Cuatro millones de mujeres son víctimas de tráfico sexual anualmente. La prostitución es la tercera industria criminal del mundo, gracias a la globalización neoliberal y a las tecnologías de la información que tanto la promueven y facilitan. Su reglamentación beneficia, además de a los varones, a las instituciones imperialistas (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional), ya que el dinero que se mueve en torno a la prostitución es un factor clave para que los países devuelvan las suculentas deudas, provenientes de los préstamos estructurales que éstas otorgan.

La creciente feminización de la pobreza y la injusta falta de oportunidades para la inmensa mayoría de mujeres del mundo, determina que «el único camino» de muchas de ellas sea la asunción de la más violenta forma de sobreexplotación femenina que supone la prostitución. A pesar de esta realidad, algunos y algunas dirigentes de la central sindical Comisiones Obreras, parida para combatir la explotación de la clase trabajadora y defender su dignidad, asumen en esta materia los postulados neoliberales al admitir que todo es objeto de compra-venta, y que el mercado y la libre contratación no han de tener límites. Pero olvidan que un contrato, aunque sea legal, deviene en ilegítimo si se pacta la esclavitud, aunque sea la propia, si se acuerda la explotación infantil, la venta de órganos… o si se negocia el acceso al cuerpo de las mujeres a cambio de un precio. A la libertad contractual se le puede y se le debe poner un límite: la defensa de los derechos humanos de las personas.

Comisiones Obreras, organizó en mayo de 2005 en Madrid, una jornada de debate acerca del tema de la prostitución, marcándose como principal objetivo «reflexionar serena y abiertamente, sin sectarismos, sobre este complejo problema social» La realidad fue que, bajo el título de «derechos de ciudadanía para las trabajadoras y trabajadores del sexo», se presentaron varias mesas de trabajo integradas por académicas, políticas, sindicalistas, juristas, mujeres en prostitución, representantes de la Administración Pública… en su inmensa mayoría representativas de la misma posición política en esta materia. Para sorpresa de las asistentes a esta «jornada de reflexión y debate», la metodología elegida por la Organización fue poco participativa, impidiéndose el debate en alguna de las mesas.

Recogiendo las ponencias de esta jornada, Comisiones acaba de presentar públicamente un libro que lleva el mismo título «Derechos de ciudadanía para las trabajadoras y trabajadores del sexo» y que define sin ambigüedad la posición que, a título individual, defiende la Secretaria Confederal de la Mujer de esta Organización con respecto a la prostitución y que, en esencia, supone considerar a la prostitución como «un trabajo más». Para esta líder sindical, las mujeres son libres de pactar «libremente», siempre que medie consentimiento y no exista ningún tipo de amenaza, coacción…, la venta de su cuerpo a cambio de dinero. No existe diferencia entre venderse por un trabajo intelectual, o vender el cuerpo. Pero, lo cierto, es que casi nunca existe libertad de elección en la relación que se establece entre una mujer prostituida y un prostituidor. Es difícil hablar de libertad contractual entre dos partes desiguales, dada la situación de pobreza y explotación de la mayoría de las mujeres -que no hombres- que «libremente consienten» en esta suerte de «contrato sexual», por el que las mujeres satisfacen las necesidades, sean éstas cuales sean, de los hombres. Si dos partes suscriben un contrato y una de ellas se encuentra en una situación de necesidad, ésta pierde en buena medida su libertad, poniéndose de este modo en cuestión la idea de «libre consentimiento»

La Jornada planteaba el ambicioso objetivo de buscar soluciones a la situación de discriminación y falta de reconocimiento de derechos que tienen las mujeres y los hombres que ejercen la prostitución. Aunque conviene señalar que «la Secretaria de todo esto» anticipándose a la puesta en común de la información, al análisis de la misma, y a la elaboración de conclusiones en base al análisis realizado, ya tenía una hipótesis y una conclusión propias: la reglamentación como solución a todos los problemas.

