Este es el texto íntegro de la enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008 que el grupo parlamentario de Izquierda Unida – Iniciativa per Catalunya Verds presentó ante la mesa del Congreso de los Diputados. En él se detallan las carencias de la propuesta de los PGE del gobierno y las partidas de gasto que deberían corregirse para mejorar los recursos destinados fundamentalmente a política social, educación, inmigración, infraestructuras, leyes de igualdad, pensiones, vivienda, fondos de compensación interterritorial, etc.

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 son los últimos de esta legislatura. Y esta legislatura, denominada por el Gobierno en los documentos presupuestarios como la del superávit fiscal, no ha traducido en su justa medida el giro social y ambiental comprometido por el Presidente Zapatero en su Investidura.

En materia ambiental constatamos el fracaso, pese a ser un compromiso desde el principio de la legislatura con nuestro Grupo, de avanzar en la fiscalidad ecológica, y en materia social, las medidas que se han llevado a cabo, aún siendo positivas en su mayor parte, se han destacado por su insuficiencia presupuestaria, no garantizando la convergencia social con la UE. El gasto social en estos Presupuestos, tal y como ha declarado el Ministro Solbes, crecerá a un ritmo similar al del PIB nominal y quedará muy lejos de otro compromiso del Gobierno: avanzar en un punto porcentual anual en la convergencia con la UE.

El Presupuesto tiene un problema de formas. El Gobierno nos presenta un proyecto de Ley de Presupuestos que no ha contado con ningún tipo de acuerdo o acercamiento político y, en este sentido, son unos Presupuestos que podríamos denominar de totalidad, de tal forma que no podemos aceptar un trámite presupuestario que se ha limitado al debate interno en el seno del Gobierno y con tintes electoralistas a medio camino entre el giro al centro y el maquillaje social.

El objetivo de estabilidad presupuestaria aprobado para el trienio 2008-2010, también sin negociación previa, contempla un superávit presupuestario, que se mantiene a lo largo de todo el periodo, de un 1,5% del PIB. La Administración Central mantendrá un superávit del 0,3% del PIB, la Seguridad Social del 0,6%, las Comunidades Autónomas del 0,25% y las entidades locales una situación de equilibrio presupuestario. Y el límite de gasto no financiero del Estado para 2008 aprobado supone que el gasto crecerá al compás del PIB nominal.

El apoyo a la reforma de las leyes de estabilidad presupuestaria, aceptando programar las cuentas públicas con superávit cuando la economía crece por encima de su potencial, no significa renunciar a aprovechar los márgenes de maniobra en la programación del superávit para mejorar la financiación de las políticas de gasto y acelerar la implantación de las mejoras sociales, como es el caso de la Ley de dependencia y otros desarrollos legales en materia social. También es posible que, además de engrosar el Fondo de Reserva, el superávit de la Seguridad Social se aproveche para mejorar con mayor intensidad las pensiones contributivas de menor cuantía.

Si el PIB previsto para 2008 asciende a 1.121.500 millones de euros, cada décima porcentual del PIB significa 1.121 millones de euros. Así, un superávit del 0,1% del PIB en lugar del 0,3% programado para la Administración Central, permite liberar 2.240 millones de euros para financiar políticas públicas.

Además, el límite de gasto no financiero del Estado se encuentra con otra restricción, provocada por las reformas tributarias que reducen el potencial recaudatorio. El coste de la reciente reforma en el IRPF e Impuesto de Sociedades asciende a no menos de 6.000 millones de euros anuales. Y si sumamos las nuevas medidas normativas para 2008, habrá que añadir otros 2.300 millones de euros en forma de potencial pérdida de recaudación.

Evidentemente, la sostenibilidad de las finanzas públicas es compatible con un volumen superior de gasto público si conseguimos asegurar ingresos públicos suficientes. Pero, lamentablemente, el Gobierno ha aprovechado la expansión de la economía, tal y como hicieron los gobiernos del PP, para recortar los tributos directos sin mejorar la equidad y dañando la suficiencia de los ingresos públicos.

El hecho de que el gasto no financiero del Estado crezca como lo hace el PIB nominal no tiene por qué ser una política fiscal prudente tal y como afirma el Gobierno. Porque una política fiscal prudente puede realizarse programando un superávit menor y con un crecimiento del gasto superior al crecimiento del PIB, si renunciamos a reformas tributarias que merman la recaudación y que, además, acaban por ser regresivas en su conjunto al beneficiar en mayor proporción a las rentas más elevadas y a los rendimientos del capital.

