Con especial cuidado en la explicación de los detalles más enrevesados desde el punto de vista del derecho, cada uno de los cuatro ponentes que en Madrid intervinieron en la presentación pública de los 13 Puntos Mínimos para el debate de la ley de la Memoria expuso con claridad los porqués de la insuficiencia del proyecto de ley elevado al Congreso de los Diputados para su debate. Tras una lectura de cada una de las cuestiones contenidas en ese documento ya conocido, quedó patente que uno de los aspectos más dolorosos es el concepto de los dos bandos que rezuma el contenido del proyecto. «No hubo dos bandos. Hubo un solo bando compuesto de bandidos que se sublevaron contra un régimen y un gobierno avalado por las urnas, y unos defensores de la legalidad republicana. Estos últimos no formaban un bando», aclaró con contundencia el abogado José Antonio Moreno, presidente del Foro por la Memoria.

En ese empeño por romper tópicos sobre la Guerra Civil española se empleó fervientemente José Antonio Moreno, explicando que cuando se dice, que el proyecto republicano fracasó, cuando en verdad fue truncado por un levantamiento militar. Segundo, el golpe militar triunfó. Tampoco es cierto, ya que de su fracaso derivó el inicio de la Guerra Civil. Y, tercero, Franco no ganó la contienda, sino las potencias aliadas de los fascistas.

Uno de los puntos del manifiesto conjunto asumido como un mínimo común denominador por un amplio conjunto de asociaciones pide la aplicación del derecho internacional sobre las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura. Moreno, profundo conocedor de esta vertiente, mostró su sorpresa por el buen nombre adquirido por nuestra judicatura en la investigación y persecución de dictadores en otros lugares del mundo (Argentina, Chile, etc.), mientras que no se atreve a limpiar el patio casero. «Nosotros planteamos que el Estado español ratifique la convención de la ONU que establece la no prescripción de los delitos contra la humanidad, una doctrina establecida en los juicios de Nuremberg y que viene a señalar que las personas tienen una serie de derechos aunque estos no hayan sido reconocidos en el país que habitan. Derecho a saber, derecho a la justicia, derecho a la reparación justa y adecuada. No vale una reparación únicamente moral, pues en este país, en España, se ha sufrido mucho», destacó el presidente del Foro por la Memoria.

Recordó, a su vez, que es impresentable el tufo neoliberal con que se ha redacto el proyecto de ley de Memoria, dado que externaliza las labores de localización e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo. «Las exhumaciones deben ser -continuó- asumidas por los poderes públicos, deben ser dotadas de un proyecto antropológico forense para que se aclaren las causas de la muerte, más una divulgación de los resultados». Por último, reveló la herida producida por la redacción del proyecto desde que reduce el concepto de Memoria a los ámbitos personal y familiar, cuando es todo lo contrario lo exigido por la salud democrática de nuestro país. Esto es, un ejercicio de pedagogía social para airear y reivindicar el testimonio de la lucha por las libertades».

Tomó luego el testigo el profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, Vicente Garcés, quien fijó como punto de partida esos 70 años del golpe militar, esos 70 años de impunidad, lo que significa reconocer el momento exacto en que empiezan los hechos. Luego, con los tres puntos bisagra después de la muerte del dictador, son las elecciones del 15 de junio de 1977, la ley de amnistía de octubre del mismo año y la aprobación de la Constitución de 1978, se inicia una nueva etapa. Concretó Garcés, «nunca se preguntó al pueblo español el tipo de régimen que quería tras la dictadura, se le escamoteo ese derecho, así como ahora se quiere escamotear la realidad de la Guerra Civil y sus consecuencias». En orden a evitar este último aspecto, el ponente exigió la constitución de actores sociales que no acepten la teoría del «discreto manto» que cubra lo sucedido en este país, como apuntan desde fuentes socialistas, y que las fuerzas políticas del parlamento rompan de una vez con el «pacto de silencio» -más bien, matizó Garcés, «pacto del olvido»- que impuso la transición.

A continuación, el abogado José Miguel Sebastián se explayó en uno de los puntos más delicados: reconocimiento del derecho de las entidades sociales y culturales y de personas físicas, o en su caso de sus herederos, a la restitución o indemnización de bienes incautados durante la guerra o la dictadura por el régimen franquista. «La reparación no puede limitarse a los ámbitos formal y moral, sino que debe contener efectos jurídicos y económicos», argumentó, ya que «la incautación de bienes son producto de sentencias judiciales, que como señala el punto dos han de ser anuladas. Por eso, ambas cuestiones están íntimamente relacionadas».