El libro nos habla de todos los tópicos y lugares comunes del sistema: la eficiente distinción entre prostitución libre y forzada, la estigmatización social de las mujeres que ejercen la prostitución y la resolución de este problema mediante el reconocimiento laboral de la prostitución, expone cómo la legalización traería consigo el fin de la situación administrativa irregular de las mujeres inmigrantes, y cómo sería más fácil luchar contra las mafias y el tráfico de mujeres y menores. Nos habla de mujeres libres, autónomas, agentes de sus propios proyectos vitales, con derecho y libertad para elegir esta actividad como vía de acceso a los recursos económicos; es decir, define la prostitución como una estrategia económica, afirmando que el abolicionismo sustituye la tutela del marido por la del Estado, o que supone la tutela de algunas mujeres buenas sobre todas las demás mujeres.

Resulta ignominioso plantear que la reglamentación de la prostitución va a resolver el grave problema que las mujeres inmigradas tienen para obtener permisos o autorizaciones que les permitan trabajar legalmente. Un sindicalismo de clase debería exigir la modificación de las Leyes de Extranjería, reivindicando la libertad de los y las trabajadoras para buscar trabajo dónde lo deseen, y luchando por conseguir el derecho de ciudadanía en el sentido republicano: iguales derechos para quienes viven y trabajan, en un lugar, independientemente de cuál sea su país de origen.

Comisiones Obreras olvida que este sistema, basado en dos elementos estructurales, como son el neoliberalismo salvaje y globalizado, y el patriarcado como modelo social, que otorgan a cada persona un estatus en función del trabajo, la capacidad económica, la proximidad al poder que se tenga, el género, la edad, la raza… El dinero para consumir es el único valor y, dado que los límites a la libertad de mercado son prácticamente inexistentes, las mujeres son consumidas como mercancías. De este modo, con la reglamentación se estaría legitimando la sobreexplotación de las mujeres, con la única justificación de que el intercambio económico legitima la actividad. Ya comienzan a oírse voces que teorizan la bondad de reglamentar la explotación infantil. Para poder entender el fenómeno social de la prostitución, hay que entender que existe una estrecha relación entre ésta y la desigualdad de géneros; entre ésta y la pobreza.

La denominación de «trabajadoras del sexo» no dignifica, ni profesionaliza a las mujeres, al contrario, legitima un negocio económico basado en la sobreexplotación y la discriminación, en la violencia más extrema, haciendo aparecer al sujeto explotador como «empresario» y al prostituidor como «cliente»; pero ¡eso sí! la mujer en prostitución sigue siendo «la prostituta». Es legitimar la idea de mujer como un objeto al servicio de las múltiples «necesidades» de los hombres. No es una cuestión de moral, es una cuestión socioeconómica, de discriminación en el acceso a los recursos y de jerarquización de sexos. La libertad sexual es radicalmente opuesta a la prostitución, en ésta, las mujeres no desean, ni esperan obtener ningún tipo de placer.

Por otro lado, tenemos perspectiva histórica suficiente para afirmar que allí donde se reglamenta, (Holanda, Alemania, Grecia), o donde se es permisivo (España, Francia) no mejoran las condiciones de vida de las mujeres prostituidas, crece la prostitución legal e ilegal, se incrementa el tráfico de mujeres y menores y aumenta la impunidad de las mafias, y donde se ha legislado el abolicionismo, como en Sucia, ocurre lo contrario.

Una buena política requiere un buen análisis y no una jornada propagandística, y quienes desde el «feminismo» o desde la «izquierda transformadora» pretenden defender a las mujeres en prostitución mediante la reglamentación, debieran plantearse la idoneidad de su análisis, o mejor aún, qué intereses están realmente defendiendo.

– Las mujeres representan el 50% por ciento de la población mundial, un tercio de la fuerza de trabajo remunerada, realizan los dos tercios del total de horas de trabajo y, sin embargo, reciben una décima parte del ingreso mundial y poseen menos del uno por ciento de la propiedad del planeta.
– El 70% por ciento de los mil quinientos millones de personas que viven por debajo de los umbrales de pobreza, son mujeres.
– Entre los 900 millones de personas analfabetas en el mundo, el 70% por ciento son mujeres.
– Cada día, 6.000 niñas son mutiladas genitalmente, existiendo 128 millones de mujeres que han sufrido esta aberrante práctica en el mundo.
– Unos 450 millones de mujeres de los países empobrecidos por el saqueo de los países imperialistas, padecen desnutrición.
– Entre el 25 y el 50% por ciento de las mujeres son maltratadas físicamente por su pareja.
– 4.000.000 de mujeres son víctimas de tráfico sexual anualmente.

* Permanente de la Secretaría Federal de la Mujer del PCE