir el compromiso para el 2010 fijado en el Protocolo de Kioto.

También es importante citar al menos otro impacto sobre el medio marino derivado de la desalación, se trata del vertido llamado salmuera que afecta gravemente a las praderas marinas de Posidonia oceánica que bordean gran parte del litoral mediterráneo. Esta especie está protegida por las directivas europeas dado su papel en la conservación de numerosas especies piscícolas y la protección de las playas de la erosión marina.

Por último, es obligado acabar esta breve valoración felicitando al enorme movimiento levantado contra el PHN. La anulación del trasvase del Ebro es su victoria y sólo se explica por las miles de movilizaciones, en ocasiones masivas y en otras testimoniales, desarrolladas desde hace muchos años. Se ha abierto una nueva etapa en el camino por una gestión del agua sensata, viable y sostenible. También en ella ese movimiento jugará un papel decisivo.