El peso jurídico de esta propuesta descansa en que la devolución de los bienes incautados tiene su base en el propio orden constitucional vigente. «Es necesario una disposición legal en la ley que contemple el derecho a la restitución, y en el caso de que no se pueda ejercer éste porque prevalece el derecho de los actuales propietarios que adquirieron esos bienes de buena fe, entonces entrarían en juego las compensaciones», concluyó José Miguel Sebastián.

Finalmente, el magistrado Juan José del Aguila Torres se metió a fondo en lo tocante a la nulidad radical de todos los procesamientos, sentencias, condenas y/o sanciones del régimen franquista. «Las sentencias franquistas son nulas y tal doctrina es consustancial con el derecho jurídico constitucional porque se conculcan los derechos fundamentales plasmados en nuestra Constitución. Esto es una norma habitual aplicada en los tribunales en la actualidad». Y aún más, según el magistrado: «Esta nulidad conlleva un punto de partida que es la naturaleza propia del franquismo, que nunca fue un Estado de Derecho, sino una dictadura que empezó matando y acabó matando».

Los 13 Puntos Mínimos para el debate de la ley de Memoria, si bien fechados en acuerdo entre todas las organizaciones firmantes el 17 de octubre de este año, comienza ahora un recorrido hasta que sea parte crucial del debate parlamentario y su posterior inclusión en la redacción final de la ley.

13 Puntos mínimos para el debate de la Ley de Memoria

1. La condena al régimen franquista.
2. Declarar la nulidad radical de todos los procesamientos, sentencias, condenas y/o sanciones por los motivos contemplados en el artículo 2.2 del proyecto de Ley.
3. Aplicación del derecho internacional sobre las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura (imprescriptibilidad, derecho a saber, derecho a la justicia, derecho a la reparación).
4. Seguimiento y continuidad pública e institucional de todo el proceso de la recuperación de la memoria histórica, así como divulgación de los trabajos al respecto.
5. Creación de directrices urbanísticas y medioambientales para la adecuada preservación, conservación, mantenimiento y divulgación de todos aquellos parajes, lugares y establecimiento relacionados con al Guerra Civil, la represión franquista y la lucha antifranquista.
6. Determinación en la Ley de la obligación administrativa a todos los niveles en la intervención pública e institucional en las labores de localización, identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo, y en su caso exhumación, así como la divulgación de los resultados. Elaboración de un protocolo de actuación científica multidisciplinar que asegure la adecuada intervención en las exhumaciones a los adecuados efectos forenses, historiográficos y judiciales para garantizar la adecuada constatación y divulgación de los hechos.
7. Establecer la obligatoriedad para todas las administraciones (central, autonómica y local) de retirar menciones o signos de exaltación de la dictadura franquista o de personas vinculadas a la misma de todos los ámbitos públicos de su titularidad tales como monumentos, calles, plazas, edificios, etc.
8. Instar a las instituciones privadas, especialmente a aquellas que perciban fondos o subvenciones públicas, a lo establecido en el párrafo anterior en bienes o ámbitos de su titularidad.
9. Diseñar un plan de actuación sobre el denominado Valle de los Caídos tendente a promover el traslado de los restos de las personas enterradas en su altar y su entrega a sus familiares para su adecuada inhumación privada, así como facilitar la entrega a los familiares que lo soliciten de los restos de las personas inhumadas en la cripta. Regeneración democrática del recinto e instalaciones del Valle de los Caídos que explicite de manera visible y pedagógica las condiciones de su construcción y el contexto político y social de la época.
10. Reconocimiento de la nacionalidad de origen para los descendientes del exilio, así como de los denominados niños de Rusia y sus descendientes
11. Profunda revisión de los planes de estudio para la adecuación de los contenidos de los libros de texto de la enseñanza obligatoria respecto al tratamiento dado al periodo republicano, la guerra civil y la dictadura franquista.
12. Supresión de los artículos del Proyecto de ley que limitan a las familias a
conocer la verdad y su acceso a todos los archivos.
13. Reconocimiento del derecho de entidades sociales y culturales y de personas físicas, o en su caso de sus herederos, a la restitución o indemnización de bienes incautados, durante la guerra o la dictadura, por el régimen franquista.