El carácter liberal de la construcción europea alcanza su plenitud en materia fiscal, donde los grupos dominantes no están dispuestos a aceptar una armonización de la tributación directa. Es verdad que la UE alcanzó en su día un acuerdo muy limitado sobre la tributación del capital, con excepciones sobre algunos activos financieros y plazos dilatados, que quedó reducido a establecer la obligación de que los países se intercambien información acerca del ahorro de los no residentes y, en el mejor de los casos, fijar una retención mínima en origen. Es un avance, en los tiempos que corren, pero una armonización fiscal que impida el dumping y la regresividad impositiva debe contemplar y abordar un diseño impositivo mínimamente común y homogéneo. Complicado es, claro está, pero no más que la implantación de una moneda común, a la cual se dedicaron ímprobos esfuerzos.

Lo cierto es que la ausencia de una verdadera armonización en los impuestos directos (en un contexto de libre circulación de capitales) «invita» a los Estados miembros a exonerar al capital de tributación, basculando ésta hacia los rendimientos del trabajo (las nóminas) y la imposición indirecta. Una cuestión sin solución tras las discusiones «constitucionales» al continuar la fiscalidad sometida a las reglas de la unanimidad. Todo indica la pretensión de que una mayor fiscalidad sobre el consumo compense los recortes en los impuestos progresivos sobre la renta porque, para engrasar el mercado único, la armonización sí existe en los tributos indirectos y los tipos se pueden unificar por decisión comunitaria.

Un Estado miembro puede recortar la progresividad en el impuesto sobre la renta o eliminar impuestos sobre el capital, pero no rebajar, por ejemplo, los tipos impositivos del IVA sin acuerdo comunitario. Esta cuestión está de actualidad por la propuesta del gobierno del PSOE de reducir el IVA a ciertos bienes culturales. Se habla de libros y producciones musicales, pero también de «otras manifestaciones culturales» y nos preguntamos si se piensa, por ejemplo, en las cuotas de conexión a la televisión de pago (PRISA) o en las entradas de ciertos espectáculos como el fútbol. Creemos que es positivo que el gobierno plantee la disminución del IVA a ciertos bienes y servicios de primera necesidad (definidos claramente), pero lo relevante es la progresividad fiscal del sistema en su conjunto, por el lado del ingreso y también del gasto, y la suficiencia de nuestro sistema impositivo.

Puestos a plantear reducciones en el IVA, nos parece fundamental disminuir del 7% actual hasta el 4% el IVA del transporte colectivo de viajeros. Desde el punto de vista de la armonización fiscal comunitaria la media del IVA de los once países de la UEM se sitúa en el 5,2%, de tal forma que esta propuesta es más que razonable, en aras de discriminar positivamente prácticas sostenibles desde el punto de vista social y ambiental.

El transporte colectivo de viajeros tiene varias ventajas con relación al transporte individual privado fáciles de enumerar: ahorro energético y menor contaminación ambiental, mayor eficiencia económica frente al despilfarro de recursos, o menor uso del espacio. Además de ser importante rebajar la carga fiscal al usuario que sólo puede elegir esta opción de movilidad por su nivel de renta, cualquier desviación del uso privado del transporte al colectivo será beneficiosa para el conjunto de la sociedad.