Existe en la actualidad veinte expedientes abiertos, que pueden costar hasta la expulsión del puesto de trabajo a veinte trabajadores, padres y madres de familia. A uno de estos «delincuentes» le falta dos años para su jubilación, a otro le faltan cuatro años y no tiene ni una simple falta leve en su historial, otro tiene una hija con el síndrome de Down, siendo su nómina el único sustento de su casa… Esa ha sido la «respuesta moderada» que ha dado nuestro actual ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, ante la concentración cívica que bajo el lema «Derechos ¡Ya!» organizó el pasado día 20 de enero la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) como respuesta a la dejadez histórica en la que se encuentra este Cuerpo de seguridad.

Ni una ni dos. Hemos podido escuchar o leer en más de veinte ocasiones, de boca de los altos miembros del Gobierno de la nación, las promesas de un cambio en las leyes para democratizar a la Guardia Civil. Señores ministros como Jesús Caldera, quien estando en la oposición nos dijo en un Congreso de AUGC aquella famosa frase de «Pues sí, vamos a desmilitarizar progresivamente» (luego ya se sabe, donde dije «digo», digo «Diego»), José Antonio Alonso, Pérez Rubalcaba, etc. A todos ellos hemos podido escucharles una y otra vez la promesa de crear una Ley de Derechos y Deberes donde venga contemplada las asociaciones profesionales para los guardias civiles, y un Régimen Disciplinario nuevo donde se entierre de una vez por todas las penas de cárcel para los agentes que hayan cometido alguna sanción administrativa durante su trabajo policial. Casos como el Guardia Civil sancionado a un mes y medio de privación de libertad al no poder obedecer la orden de entrar en un recinto cerrado, teniendo prescripción médica de que padecía claustrofobia, deben caer como una losa en este país que se llama a si miamo desarrollado democráticamente.

Pero nos tememos lo peor. El nuevo Reglamento Disciplinario, anunciado a bombo y platillo, y que será enviado al Congreso de los Diputados para ser ratificado, es mucho más malo del que tenemos, que ya es decir. Por de pronto, su origen no ha sido la voluntad del Gobierno que cumplir sus promesas. Ha sido la condena a España por la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo debidos a la situación de los guardias civiles. En este «bombón» de Reglamento se institucionaliza la figura del delator (esta barbaridad de perniciosas e incalculables consecuencias que ya intentaron colársela a la Policía Nacional), se crea una nueva falta grave: «La realización de actos que excedan de los límites del derecho de asociación reconocido por las leyes al personal de la Guardia Civil» (un castigo abierto, un arma dejada al libre albedrío del jefe de turno para controlar un derecho que aún no ha sido regulado por las leyes), se incrementa la extensión de la sanción de suspensión de empleo, que se eleva a un máximo de seis años, cuando actualmente es un año. Se mantiene la sanción de pérdida de destino (norma más propia de las Fuerzas Armadas que de un cuerpo policial) y además, contrariamente a lo que manifestó el ministro del Interior en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, éste carecerá de toda potestad disciplinaria en beneficio del Ministro de Defensa. Y un largo etcétera.

Como se puede comprobar, todo lo anterior supone un notable endurecimiento sancionador. Por eso los guardias civiles, en su desesperación a ver un futuro más negro aún, e independientemente de la asociación a la que pertenecían, participaron en el acto de la Plaza Mayor de Madrid. ¿Qué otra salida quedaba?

Por favor, ya está bien. Menos palmaditas en la espalda, menos agradecimientos y más voluntad. Que quitando al colectivo de inmigrantes, los guardias civiles son el único colectivo que a estas alturas sigue pidiendo derechos constitucionales. Los mismos que se les exige cumplir a rajatabla, pero que no conocen porque sus generales se los quitan por inercia histórica para así poder vivir como siempre, rodeados de «vasallos».

Constitución, Democracia, derechos, dignidad… ¿A quién les puede hacer daño oír las palabras que ese 20 de enero se escucharon?, ¿Cuándo van a dejar de matar moscas a cañonazos para que los generales sigan en sus poltronas…? Como dijo nuestro presidente nacional Joan Miquel Perpyñá: «A estos señores deberían de ponerlos a copiar mil veces: Soy un funcionario del Estado»