Torrelodones y Mazarrón han sido las dos últimas notas de esta partitura que compone la obra de la corrupción en España. Semanas antes Ciempozuelos, Seseña, etc, etc, etc, . La trama Marbellí, urdida por los Gil-Roca y adláteres ha destapado la caja de los truenos, lo que era un secreto a voces, se ha convertido en una mala melodía de seducción de los corruptores a los corruptos. Esta cultura del pelotazo viene de tiempos pasados -que no ancestrales- la política de vivienda y de subvenciones que el franquismo instauró y en la que hicieron su agosto, muchas de las grandes fortunas de este país, Gil, Florentino, Entrecanales y tantos otros, construyendo aquellas casitas de más o menos 30m2, que vinieron a llamarse casas sociales, con el nombre del sindicato vertical y también las de protección oficial.
Los españoles no tenemos un gen intrínsecamente malo, que nos hace ser corruptos, la corrupción está en el sistema, está en el tinglado inmobiliario y en la legislación actual que permite y consiente. España es el único país en Europa y posiblemente en el mundo en el que las plusvalías del terreno van directamente a engrosar los bolsillos privados y no a beneficio de la comunidad a través de expropiaciones del suelo, mediante justiprecio y la creación de bolsas de suelo para la construcción de viviendas sociales. La generación de plusvalías, los efectos económicos de la negociación de los convenios urbanísticos y un sistema administrativo opaco hacen el
resto.
La transparencia, el control, la participación ciudadana en los asuntos del suelo pasó a mejor vida, si es que alguna vez la hubo y de la poca que existiera nada más se supo; hoy en los grandes restaurantes sus maîtres, saben tanto de convenios urbanísticos como los técnicos que los realizan, es en estos sitios donde se habla, negocia, y firma una parte importante de ellos, si cabe la más sustanciosa de este suculento negocio.
Muchos técnicos y funcionarios honestos se quejan de que, existen políticos y funcionarios públicos que no han pasado del artículo 1º.apartado 3 de la Constitución Española que hace referencia a la Corona y el artículo 2 sobre la indisoluble unidad de la nación española, las autonomías etc. La Constitución de 1978, estable en su título I, capítulo III, artículo 47 que «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la urbanización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».
Jean-Paul Marat decía: «El primer golpe que los príncipes asestan a la libertad no consiste en violar audazmente las leyes, sino en dejarlas caer en el olvido… Para encadenar a los pueblos hay que empezar adormeciéndolos».
En efecto, la práctica actual es llevar al olvido la ley de leyes en cuanto no acontece en la agenda política de los dos grandes partidos, la defensa de la Constitución está en la boca de todos, pero en aspectos que poco preocupan a la gran mayoría de la población. Unos y otros utilizan el tema de la corrupción como elemento arrojadizo de precampaña electoral pero, teniendo la posibilidad de atajar de raíz el problema nos distraen: de corporación en corporación, caso tras caso; para no entrar en las profundidades del tinglado inmobiliario y de que los grandes constructores nos sequen los bolsillos y los bancos nos controlen con hipotecas de por vida.
Si de verdad, queremos que esto se acabe basta con que todos los que denuncian la corrupción con el tú más y tirar mierda a diestro y siniestro, reformen algunas leyes en el Parlamento, como la Ley del Suelo, el Código Civil, el Código Penal, la ley de base de régimen local, la ley reguladora de las haciendas locales. Esto unido a un pacto local en el que se aborde una ley de responsabilidad administrativa y transparencia para estos casos, la participación ciudadana en el planeamiento urbanístico y una acción políticamente honesta. La incorporación de tecnócratas metidos a políticos ha cambiado los criterios de la acción política con mayúsculas, de trabajar por el interés colectivo desde conceptos ideológicos, por el de «rentabilidad económica», a éstos y otros les viene bien todo lo que sucede porque perjudica a la política, a los partidos y por tanto a la democracia. La derecha se frota las manos y la seudo-izquierda viaja al centro. Las propuestas de códigos éticos y otras similares, escenifican la derrota de la regeneración política, la falta de voluntad de atajar el problema y transformar el actual estado de las cosas, mediante una verdadera revolución social e institucional y hacer recaer en los españoles las responsabilidades que nos ha dejado.una práctica post-franquiesta Los cambios legislativos, culturales y políticos serán la prueba de que hemos superado el franquismo social, todavía instalado en nuestra sociedad, que la derecha económica añora, la política alienta y la seudo-izquierda permite.