El local del PCE en Oviedo es propiedad del Partido Comunista de España y era utilizado conjuntamente con IU, hasta que el día 29 la ejecutiva de IU de Asturias decidió cambiar la cerradura de la puerta de acceso y contratar un servicio de seguridad para impedir la entrada de los dirigentes y militantes del Partido Comunista de Asturias.
El secretario general del PCA, Francisco de Asis, entre otros miembros del PCA denunciaron la situación por allanamiento. Dos días más tarde, el jueves 31 de mayo, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 del Oviedo hizo público un auto que ordenaba la vuelta a la normalidad, con la restitución de la posesión y uso y disfrute del local a los dirigentes y personal vinculado al PCE. La jueza también ordenó la retirada de los vigilantes jurados, que aún se encontraba en la sede, y así como el encargo de nuevas cerraduras, a cargo de IU, o la entrega a los responsables del PCA de copias de las nueve llaves de la puerta de acceso al inmueble.
El auto también informa que la decisión de cambio de cerradura adoptada por la Comisión Permanente de IU puede ser constitutiva de un delito de coacciones previsto en el art. 152 del Código Penal.
El mismo día que la jueza ordenó la restitución del uso de la sede al PCA, fueron agredidos cuatro camaradas, entre ellos el secretario de Organización del PCE, Fernando Sánchez, Juan Vega, que fue retirado en camilla, Borja Llorente y Manuel Fraile.
El secretario general del PCE, Paco Frutos, acusó a la dirección de IU de Asturias de aplicar una «violencia gratuita» por los altercados ocurridos , y acusó a los responsables de la coalición en Asturias de intentar lo mismo que Santiago Carrillo «cuando se fue del PCE y quiso marcharse con el patrimonio del Partido. Y añadió que aunque entonces una parte de patrimonio tardó en recuperarse, esta vez ya no pasará lo mismo en Asturias porque todo está perfectamente claro y estructurado.
