Hace dos años, por estas fechas, escribíamos un artículo en Mundo Obrero que a similitud de éste analizaba la realidad laboral en el sector de la construcción. A fecha de hoy muchas de las cosas que exponíamos siguen siendo materia habitual de las obras y tajos, especialmente lo concerniente a la siniestralidad laboral.
Desgraciadamente el sector de la construcción imparte una doble lección, por una parte están los grandes beneficios empresariales que, día a día, durante los últimos años han ido aumentando paulatinamente muy ligados a la conocida burbuja inmobiliaria y a la especulación de la vivienda en detrimento de una cultura de alquiler social y adaptada por tanto a las necesidades de los diversos colectivos demandantes. Por otra parte está un desarrollo casi paralelo del crecimiento del empleo como no se había conocido con anterioridad.
Y decimos desgraciadamente porque este crecimiento del empleo no sólo se analiza examinando la encuesta de población activa. Para nosotros es necesario conocer si este aumento va acompañado de los derechos de los que nos dotamos y de las leyes que regulan el mercado laboral.
Cada día mueren tres trabajadores por accidente laboral. A comienzos de septiembre, sólo en el sector de la contrucción ya han muertos 206 trabajadores, en torno a 2.000 han padecido un accidente con consecuencias graves y más de 145.000 lo han tenido leve; a ello también hay que sumar los cerca de 100 que pierden la vida anualmente en accidente «in itinere» o los que sufriendo un accidente mueren unos días después y ya no son «dignos» de aparecer en las estadísticas oficiales.
Es la cara del incumplimiento continuo de las leyes y de los convenios. De la imposibilidad de que los trabajadores puedan ejercitar los derechos que tienen recogidos en dichas leyes y convenios, como consecuencia de la eventualidad y precariedad de la contratación en el sector.
De la falta de cualificación de muchos trabajadores, porque a sus empresarios solo les importa la producción. Del uso ilegal de mano de obra extranjera a la que se explota sin reparos.
De los destajos, prolongaciones de jornada o trabajos en días de descanso o festivos, motivados por la necesidad de concluir las obras en plazos fijados, en muchos casos con criterios políticos o económicos, pero nunca técnicos.
Cuando ocurre un accidente es porque mucho antes ya se había diluido la posibilidad de haberlo evitado.
Lo más grave de todo es que, aunque parezca mentira, la mayor parte de los accidentes se producen por las mismas circunstancias que cuando se construyeron las pirámides, allá por el tiempo de los faraones: caídas en altura, atrapamientos y aplastamientos por derrumbe de zanjas. A los que actualmente debemos añadir los ocasionados por la maquinaria pesada y las electrocuciones entre otros.
Es decir, no es broma si decimos que desde entonces hasta ahora no se ha avanzado tanto pues aunque tenemos tipificado en el código penal el delito de riesgo, podemos decir sin temor a equivocarnos, y para eso están los datos, que no se lleva a la práctica y no se persigue a los que desprecian la vida de sus trabajadores.
A todo ello debemos añadir la realidad que viven miles de inmigrantes que en situación irregular se ven obligados a convertirse en los «esclavos» del siglo XXI. Existen punto muy localizados en las grandes ciudades donde estos hombres sin derechos son recogidos cada mañana por el traficante de mano de obra que los va diseminando por los diferentes tajos que tenga contratados.
Incluso en muchos casos, además de no disponer de lo más básico y no estar dado de alta en la Seguridad Social, ni siquiera llegar a cobrar el sueldo pactado.
Esta situación hace que las condiciones de seguridad en las obras bajen a límites de no existir ni siquiera en apariencia.
No existe una causa solamente para que el sector haya llegado a esta situación que desde hace muchos años FECOMA-CC.OO. venimos señalando y denunciando. Pero sin duda hay una principal y determinante: el fenómeno de la subcontratación sin control.
Este proceso, que se manifiesta con claridad a finales de los años setenta del siglo pasado y que se instala definitivamente a lo largo de la década de los ochenta y noventa ha contribuido a la desarticulación de las plantillas de las empresas constructoras, incardinada en una estrategia de diversificación y difuminación de responsabilidades y riesgos. Un simple vistazo a la estructura de las empresas constructoras, en cuanto a sus plantillas, es especialmente significativo para comprender la dificultad de aplicar normas, por muy buenas que estas pudieran ser, en un sector tan desestructurado y atomizado.
Es por ello que se hacía imprescindible la existencia de un marco legal que superara las dificultades que los marcos convencionales de referencia tenían para poder obligar, de forma efectiva, al cumplimiento de lo allí pactado.
Por ello, después de 9 años de intenso trabajo sindical, con dos huelgas generales en el sector, el pasado abril conseguíamos la Ley Reguladora de la Subcontratación en el sector de la Construcción, es decir la primera Iniciativa Legislativa Popular de carácter laboral que apoyada por 600.000 firmas recogida por FECOMA-CC.OO. se ha convertido en ley. Con ella se abre un nuevo ciclo en las relaciones laborales del sector la cual se ha hecho esperar incluso por la aprobación de su reglamento de aplicación que hasta finales de agosto no ha visto la luz.
La Ley mandató al Convenio General algunas de las materias más importantes en lo que respecta a la salud y seguridad en el sector de la construcción. Así pues, el pasado mes de julio, y tras unas negociaciones especialmente enrarecidas, sacamos adelante todo un libro de medidas de seguridad en las obras de construcción, entre las cuales se recoge un capítulo dedicado en exclusiva a clarificar los itinerarios formativos en materia de prevención para todos los trabajadores del sector incluyendo a los gerentes de empresa, ya que aquellos con mayor responsabilidad deben ser los primeros en implementar obras seguras.
Y para clarificar aún más esta formación se ha creado la Tarjeta Profesional de la Construcción, que se repartirá a los trabajadores en diferentes sedes incluyendo los locales del sindicato, donde especificará entre otras materias la formación recibida.
Igualmente, pudimos recoger otro capítulo de medidas a cumplir por las empresas en cada uno de los procesos productivos de una obra, avance importantísimo ya que hasta ahora era una Orden preconstitucional la que lo regulaba, con todo el conflicto que ello suponía.
Todas estas medidas deben ser motivo para crear un sector más racional y la vez más saludable, pero sólo expulsando a aquellos mal llamados «empresarios» que en el sector se conoce por «pistoleros», podremos empezar a vislumbrar el final de la siniestralidad laboral.
* Federación de Construcción Madera y Afines de CC.OO.