El Fondo de Reserva de la Seguridad Social (popularmente conocido como «hucha» de las pensiones) se creó en el año 2000 dando cumplimiento a una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, y su existencia se justificó por la teórica -y cuestionable- necesidad de establecer fondos especiales de estabilización y reserva destinados a atender los potenciales desfases futuros en materia de prestaciones contributivas que se podrían originar si los ingresos por cotizaciones sociales no son suficientes para cubrir el gasto en pensiones.

Hasta la fecha, los valores en los que se materializa el Fondo (nutrido por el superávit de la Seguridad Social de los últimos ejercicios) son títulos emitidos por personas jurídicas públicas (deuda pública nacional y de otros países), porque el principio de seguridad ha de ser uno de los fundamentos que debe inspirar cualquier desarrollo en materia de pensiones. En la actualidad la cuantía del Fondo supera ligeramente los 45.000 millones de euros, el 4,6% del PIB.

Pero ahora, el Gobierno y los agentes sociales (CEOE, CEPYME, CCOO y UGT) han alcanzado un acuerdo sobre la reforma del Fondo de Reserva, plasmado en un proyecto de Ley, que pretende modificar su política inversora ampliando los activos aptos para la inversión permitiendo que se oriente una parte de los recursos del Fondo hacia activos financieros privados (renta fija privada, acciones o participaciones en fondos de inversión). Y además, se deja la puerta abierta a la posibilidad de la gestión privada y externa del Fondo de Reserva pues se habilita, tanto para las funciones de asesoramiento como para las de ejecución y gestión de valores, el concurso de los servicios de expertos externos.

Y esta externalización o privatización de la gestión no se limita necesariamente a la gestión de las inversiones en activos privados sino que bien puede extenderse al conjunto del Fondo de Reserva.

El Gobierno argumenta que la «eficiencia» debe imperar y alude, en particular, a la rentabilidad de la renta variable.

Evidentemente, la inversión en renta variable puede ser la más rentable, pero también conlleva mayor riesgo porque seguridad y rentabilidad son inversamente proporcionales. Y esto significa que si nos guiamos por estos parámetros buscando mayor rentabilidad estaremos poniendo en riesgo la seguridad que precisa el sistema. Las burbujas especulativas en los mercados de valores son un fenómeno persistente y, en la economía global, periódicamente se producen procesos de pérdida de valor a gran escala del capital financiero.

La búsqueda de mayor rentabilidad, cuando hablamos del sistema público de pensiones, puede responder a una filosofía economicista y antisocial. Mayor rentabilidad, sí, pero, además de asumir mayor riesgo, entendiendo como rentabilidad solamente el rendimiento privado y no el que considera los costes y los beneficios sociales de la inversión. Lo que teóricamente podría obtenerse «flexibilizando» las inversiones del Fondo de Reserva especulando en bolsa sería mayor rentabilidad monetaria, pero nada asegura que la operación sea socialmente más rentable que la que financia la inversión del Estado dedicada a la provisión de bienes públicos.

Los recursos del Fondo que se pretenden invertir en renta variable se van a dedicar a la especulación financiera porque hoy día el mercado de renta variable ha dejado de ser, con carácter general, un espacio dirigido a la financiación de la actividad productiva. La Bolsa es un mercado especulativo y las empresas que allí cotizan actúan para lograr optimizar su precio bajo el eufemismo de «crear valor para el accionista», antes que para obtener resultados positivos desde el punto de vista productivo.

Cuando las empresas centran su actividad en el valor bursátil lo que se maximiza es el beneficio a corto plazo, rápido e inmediato, y las inversiones a largo plazo pueden convertirse en inconvenientes para los accionistas. ¡Cuantos despidos masivos, incluso en empresas con sustanciosos beneficios, han sido saludados por los mercados con aumentos de las cotizaciones! Son los «despidos bursátiles», en jerga de algunos especialistas.

Sea como fuere, acudir al mercado de renta variable y renunciar a suscribir con esos fondos deuda pública, que precisamente financia inversiones y gastos públicos, puede significar renunciar a la expansión del Estado de Bienestar y al aumento de la cobertura de bienes públicos para garantizar la satisfacción de las necesidades que no puede cubrir el mercado.

En suma, externalizar la gestión y poner en manos de gestores privados estos fondos públicos generaría, sin duda, grandes beneficios a comisionistas e intermediarios financieros y avanzaría en la privatización de la Seguridad Social. Sacar a bolsa un porcentaje del Fondo de Reserva y apostar por la gestión externa sería un precedente privatizador inaceptable que no tiene por qué asumir el conjunto de la sociedad.

Pretender aumentar la rentabilidad monetaria significa asumir un riesgo sujeto a los avatares de los mercados financieros, caracterizados por la especulación y el beneficio a corto plazo, que entra además en contradicción con otro de los objetivos de la Seguridad Social, como es la estabilidad en el tiempo.