Como premisa inicial, es una buena noticia el anuncio que ha hecho el gobierno de acabar con el abuso de la conocida como «ley de acompañamiento», utilizada desde principios de los años 90 para aprobar, dentro del trámite presupuestario, normativas dispares y en muchos casos ajenas completamente al hecho presupuestario. Acabar con este cajón de sastre ha sido una reivindicación histórica de IU.

De la misma forma, la claridad en las cuentas públicas y la transparencia han de informar la política presupuestaria y esto significa rechazar la llamada «contabilidad creativa» utilizada para enmascarar, en mayor o menor medida, el déficit público. Además, en los últimos años, la opacidad se ha acentuado y hemos abordado Presupuestos que se han presentado con información no homogénea en las partidas de ingresos y gastos y sin avances completos de liquidación que imposibilitan las comparaciones entre distintos ejercicios. Esta cuestión es muy importante porque la descentralización administrativa en el ingreso y el gasto precisa cada vez más transparencia, además de instrumentos de participación y control con el apoyo y la coordinación de todas las Administraciones. Es la única forma de comprobar el efecto de la política económica del Sector Público en el conjunto del Estado.

A la hora de abordar los Presupuestos sería deseable disponer de la ejecución de las cuentas públicas consolidadas bajo un sistema homogéneo y con un detalle suficiente para facilitar su análisis, así como disponer de un Presupuesto consolidado para el conjunto de las Administraciones Públicas que complete la visión general de la política presupuestaria.

Nuestra prioridad programática en materia presupuestaria es acabar con el déficit cero como principio rector de la política fiscal y definir escenarios plurianuales para lograr la convergencia real con los países más desarrollados de la UE.

Una política que no pretende abandonar la sostenibilidad de la política fiscal a largo plazo porque entendemos que, frente al déficit puntual de un ejercicio económico, lo importante es asegurar la capacidad de nuestra economía para consolidar ingresos suficientes en el futuro y mantener en niveles razonables la proporción de deuda pública en circulación con relación al PIB.

Una política, además, que debe contribuir a superar un modelo de crecimiento económico agotado e imposible de sostener a medio plazo. La realidad del euro, la incorporación de nuevos socios a la UE y la menor presencia en el futuro de fondos comunitarios agudizan las debilidades estructurales relativas de nuestra economía. Los moderados crecimientos de la productividad -inferiores a los de nuestros socios comunitarios- traducen deficiencias en las dotaciones de capital (público, humano y tecnológico), peores servicios sociales, insuficientes ritmos inversores (públicos y privados) y mayor precariedad laboral.

Una política, por último, que ha de corregir nuestro elevado déficit en protección social y recuperar como instrumento de política económica y social el papel del gasto público directo frente a las reducciones impositivas.

Lucha contra el fraude

Mejorar consistentemente nuestra protección social, aumentar la provisión de bienes públicos o potenciar la inversión pública significa lograr una estructura de ingresos suficiente. La presión fiscal en España es inferior a la media comunitaria en más de 5 puntos del PIB y la mayor diferencia se sitúa en los impuestos directos (aproximadamente 3 puntos del PIB).

Con lo que han costado las reformas en el IRPF de los gobiernos del PP, prácticamente podríamos financiar el diferencial que nos separa de la UE en gasto social en atención a la familia. Y si existe un compromiso político decidido para luchar contra el fraude fiscal podríamos asegurar a corto plazo (y es una previsión conservadora) recursos que se situarían entre el 3 y el 3,8% del PIB, reduciendo a la mitad el diferencial que mantenemos en gasto social con relación al PIB con la UE.

Las reformas fiscales y la lucha contra el fraude que planteamos y que relacionamos con el avance en un verdadero proceso de convergencia real con la UE, se encuadran en un escenario a medio plazo y deben atender los ritmos que la realidad económica y social de nuestro país vaya permitiendo. La legislatura es un periodo razonable para programar estas cuestiones.

Pero a las carencias estructurales de nuestra economía (en materia social, ambiental o de capitalización) se suma una coyuntura complicada que parece traducir un agotamiento del modelo que ha basculado en exceso en los últimos años hacia la construcción y el endeudamiento familiar. Nuestra economía en 2004 seguramente crecerá por debajo del 2,8% previsto (en su última revisión), con discretos resultados en términos de empleo, y las estimaciones para 2005 de un crecimiento del 3% son, hoy por hoy, demasiado optimistas. Porque para que se cumplan, el sector exterior ha de recuperarse (en el segundo trimestre de 2004 restó 1,3 puntos al crecimiento) y ello depende de que se confirme la reactivación mundial y en particular la europea, y de que los precios del petróleo vuelvan a niveles más digeribles. De la misma forma, se espera una aceleración de la inversión en bienes de equipo y del sector industrial que no acaba de fundamentarse y también, que el consumo privado no pierda pulso, lo cual puede verse dificultado por el elevado endeudamiento privado.

