Que la justicia no es igual para todos, por más que se empeñen en demostrar lo contrario, es algo más que sabido por cualquiera que tenga dos dedos de frente e incluso si no los tiene. Y que los jueces son de derechas, en tanto que aplican las leyes que sustentan este sistema, también. Pero a lo que estamos asistiendo últimamente raya lo obsceno.
No sé si cuando salga este artículo a la luz ya se habrá resuelto lo de la recusación del magistrado del tribunal constitucional. Ni lo sé, ni me importa. Lo que si me intriga es si tan altos funcionarios – buscajamones es uno de sus sinónimos y no lo digo yo, lo dice el diccionario – deciden que, por ejemplo, el Estatut es inconstitucional, ¿cómo obrarán en consecuencia?, ¿revocarán lo que los ciudadanos han decidido aprobar mediante referéndum? Y si así lo hacen y éstos se niegan a dar marcha atrás, ¿encarcelaran a todos los catalanes y parlamentarios que lo hayan votado?
O poniendo otro ejemplo, si el grupete de jueces ya no de derechas, sino muy de derechas – fascistas, vamos – que dominan los estamentos judiciales siguen dominándolos y consiguen – como pretenden – declarar también fuera de la constitución la ley que aprueba los matrimonios entre homosexuales, ¿volverán a aplicar a los ya casados las leyes que algunos de ellos les aplicaban cuando eran magistrados al servicio de la dictadura o incluso ejercían la represión desde su cargo en la jefatura del Movimiento?, ¿volverán a condenarles, mediante la antigua ley de peligrosidad social, de seis meses a seis años la primera vez y luego, la segunda, con seis años más?, ¿recomendarán su internamiento en centros especiales «para curar su desviación» a base de palizas y electroshocks?.
¿Se declarará constitucionalmente obligatoria la enseñanza religiosa y la observación de los preceptos necrófilos que marca el sadomasoquismo católico?, ¿seremos enjuiciados por terrorismo todos aquellos que pensemos que las guerras siempre se acaban con el diálogo? Porque claro, visto lo visto, aquí pisar flores y quemar cajeros si que es terrorismo, mientras que ser culpable, como Aznar, de cientos de miles de muertos en Iraq, no es sino una tontuna declarada por un tonto que reconoce haber sido tonto, eso sí, entre chanzas desvergonzadas y, precisamente por eso, aún más dignas de comportamiento delictivo.
De continuo se pide respeto a la judicatura y acatamiento a sus decisiones. Hasta la saciedad se les nombra como impolutos defensores de la humanidad frente al crimen. Pero siendo el hambre, como es, el mayor de los crímenes, ¿dónde están los jueces que procesen a quienes lo provocan mediante el abusivo trasvase de capitales o el indecente cobro de la deuda externa?, ¿habrá alguno que se haya planteado siquiera condenar el uso que hacen las grandes corporaciones de los paraísos fiscales? O aún más, ¿colocarán a éstos fuera de la ley dado que no son sino refugio de transacciones fruto de la ilegalidad?.
O quedándonos más en casa, el acérrimo celo con el que velan por la Constitución, ¿acaso les impide elaborar sentencias que primen el derecho a la vivienda frente a la especulación?, ¿el derecho a la enseñanza libre y gratuita frente al adoctrinamiento de la escuela concertada?, ¿el derecho a la salud frente a las continuas agresiones de la industria automovilística o el comercio del dolor defendido por las empresas farmacéuticas?, ¿la soberanía nacional amenazada por la OTAN y otros organismos internacionales, amén de las grandes transnacionales?.
Todos somos iguales ante la ley, excepto el Rey. Y parece ser que también los jueces que juzgan al juez.
