Siempre se ha dicho que cuando hay un problema en la UE, se aplaza. Pero esta vez la Unión está en coma profundo, sin política y sin presupuesto, sumida en una doble crisis, política y económica.

«Triste y avergonzado», se declaró el presidente de turno de la UE, Jean-Claude Juncker, tras el estrepitoso fracaso de la cumbre del 16 al 18 de junio, en la que el Consejo Europeo ha decidido parar el reloj y ampliar sin fecha el plazo de ratificación de la Constitución Europea, prolongando la agonía. En lo que afecta a la Constitución, el balance actual es elocuente: 10 países se han pronunciado por el Sí, 2 por el No (Francia y Holanda), y otros cinco mantienen sus calendarios de ratificación (Estonia, Polonia, Malta, Chipre y Luxemburgo), mientras lo posponen o renuncian a convocarlo Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Portugal, Suecia, Finlandia y República Checa. Incluso se podría caer en la irresponsabilidad de dar marcha atrás en el proceso de ampliación a Turquía, Croacia y demás países balcánicos. Sólo Bulgaria y Rumania entrarán en los plazos previstos, porque el acuerdo ya está firmado.

La Presidencia luxemburguesa propuso a medianoche una solución de compromiso: una menor reducción del cheque británico (5.000 millones de euros que Bruselas devuelve a Londres cada año), menos ayudas agrícolas a Francia, prórroga de los fondos de cohesión a España hasta 2011, con 2.800 millones de dotación y un paquete adicional de 520 millones para Canarias e incluso los nuevos socios del Este se resignaban a percibir menos ayudas. En concreto, para el periodo 2007-2013 se ofrecía a España un saldo neto favorable de 4.738 millones de euros, frente a los 7.000 solicitados por España.

El nuevo reparto afectará especialmente a España, que hasta ahora recibía una cuarta parte de los fondos europeos y que a partir de ahora recibirá tan solo el 20 por ciento.

Desde su ingreso en la UE, en 1986, España ha recibido 90.000 millones de euros, 14 billones de pesetas en fondos estructurales y de cohesión, con los que ha construido 4 de cada 10 kilómetros de autovías y ha creado 300.000 puestos de trabajo. Esta cantidad ha representado, año tras año, en torno a un punto porcentual del Producto Interior Bruto español. Por ello, el gobierno español se presentó en Bruselas con un objetivo: recibir fondos de cohesión hasta 2013, admitir una reducción progresiva de las ayudas regionales y aumentar los capítulos de ayudas dedicadas a investigación y desarrollo.

La noche fue larga, pero nadie dio su brazo a torcer. Blair no renuncia a una sola libra esterlina del «cheque británico»; Chirac no admite recortes de las subvenciones derivadas de la Política Agrícola Común; Suecia y Holanda no quieren seguir pagando como hasta ahora; y España exige seguir percibiendo fondos hasta 2013.

Algunos se consuelan diciendo que «vale más que no haya acuerdo a que sea malo», frente a los que afirman que «vale más un mal acuerdo que ninguno». Pero nadie sale ganando cuando pierde Europa en su conjunto.

Detrás del fracaso persiste la mala racha de la economía francesa y alemana, la emergencia de nuevos competidores globales, como China, y la confluencia de fenómenos sociales de hondo calado, como el paro estructural y la precariedad laboral, el envejecimiento de la población, la inmigración o el futuro de las pensiones. Además, mucha gente se queja del aumento del coste de la vida tras la introducción del euro.

No deja de ser paradójico que ahora, cuando más dinero habría que poner para la ampliación, los países contribuyentes deciden reducir el Presupuesto de la Unión. El problema es que, si no aumenta el presupuesto global, como es más que probable, la misma tarta deberá alimentar a 12 nuevos comensales que se han sentado en torno a la mesa europea tras la ampliación. «Mis hijos querían ser europeos y ahora vuelvo para explicarles que no hay dinero», ha dicho el primer ministro polaco.

En los últimos diez años, la Política Agrícola Común se ha reducido del 75 al 45% del presupuesto comunitario, pero Inglaterra exige una drástica reducción de las ayudas en beneficio de las inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

La reunión del Consejo Europeo ha puesto en evidencia la insolvencia de una clase política prisionera de la lógica estatal y atrincherada en los intereses nacionales, incapaz para negociar y sortear las dificultades, pero sobre todo para representar las preocupaciones reales de la ciudadanía, para hacer políticas que estén en el corazón de las personas. El No francés y holandés ha estremecido la Unión, mostrando el alejamiento creciente entre la gente y los gobernantes.

A río revuelto, ganancia de pescadores. Ya lo ha dicho el ministro inglés de exteriores, Jack Straw: «Europa está dividida entre quienes quieren una UE capaz de hacer frente a su porvenir, y quienes siguen empantanados en el pasado». Y para él, el pasado es la Europa social. El Reino Unido toma ahora el relevo de la Presidencia del Consejo de julio a diciembre. Pronto veremos lo que pasa con la directiva Bolkestein sobre la liberalización de los servicios, y la directiva sobre el aumento de la jornada de trabajo. Tony Blair intentará aprovechar el semestre para imponer su visión neoliberal de Europa, una Europa más delgada, con un presupuesto magro y pocas políticas ambiciosas comunes. Justo lo contrario de una unión política basada en valores comunes, integrada y solidaria.