Por todo ello, agotamiento coyuntural y necesidades estructurales, los Presupuestos para 2005, además de sociales, deben empezar a contribuir al cambio de modelo, donde potenciar el capital tecnológico, humano e inversor se convierte en una prioridad.

Déficit sí, moderado

Entendemos así que programar un déficit moderado permite ampliar los márgenes de maniobra para ayudar a financiar las políticas de gasto, fortalecer la recuperación de nuestra economía, y avanzar en el escenario plurianual de convergencia real.

Nuestra propuesta para esta legislatura podría resumirse, de forma orientativa y con criterios moderados, como sigue:

– Revisar la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y la Ley Orgánica Complementaria implementando mecanismos de coordinación entre el conjunto de Administraciones Públicas en la fijación de un escenario plurianual que respete los compromisos europeos en materia de déficit y endeudamiento públicos.

– Aproximar nuestros niveles de presión fiscal y gasto público al promedio de la UE-15, fijando objetivos de gasto e ingreso como porcentaje del PIB. Por ejemplo, al final de la legislatura la presión fiscal podría programarse en el 40% del PIB (desde el 36% actual) y el gasto público en el 45% del PIB (frente al 40% actual). Esto significaría admitir un déficit público anual en el entorno del 1% del PIB.

– El aumento de la presión fiscal y del déficit público se destinaría a las políticas de gasto público que estimamos como deficitarias. Cinco puntos del PIB de mayor gasto en esta primera legislatura que pretendemos sea de cambio social y económico, permiten cerrar parcialmente la brecha social con la UE, mejorar nuestra política educativa y sanitaria, la política de investigación, el fomento de energías renovables, o las políticas de empleo.

– En este escenario, la financiación de los déficits programados no presenta complicaciones. No son previsibles a corto plazo movimientos en los tipos de interés en Europa, pero si la recuperación se fundamenta y elevan su nivel no afectará (con estos ligeros niveles de déficit) a la proporción de deuda sobre el PIB. Es importante señalar que España registra hoy una Deuda Pública como porcentaje del PIB del 50,8% (frente al 64% de la UE-15 y al 70,4% de la UEM), casi 10 puntos por debajo del 60% establecido como criterio de sostenibilidad según parámetros comunitarios.

Tributos más justos

Los mayores ingresos que programamos han de obtenerse conformando un sistema tributario más justo y progresivo, reequilibrando la relación entre impuestos directos e indirectos a favor de los primeros. Se trata de combinar las siguientes medidas:

– Luchar activamente contra el fraude y la elusión fiscal planteando objetivos mensurables y con un riguroso control de los resultados. Invertir en los recursos humanos y técnicos necesarios para reforzar la capacidad inspectora y sancionadora de la Administración Tributaria y para agilizar los procedimientos judiciales.

– Una reforma en el IRPF para mejorar su potencial recaudatorio y la distribución de la carga fiscal. Corregir las regresivas reformas que realizaron los gobiernos del PP en este tributo significa, para nosotros, considerar las siguientes orientaciones básicas:

* Asegurar la progresividad de la tarifa con más tramos y tipos más elevados para los contribuyentes de mayor capacidad económica.
* Mejorar de forma efectiva el tratamiento fiscal de las rentas del trabajo de menor cuantía.
* Equiparar la tributación entre rentas del trabajo y del capital. En particular, integrar las plusvalías en la base general del tributo.
* Igualar las deducciones personales y familiares para todos los contribuyentes reconociéndolas en la cuota del tributo.
* Revisar el tratamiento fiscal de la vivienda, trasladando parte de la deducción actual a incentivar el alquiler o a gasto público directo.
* Revisar y reducir los incentivos fiscales por aportaciones a planes privados de pensiones.
* Actualizar anualmente la tarifa y las deducciones con la inflación.

– Revisar y reducir, en el Impuesto de Sociedades, el conjunto de beneficios fiscales para lograr una mayor aportación de las rentas del capital empresarial al sostenimiento del gasto público.

– En los impuestos cedidos sobre el Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, potenciar su progresividad y potencial recaudatorio, básicamente en lo que respecta a las grandes fortunas.

– Introducir tributos de aplicación ecológica para su implantación armonizada en el espacio europeo. Estos tributos tendrán carácter finalista y su recaudación se destinará a la promoción de programas de investigación y desarrollo de energías renovables, medidas de ahorro y eficiencia energética, procesos anticontaminantes y mejora medioambiental.

– En el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), reducir los tipos a ciertos bienes y servicios de primera necesidad aprovechando el margen que, en esta materia, permite la Unión Europea.

La propuesta que aquí planteamos admite múltiples desarrollos, tanto en las prioridades políticas de gasto como en la intensidad de las reformas fiscales, y creemos importante enmarcarla en el horizonte temporal de la legislatura. La finalidad no es otra que proporcionar márgenes de maniobra suficientes para mejorar nuestra protección social y la provisión pública de bienes y servicios.