En el último tramo de esta legislatura, pretendemos corregir la orientación de este proyecto de Presupuestos, desde el convencimiento de que es posible mejorar la financiación de importantes partidas de gasto en cualquiera de las siguientes prioridades:
lElevar el Fondo de acogida e integración de Inmigrantes hasta 500 millones de euros.

– Aumentar los recursos para la atención a la dependencia hasta equipararlos a los recursos que se destinen al conocido como cheque-bebé.

– Mejorar las pensiones de menor cuantía con un incremento medio del 10%.

– Reorientar los recursos para las políticas públicas en materia de vivienda priorizando el alquiler.

– Asegurar el desarrollo de las Leyes de igualdad y contra la violencia de género con 100 millones de euros.

– Incrementar un 20% los recursos para la financiación municipal.

– Introducir una partida de 100 millones de euros para comenzar la generalización de la educación infantil de cero a tres años.

– Destinar 10 millones de euros a la lucha contra la siniestralidad laboral ampliando los recursos técnicos y humanos de la Inspección.

-Aumentar en un 10% los Fondos de Compensación Interterritorial para mejorar la corrección de los desequilibrios territoriales.

– Reorientar las inversiones en infraestructuras ferroviarias y reforzar las políticas ambientales con 500 millones de euros.

Respecto a las políticas ambientales, hay que señalar el incumplimiento de la disposición quincuagésima novena de los Presupuestos de 2007 que, textualmente, mandataba al Gobierno a incorporar a lo largo del ejercicio presupuestario de 2007, a través de las reformas normativas necesarias, elementos de Fiscalidad Verde, utilizando las figuras fiscales actuales o creando nuevas figuras.

Además, la modernización ambiental de nuestro país es una cuestión prioritaria y el Gobierno debe revisar su estrategia para el cumplimiento del Protocolo de Kyoto con desarrollos normativos ambiciosos en materia de movilidad, ahorro y eficiencia energética y energías renovables.

De igual forma, el modelo de infraestructuras debe reorientarse hacia los modos de transporte más racionales y sostenibles, y estos Presupuestos recogen un esfuerzo inversor insuficiente en la red de cercanías y el ferrocarril convencional frente a las líneas de alta velocidad.

Valoramos positivamente que en estos Presupuestos se cumpla con la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Catalunya respecto a la inversión del Estado en Infraestructuras. Pero para nuestro grupo esta era una condición imprescindible pero no suficiente. El problema que viene padeciendo Catalunya se debe a la falta de inversión, pero también a la mala orientación de la misma. En este sentido, no se garantiza que las inversiones del Estado en Catalunya vayan a su modernización social y ambiental, ni se asegura un fuerte incremento en la inversión en ferrocarril convencional. Por otro lado, el acuerdo que materializó el Gobierno del Estado con el Govern de la Generalitat, debe tener un estricto cumplimiento que deberá garantizarse en la tramitación presupuestaria, y que aún hoy no se cumple.

También velaremos por el cumplimiento de los Estatutos de Autonomía de Andalucía, Aragón y Baleares en relación a las inversiones territorializadas y la Deuda Histórica.

En suma, pensamos que un papel más activo del gasto público puede aumentar la eficiencia de nuestra economía, porque entendemos que una economía sostenible desde el punto de vista ambiental y con mayores grados de cohesión social y territorial, puede ser también una economía más eficiente y productiva. Consolidar estas políticas, sin descuidar la sostenibilidad de las finanzas públicas, ha de servir también para hacer frente a la desaceleración prevista y a las incertidumbres que planean sobre nuestra economía por las repercusiones de la crisis financiera de carácter global.

Frente a un proyecto de Presupuestos de totalidad y poco comprometido con las políticas de izquierda, presentamos una enmienda a la totalidad con voluntad de cambio. Nuestros objetivos son varios. En primer lugar, hacer una llamada de atención porque el proyecto de Presupuestos ha de ser negociado con las fuerzas políticas de la izquierda. En segundo lugar, pretendemos emplazar al cambio al Gobierno para corregir la orientación de este proyecto de Presupuestos. Por último y fundamentalmente, para exigir al Gobierno una negociación digna de tal nombre.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, con esta enmienda a la totalidad rechaza estos Presupuestos y pide la devolución al Gobierno del proyecto de Ley, para reelaborarlos desde la izquierda y el compromiso con los más débiles.