El grado de movilización permanente mantenido, tanto durante como después de la dictadura militar (1976-1983) por las Abuelas y Madres de la Plaza de Mayo, y demás organizaciones, ha sido uno de los pilares centrales. Como en el caso español, una transición incompleta, bajo el miedo y la coacción del retorno de la dictadura, daría al traste a los primeros pasos firmes para el esclarecimiento del pasado. Las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida dictadas por Alfonsín a mediados de los ochenta, junto con los indultos de Menem en los noventa se encargarían de ello. Tras la inmersión en la década infame de los noventa en donde la cuestión de las víctimas pasaría a un segundo plano, con el derrumbamiento económico y social de la Argentina en el 2001, se retomaría con pulso firme la cuestión.

Aunque desde una perspectiva crítica el Gobierno de Kirchner ofrezca escasas lecturas positivas sobre su gestión, las actuaciones en materia de Derechos Humanos -a pesar de sus insuficiencias como vienen denunciando buena parte del movimiento asociativo no institucionalizado por los Derechos Humanos (DDHH)- supone un modelo sobre el que reflexionar. Más aún cuando estamos hablando de una experiencia real que avanza en un país diezmado económicamente (más del 50% de la población bajo el nivel de la pobreza) y con una estabilidad democrática «relativa». Así pues, junto a una decidida voluntad política, aunque no exenta de una instrumentalización evidente, se ha desarrollado un intenso trabajo en tres ámbitos a resaltar: a) En primer lugar, desde el Gobierno se han impulsado un amplio conjunto de medidas, que de manera sistemática ha ido eliminando las amnistías dictadas, a la par que se ha logrado introducir un notable corpus jurídico para perseguir los «crímenes contra la humanidad», sin olvidar los proyectos de reparación de las víctimas. A lo que se suma una política decidida, aunque incompleta, de regeneración y limpia de muchos de los elementos ligados a la dictadura tanto en la Administración así como de buena parte de la cúpula militar; b) Un segundo nivel ha estado protagonizado por el cambio operado en la orientación de la jurisprudencia argentina, dándose pasos de notable importancia, para terminar con la impunidad de los acusados por crímenes de lesa humanidad. De hecho, no pasa un día en Argentina en que no se conozca un nuevo caso de procesamiento a antiguos verdugos de la Dictadura, y van cerca de mil; c) Una tercera cuestión de interés ha estado marcada por la recuperación de muchos de los lugares de la memoria de la trágica reciente historia argentina, a los que se le ha acompañado de necesarios actos simbólicos, como fue la retirada en su día de los cuadros del Videla de los cuarteles del país.

En este contexto global de ofensiva brevemente descrito es en el que precisamente se inscribe la desaparición del ya triste conocido Julio López. Victima y testigo principal en el juicio seguido contra el ex Director de Investigaciones del Policía Bonaerense M. Etchecolatz, Julio López desaparecería el mismo día de conocerse un histórico fallo (18/X/06), en el que se condenaría a prisión perpetua, por primera vez en Argentina, por genocidio. Aunque el caso comienza a desaparecer lentamente de las agencias políticas, sin que se tenga ninguna noticia sobre su paradero, el suceso ha sido un serio aviso por parte de las fuerzas de la derecha, para tratar de frenar, a través de una campaña de miedo y terror, el proceso emprendido. Y decimos esto ya que junto a la desaparición, se ha sumado todo un conjunto de amenazas, agresiones y coacciones a jueces, periodistas, políticos, incluyendo aquí la modalidad del «secuestro express» para algunos militantes por la memoria. Sin embargo, y a pesar de la gravedad de los sucesos, en momento ninguno se ha planteado ni la propia necesidad del proceso abierto y/o su paralización. Y esto es una cuestión que indica la irreversibilidad del mismo.

Como señalábamos esta experiencia tiene no pocos elementos de comparación razonables con el caso español. Más aún en la actual fase del proceso de recuperación de memoria histórica, que parece encaminarse a un nuevo cierre en falso ante la presentación del incompleto e insuficiente proyecto de Ley de Memoria Histórica por el gabinete socialista. De este modo, y en una lectura no forzada de la realidad, lo que el caso argentino nos viene a demostrar es la viabilidad de impulsar un amplio conjunto de medidas en defensa de los Derechos Humanos, tanto de carácter legislativo como jurídico en los Estados desde los Gobiernos nacionales, sin que ello se ponga en riesgo ni la seguridad del modelo jurídico ni se destruya el modelo de convivencia. Al contrario, y a pesar de los riesgos y amenazas que se ciernen sobre este conjunto de iniciativas, la experiencia está enseñando en Argentina que el mejor modo de enfrentarse a un pasado violento y traumático es a través del conocimiento de la(s) verdad(es), en donde la voz de las víctimas tienen una repercusión pública, al mismo tiempo, que los represores se enfrentan a largas condenadas por delitos de «crímenes de lesa humanidad». En fin, la dirección parece clara para que todo esto suceda en España y se cuestione frontalmente su modelo de impunidad. Así pues se requiere de dos cualidades, a día de hoy, ausentes en los actuales gobernantes: voluntad política y una mínima conciencia histórica.