La herencia de las reformas del PP La segunda reforma de la Ley de Extranjería que hizo el PP, aprobada en noviembre de 2003, supuso un grave e importantísimo retroceso en los derechos de los inmigrantes, tanto en cuanto a sus posibilidades de acceso a nuestro país, como en lo que respecta a su permanencia e integración. fue una reforma -que afectó no sólo a la Ley de Extranjería sino a otras Leyes Orgánicas- encaminada a reducir drásticamente las posibilidades de entrada legal y de permanencia estable, y a primar la inmigración temporal condicionada a la demanda del mercado laboral. Con ello, España se convertía en alumna aventajada de las políticas europeas que se vienen adoptando -casi en silencio pero sin pausa- en la UE respecto a la inmigración.

Pese a todo ello, y pese a las numerosas críticas por parte de las organizaciones sociales que trabajan a favor de los inmigrantes, esta reforma de la Ley de Extranjería, propuesta por el PP, fue aprobada en el Parlamento con el apoyo del PSOE. Dado este apoyo del PSOE y teniendo en cuenta toda su trayectoria anterior, pocas expectativas podían abrirse tras su triunfo electoral y su llegada al Gobierno.

Es verdad que se han dado a lo largo de 2004 algunos pasos, aunque bastante tímidos y llenos de claroscuros, como la derogación de la circular del anterior Fiscal General del Estado sobre menores inmigrantes no acompañados, la puesta en marcha de algunas medidas de emergencia para aclarar la caótica situación administrativa dejada por el PP, con cientos de miles de expedientes sin resolver, y poco más.

De forma reiterada y expresa por parte de los representantes del PSOE la posibilidad de una amplia y generosa regularización extraordinaria que pudiera «normalizar» la situación del millón largo de indocumentados existentes en nuestro país. Cuestión ésta que desde el punto de vista de los derechos humanos es una verdadera vergüenza que incluso fue denunciada por la relatora especial de la ONU para los migrantes.

La existencia de esta realidad, imposible ya de esconder, debiera haber motivado una reflexión sobre las razones que originan que una y otra vez se reproduzca el volumen de personas irregulares. Determinar sus causas y proponer medidas referidas a las mismas, hubiera sido una actitud de mínimo sentido común. Pero no ha sido así. Se ha preferido abordar de nuevo el tema desde una óptica exclusiva e hirientemente utilitarista.

Pero dicho esto, lo cierto es que no se puede entender que se haya generado esta enorme bolsa de personas en situación irregular si no hablamos de las políticas migratorias realizadas en los últimos años. Es decir, la irregularidad es consecuencia de una política concreta que tiene nombres y apellidos: contingente puro y duro, política de entrada, sistema de visados, cierre del régimen general, consulados, oficinas de extranjería, falta de mecanismos ágiles y eficaces en la tramitación, etc.

Y junto a todo ello, es indudable que la existencia de esa cantidad ingente de personas en situación irregular se mantiene entre otras razones por el crecimiento sin precedentes de la economía sumergida -casi un 26% del Producto Interior Bruto (PIB)-, fomentada en estos últimos años al haberse derivado el dinero que ya no producía beneficios en Bolsa a los sectores de crecimiento más rápido, principalmente la construcción, pero también la agricultura y los servicios, y haber contado con una mano de obra sin condiciones, es decir, desregulada y abundante.

Nuevo Reglamento

En este contexto se sitúa la presentación y aprobación del Reglamento de la Ley de Extranjería que dejó pendiente el PP al perder las elecciones. Es preciso decir antes que nada que la renuncia del PSOE a modificar la Ley, encorseta el Reglamento. Es verdad que se liman algunas aristas, se racionalizan algunos procedimientos y se introducen algunos aspectos positivos que en algo mejoran el anterior reglamento. Pero también es cierto que de una mala Ley no puede salir un buen reglamento que restituya derechos y establezca garantías para los inmigrantes.

Pero es que el PSOE no se ha situado siquiera en la óptica de hacer avanzar los derechos de los inmigrantes a través del reglamento. Si así hubiera sido podría haber dado pasos más valientes y decididos. Y aún contando con los límites de la Ley podría haber restituido o ampliado derechos que la ley restringe de forma injusta e innecesaria

De situarse en esa óptica de ampliación de derechos, se podría, por ejemplo, haber aumentado las posibilidades del arraigo social o de reagrupación familiar; también podría haber restituido el poder de representación de los inmigrantes ante la Administración del Estado.

También se podría haber garantizado una transición sin traumas de documentación a los menores que traspasan el límite de la mayoría de edad, garantizando su derecho a estudiar y obtener sus titulaciones sin trabas administrativas Asimismo se podría haber abordado el reconocimiento de actividades profesionales toleradas pero no legalizadas, permitiendo su alta legal y fiscal, etc. Medidas todas ellas, entre otras muchas posibles, que podrían haber paliado la situación de inestabilidad e inseguridad de muchas personas y familias.

Por el contrario, la óptica del gobierno -y el apoyo sindical dado es consecuente con esta filosofía- ha sido muy clara: tanto la vía del arraigo en el reglamento como la vía extraordinaria que establece la disposición transitoria, no persigue regularizar a inmigrantes indocumentados (porque sería de justicia y porque supone una grave distorsión democrática), sino legalizar (normalizar, dicen) puestos de trabajo no declarados, de la economía sumergida.

Es toda una óptica de la inmigración vinculada exclusivamente a la existencia de un contrato de trabajo. No puede, no debe haber, para el PSOE -y antes para el PP-, ninguna otra inmigración posible. Y por tanto la misma sólo puede existir en función de las necesidades de mano de obra del mercado, de las necesidades y prioridades de la economía nacional

Se trata de una óptica sumamente perniciosa, que consagra una visión utilitarista del inmigrante que en nada favorece la integración y la educación social en la igualdad. No se quiere ver que la inmigración en España ya no es sólo de trabajadores de ida y vuelta, sino que está formada por familias definitivamente instaladas en este país con necesidades sociales y limitaciones (paro, trabajo precario…) como las de los demás.

Sólo como mano de obra

Tan estricta resulta esta normalización vinculada a la consideración de mano de obra para trabajo por cuenta ajena que se ofrece a través de la Disposición Transitoria, que ni siquiera se contempla la posibilidad de que se puedan acoger a ella los trabajadores que ejercen una actividad de forma autónoma. Estas personas y, por lo tanto, quienes trabajan para ellas, no podrán cumplir los requisitos para normalizar sus puestos de trabajo, por lo que seguirán siendo ilegales.

Tampoco podrán acogerse ni siquiera los familiares directos (cónyuge, hijos o padres) de la persona que trabaja, si ellos mismos no lo hacen. Tener antecedentes penales limpios en el país de origen y en este, es otra exigencia que no se limita a esta norma sino ya, en general, a cualquiera que quiera trabajar y residir en España. Se trata una doble pena porque quien cumplió una condena, la tiene de por vida.

Queda pues un ingente trabajo para las organizaciones sociales de solidaridad con los inmigrantes. Los cambios por desgracia no van a venir de un gobierno preso de esa concepción y de una política que va a seguir generando exclusión social y ciudadana, violación de derechos para los inmigrantes, mucho sufrimiento y no pocas muertes y una importante fractura social que legitima la desigualdad en función del origen nacional.