El buen momento que atraviesa la economía española no debería llevar al Gobierno del Partido Socialista al triunfalismo o a relajar la coherencia de la acción política a favor de medidas de claro carácter electoralista. El modelo de crecimiento económico y el modelo productivo donde se asienta tiene graves carencias que no deben esconderse, sino analizarse y abrirse al debate político para resolverlas desde políticas de izquierda.

El saldo comercial negativo, las dificultades del tejido industrial en actividades de contenido tecnológico medio y alto, los puestos de trabajo poco productivos, mal remunerados y muy vulnerables ante el cese y/o reducción de la actividad industrial -lo que debilita la cohesión social-, la desigualdad en la distribución salarial, las altas cotas de siniestralidad laboral a pesar de los acuerdos en esta materia, la deuda de las familias que supera su renta anual, la crisis de liquidez generada en el mercado hipotecario que pone en riesgo el crecimiento del consumo y la inversión, encierran una serie de problemas que no tienen una respuesta favorable al conjunto de los trabajadores y trabajadoras desde la política económica del Gobierno.

Desde CC.OO. hace tiempo se viene exigiendo un cambio de modelo de crecimiento, que corrija las carencias del modelo productivo y las desigualdades que genera. Cuando el ciclo económico inicia su declive, es más urgente que nunca proponer una política económica donde la industria, los servicios de valor añadido y el sector exterior, ganen protagonismo y con ellos, el empleo de calidad y una mejor distribución de la renta.

Sin embargo el Gobierno del Partido socialista, en los Presupuestos Generales ha optado por girar hacía el centro, confusa categoría política que esconde un giro para contentar a la derecha, acompañado de medidas electoralistas, lejos de cualquier coherencia.

Con estos Presupuestos, no se va a corregir la desigual distribución de la renta para los trabajadores y trabajadoras, ni se van a reducir los grandiosos excedentes empresariales, ni la remuneración de los asalariados va a incrementar su participación en el reparto de la renta.

El Gobierno vuelve a apostar porque la generación de la riqueza se sitúe fuera de las etapas donde participan los asalariados y porque los puestos de trabajo que se creen sean poco cualificados y de baja remuneración.

Sin embargo las circunstancias habidas en los últimos años están cambiando, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, la incertidumbre en el panorama económico ensombrece el futuro a medio plazo.

La crisis financiera, la situación real de las entidades financieras y el riesgo que deben asumir en un posible aumento de la morosidad, la continua depreciación de la moneda norteamericana en relación al euro, la escalada del precio del petróleo, pueden conllevar una ralentización del crecimiento económico.

El desarrollo de la economía española en los últimos años se ha apoyado en la construcción y en los servicios de bajo valor añadido y se ha beneficiado de elementos excepcionales difícilmente repetibles.

En esta situación de incertidumbre, el Gobierno no ha tenido en cuenta, políticas que puedan subsanar las carencias del desarrollo económico español. Aprobando unos Presupuestos demasiado reducidos para afrontar el cambio del modelo de crecimiento económico y productivo.

Los Presupuestos son demasiado reducidos, al disponer la Administración General del Estado tan sólo, el 15% del gasto público total, un margen muy pequeño, al que hay que añadir la falta de competencias reales para incidir en cuestiones tan importantes como la enseñanza, elemento clave para cambiar el modelo productivo. A esto hay que añadir la falta de coordinación con los gobiernos autonómicos.

Contienen una pérdida de progresividad del sistema tributario español, consecuencia del efecto negativo que genera el uso cada vez mayor de las deducciones como sustituto de las políticas de gasto y la elevación de los impuestos sobre el consumo.

El Gobierno, dado el carácter electoralista de los Presupuestos, realiza un discrecional manejo de las prestaciones sociales, donde se echa en falta un modelo claro pactado con los sindicatos.

Se olvida la falta de integración de un número muy elevado de inmigrantes, que teniendo en cuenta la desaceleración del crecimiento económico, no disponen de una red de protección social, ni han generado los suficientes derechos de acceso a las prestaciones por desempleo.

Los Presupuestos Generales del Estado, dada la falta de coordinación con el gasto social de las Comunidades Autónomas, caminan en contra de la eficiencia en la prestación a los ciudadanos de los bienes y servicios públicos, olvidando que la descentralización política y administrativa debe ser compatible con la eficiencia de los intereses generales.

Los Presupuestos Generales del Estado, aprobados por el Gobierno, deberían haber propuesto medidas que sirvieran para corregir las deficiencias de la economía española y abordar en las mejores condiciones un posible cambio del ciclo económico.

Esto hubiera exigido unos Presupuestos Generales que sirvieran para aumentar el gasto público, dentro de un modelo de estado más claro y coordinado con los distintos Gobiernos autonómicos.

En este sentido, posiblemente hubiéramos estado ante unos Presupuestos Generales que beneficiaran al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Los Presupuestos Generales aprobados por el Gobierno socialista, no pueden contar con el respaldo de la izquierda.

* Sª de Política Industrial de la Federación Minerometalúrgica de CC.OO